Arthur Mulligan

Es uno de los efectos indeseados más comunes en las personas que beben con asiduidad y pese a ser conocidos, muchos no renuncian al placer de beber sin moderación. Se asocia, como toda temeridad, a la ignorancia pero es más bien una imprudencia temeraria que -si ofrece un grave resultado para los demás- puede resultar punible.

Es también el caso de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. En febrero de 2021 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió que «la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena'». Aviso sobre el que volvió a incidir la diputada del Partido Popular Marta González Vázquez: «Una vez más tenemos que recordad que realmente, en la práctica lo que va a suponer es una rebaja en las penas de los delitos más graves, algo que no creemos que estuviese en la voluntad de quienes han redactado este texto, pero que al final será una consecuencia sobrevenida de su falta de previsión y de su falta de aptitud».

Sin embargo, el Ministerio de Igualdad no es el único responsable del error de esta ley, ya que trabajó conjuntamente con el Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Juan Carlos Campo; fue aprobado por el Consejo de Ministros (entre los que se encuentran varios juristas); obtuvo el visto bueno por unanimidad del Consejo Fiscal y finalmente se aprobó en el Congreso de los Diputados por 250 votos a favor, 141 en contra (PP y Vox) y tres abstenciones de la CUP.

Un estropicio tan estúpidamente consentido (se ocultaron además otros informes previos señalando el grave riesgo de disminución de penas a los agresores sexuales y su posible excarcelación) no ha impedido a Irene Montero asegurar que «el machismo puede hacer que haya jueces que interpreten erróneamente la ley». En respuesta a lo cual, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha exigido la inmediata dimisión de la ministra Montero, después de que la titular de Igualdad haya acusado a los jueces de «machistas» por aplicar la ley y rebajar las condenas a los agresores sexuales. Consideran la declaración de la ministra como «ofensiva» y censuran que estén creando un prejuicio generalizado en el Poder Judicial.

Ahora queda la resaca, por supuesto no deseada y cuyo ritmo de tambores irrefrenable no deja dormir a Pedro ¿quién podría dormir con la jarca morada en la habitación de al lado con todo el ruido y desorden que lleva al pasar? Ahora, ya en horas bajas, Pedro Sánchez fuerza a Igualdad a negociar cambios e, incluso, a aceptar la posibilidad de subir las penas mínimas. La modificación no frenará las revisiones, pero si impedirá rebajas en nuevas condenas.

No terminan aquí las tribulaciones del bueno de Sánchez con sus ministros (Félix, Félix, recuérdame que te corte la cabeza un día de estos) porque a la que se da la vuelta aparece Yolanda Díez queriendo jibarizar, inspeccionar, sablear y recortar las ganancias de toda empresa con resultados acordes con una buena gestión, indisponiendo al gobierno contra grandes superficies de la industria alimentaria, textil, energéticas y bancos, queriendo topar sus precios, imponiendo tasas a su facturación, congelando hipotecas, etc., cuando ya se les ha avisado de la posible ilegalidad de ciertas normas por las disposiciones que rigen la UE (beneficios caídos del cielo, también llamados de toda la vida extraordinarios) pero ni caso (Félix, espero que sigamos a cubierto ¿o no?).

O en plena ebullición de expectativas electorales no le dejan dormir los desplantes del incómodo holgazán del Rey de Marruecos y el recuerdo del pan como unas hostias que fabricó con sus solas manos dando una patada al tablero y quebrando el delicado equilibrio en uno de los frentes principales de la diplomacia española, alineándose con Rabat, perdiendo miles de MM con Argelia, ganando el reproche del Parlamento Español por desatender sus compromisos en el Sahara sin mediar explicación para humillarse finalmente votando con la extrema derecha la negativa a censurar la violación de los derechos humanos en Marruecos.

Hay analistas que indican una cierta resistencia, un attentisme antes de profundizar en la consolidación de esa nueva relación con España debido a la incertidumbre de las próximas elecciones generales y un posible desalojo de Sánchez de la Moncloa (recuérdese que la dirección de la política exterior es privativa del Presidente del Gobierno) y que la enemistad de Argelia es con este Gobierno, no con el Estado.

Javier Zarzalejos escribía ayer una tribuna “La Justicia contra la desinformación”, en la que decía que el Gobierno había socavado la acción judicial al favorecer la impunidad de los condenados por el procés y destacaba que la Justicia española queda reivindicada con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sin sombra de duda en su actuación para lograr la entrega de los profugos de la intentona secesionista en Cataluña, lo que zanja la estrategia de Puigdemont de denigrarla sistemáticamente.

«El aparente buenismo desjudicializador recibió una sonora advertencia por parte del anterior presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, quien lo calificó como «la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política. Queda claro que si los procesados prófugos del procés no han sido entregados a España se debe a una interpretación de la euroorden por parte de los tribunales belgas que ha sido revocada en todos sus argumentos por la Justicia europea. Y esto vale también para las decisiones de los tribunales alemanes negando la entrega de Puigdemont cuando se le reclamaba por rebelión. Es oportuno recordar que ya entonces los tribunales de Schleswig-Holstein accedieron a la entrega por malversación, aunque entraron a juzgar, indebidamente, sobre el fondo de la acusación de rebelión en vez de limitarse a comprobar que los hechos por los que se reclamaba al ex presidente de la Generalidad también serian constitutivos de delito de haberse cometido en Alemania cualquiera que fuera el tipo que correspondería aplicar según la ley penal alemana.

Resuelta la obstrucción judicial de Bélgica, y a falta de un próximo fallo sobre la inmunidad de los juzgados, el camino de la justicia debe quedar despejado para que respondan de sus actos. El gobierno, hasta que no sea sustituido democráticamente, seguirá aferrado al mantra de la desjudicialización pero el coste para quien regala impunidad a los secesionistas se ha elevado, precisamente, cuando la justicia española, a pesar del gobierno, se eleva también sobre el oportunismo de sus detractores.»

Feliz Ovejero añadía por su parte en una columna un acertado comentario sobre los países de nuestro entorno y sus variantes tramposas “como sucedió con la justificación de la eliminación del delito de sedición amparándose en la cochambrosa artimaña de su dispar denominación en los distintos países.” “La conquista de los derechos comenzó cuando un revolucionario se olvidó de los reaccionarios países de su entorno. De otro modo, no existiría el sufragio universal, la homosexualidad seguiría penalizada, las criaturas llenarían las fábricas y las jornadas de trabajo se extenderían al fin de semana”. Y citando a Arteta, catalogaba la anterior expresión perteneciente a los tontos tópicos del tipo ‘ todo es relativo; mi cuerpo es mío; todos queremos la paz; solo cumplo con mi deber; la vida es el valor supremo; todos somos culpables; respeto sus ideas pero no las comparto y otras baratijas similares.’

Muchos de los argumentarios repetidos por los cuarenta y tantos ministros de Sánchez, el Comité Ejecutivo, el Federal, y sus versos sueltos adolecen de la misma inconsistencia del Presidente: el tiempo los deshace o resisten y al descomponerse, flotan.

Sigo leyendo en otro lugar una cita traducida de la Journal of Economic Behavior and Organization, «cuatro académicos europeos se preguntan por la relación entre populismo y desigualdad. Tras estudiar datos de 22 países latinoamericanos y caribeños desde los años 70, concluyen que los gobiernos populistas no han logrado allí ninguna clase de redistribución: sus propósitos igualadores son mera retórica. Si algún foráneo estudiase bien el caso español –donde beneficiamos a mayores y a regiones ricas mientras castigamos a jóvenes y a regiones pobres– se llevaría las manos a la cabeza. Que siga la fiesta.»

Con la previsible resaca final.