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No sabemos qué le dirá mañana el todavía President Puigdemont al Parlament aunque jura y perjura que le pedirá que asuma las consecuencias automáticas de la ley catalana del referéndum -declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y por tanto nula o no en vigor- dados los resultados de un referéndum ilegal -también según el Tribunal Constitucional- que no contó con las garantías democráticas mínimamente exigibles -según admitió la propia Generalitat el mismo día de su celebración. Si lo hace, es posible que el Parlament vote a favor de su recomendación y a continuación el Consell Executiu que Puigdemont preside, se suicide decretando la independencia. Pero también es posible que el Parlament vote en contra. Es de suponer que algunos diputados de Convergencia prefieran mantenerse dentro de la legalidad y evitar así la inmediata suspensión de la autonomía catalana y su intervención por parte del gobierno central. Es de suponer también que Esquerra anteponga su expectativa electoral de aglutinar prácticamente en solitario al electorado independentista. Pero para ganar las elecciones necesita evitar la suspensión de la autonomía. Y a Jonqueras no le vale lo de ganar las elecciones cuando vuelva a restablecerse la autonomía porque para entonces ya habrá sido inhabilitado por su complicidad con la secesión. Lo que no admite duda es que no habrá independencia: votarán en contra o será impedida por el Estado.

Me decía un buen amigo catalán ayer domingo que lo único que planteaba Cataluña era seguir operando dentro de la Unión Europea pero en un marco jurídico diferente al actual. ¿Qué hay de mal en ello? Aunque la Constitución lo impida en la práctica -porque es impensable que una mayoría del pueblo español votara a favor del derecho de autodeterminación en un referéndum nacional- debería ser aceptable plantear la opción a votación popular en vista de que alrededor de la mitad de la población de Cataluña así lo desea. Discrepé. En todo caso, sería aceptable plantear tal demanda políticamente y perseguir su satisfacción dentro del marco jurídico actual, tratando de ganar apoyos fuera de Cataluña. Romper las reglas del juego a mitad del partido no es de recibo. Ni democrático porque sin respeto a la ley democráticamente adoptada, no hay democracia. Por muy bonito que pueda sonar eso de respetar la voluntad de la mayoría del electorado catalán de poder expresarse en las urnas.

Otro buen amigo, también jurista y residente en Cataluña pero nacido en Andalucía, intervino proponiendo un referéndum consultivo a escala nacional -artículo 92 de la Constitución- que planteara tres alternativas: a) que se permita la celebración de referéndos autonómicos de auto determinación (al estilo de Escocia o de Quebec), b) que se transforme el Estado de las Autonomías en un Estado Federal transfiriendo el máximo de competencias posibles permitido por la Constitución y en función de los deseos de cada Estado federado, y c) mantener el statu quo actual. También me opuse. Le contesté que la primera opción no es de recibo. El derecho de autodeterminación no existe en el Derecho internacional salvo para situaciones de desolonización y, excepcionalmente, una represión brutal (tipo Kosovo o Timor). Y no existe porque la autodeterminación implica derramamiento de sangre. Mucha. Los Estados Nación existentes se crearon sobre la base de mil batallas. Algunos se crearon, otros no. Tras la segunda guerra mundial se llegó al consenso de que ya no era aceptable tratar de crear naciones étnicamente homogéneas a partir de intercambios de población, como si se intentó tras la primera. La autodeterminación no está prohibida, pero desde luego no reconocida como derecho. Por ello solo se acepta, sin entusiasmo, para aquellos casos en los que todas las partes están de acuerdo, como en Checoslovaquia, ejemplo que si se planteara hoy de nuevo, muy posiblemente no saldría adelante.

El amigo catalán me planteó entonces si yo no estaba de acuerdo con que el concepto Estado Nación es caduco. Completamente de acuerdo, contesté. Razón por la cual me parece remar contra el viento de la Historia tratando de crear otros nuevos. Subsumir los actuales en estructuras más amplias como la Unión Europea y descentralizar la acción de gobierno al máximo dentro de sus unidades estatales, de acuerdo. Crear nuevas unidades estatales atomizando el continente y complicando todavía más el gobierno de la Unión, no solo no lo quiero yo sino que se opone Europa entera. De ahí el apoyo sin fisuras de la Unión Europea y sus Estados Miembros al Gobierno de España frente al desafío secesionista catalán.

La petición de limitar al mínimo la violencia y la llamada al diálogo para resolver el conflicto político, no menoscaba en absoluto dicho apoyo. Por supuesto, en Europa escandalizan las imágenes de policías pegando a ciudadanos pacíficos. Ello no quiere decir que haya que dejarles impedir la acción de la Justicia, sino que la policía debe ejercer su monopolico de la fuerza en proporción a la amenaza: si no hay agresión procede disolver paciéntemente, deteniendo uno a uno a los resistentes pacíficos.

La Unión Europea también reclama diálogo para resolver un conflicto eminéntemente político. Si Puigdemont y el Parlament declaran la independencia unilateralmente perderán toda legitimidad y la suspensión de la autonomía catalana será percibida como la única vía posible para restablecer la legalidad constitucional.

Diálogo reclamamos también la mayoría de la ciudadanía española, catalanes incluidos. Pero ¿qué diálogo? Diálogo, negociación y voluntad de compromiso sobre todo lo que cabe en la Constitución. Y la independencia no cabe, salvo que se reforme previamente, lo que ya hemos visto es altamente improbable durante el futuro previsible. En suma, dentro de la Constitución, todo. Fuera, nada.

Ahí es donde falla el PP, que lleva años rechazando cualquier posibilidad de tratar de lograr un mejor acomodo de la pulsión nacionalista catalana acordando un mayor grado de autogobierno. Posición lógica teniendo en cuenta su protagonismo para cercenar el mayor autogobierno trabajado laboriosamente por el Gobierno de Zapatero con Convergencia y Esquerra. No es de extrañar que el porcentaje de independentistas haya aumentado tan drásticamente en los últimos años durante los cuales el PP ha venido diciéndoles que dentro de la Constitución, tampoco cabe nada más.

En las últimas semanas han sido muchos los que achacan la crisis actual a la excesiva generosidad en la transferencia de competencias hacia el autogobierno nacionalista durante los lustros anteriores. Es muy posible que hubiera sido muy deseable no tanto una menor transferencia de competencias como un control mucho más intenso y eficaz sobre el ejercicio de las mismas. Me explico. Para evitar que la educación en Cataluña sea parcialmente sectaria no hace falta que la competencia esté centralizada, sino que su transferencia vaya acompañada de criterios objetivos limitadores, que pueden ser consensuados con todas las Comunidades Autónomas colectivamente.

Es evidente que para que España entera, Cataluña incluida, pueda mantener un grado razonable de estabilidad política y social, será necesario sentarse a negociar con las autoridades democráticas catalanas un nuevo marco competencial. Será difícil porque los representantes democráticos catalanes actuales rechazan todo lo que no incluya al menos el derecho a votar sobre la independencia, es decir, la posibilidad de ejercer la autodeterminación. Y también porque el PP no tiene tendencia al compromiso: cuando tiene fuerzas suficientes, rechaza el diálogo, y cuando no las tiene, realiza concesiones. Pero no parece creer en la posibilidad de alcanzar fórmulas negociadas que permitan que todas las partes ganen.

Y será todavía más difícil si Puigdemont consigue que la Cataluña a la que ha conducido al borde del abismo con la inestimable ayuda de Jonqueras, la CUP y esos otros grupúsculos irresponsables como Omnium cultural y la ANC, dé el salto al vacío. En tal caso, que cada palo aguante su vela. La detención de líderes políticos democráticamente elegidos por su acción de gobierno será un paso atrás considerable para la democracia española. Pero será inevitable y contará con el apoyo de Europa en vista de la locura irresponsable de los detenidos. Cuánto tiempo pasará hasta que pueda restablecerse el orden autonómico ordinario nadie lo sabe. Ni tampoco cuánta violencia habrá de ejercer el Estado frente a la resistencia de los sediciosos. Ojalá que no sea necesaria y que en caso de serla, no conlleve pérdida de vidas. Lo que está meridianamente claro es que no habrá independencia con independencia, valga la redundancia, de lo que hagan finalmente Puigdemont y el Parlament el martes. Teniendo en cuenta lo cual, ojalá le ahorren a Cataluña y al resto de España el epílogo esteril de la grave crisis a la que nos han llevado con su falta de seny. Recuperem el seny, clamaron ayer centenares de miles de voces en Barcelona. No estoy seguro de que Puigdemont lo haya tenido nunca y, si lo tuvo, dudo mucho de que pueda recuperarlo, ni siquiera con el mucho tiempo libre que tendrá durante los largos años que pasará en la cárcel si vuelve a equivocarse mañana.