Barañain

La decisión del gobierno en funciones de Patxi López de abonar la paga extraordinaria (“la de navidad”) a sus casi 70.000 funcionarios y empleados públicos después de que un Real Decreto del gobierno central de medidas de contención del gasto público estableciera su supresión, y la reacción de los de Rajoy – y del PNV -,  monopoliza   estos días el debate político en Euskadi y seguirá amenizándonos en los venideros, mientras se agotan los plazos para la toma de posesión del nuevo gobierno, el del peneuvista Urkullu, cuyo desembarco coincidirá con la llegada del invierno.

La medida no afecta a los empleados públicos vascos dependientes de la administración local – ayuntamientos y diputaciones-, ni a los de la universidad, carentes del margen de maniobra legal que sí tiene que el gobierno autónomo para con sus funcionarios. Cuando el pasado julio el gobierno de Rajoy anunció que  quitaba a los empleados públicos el 7% de su retribución anual (pues la llamada paga extra no es sino una las catorce pagas en las que se divide la retribución total de los empleados  públicos)  el gobierno socialista vasco consideró que no sólo era una medida injusta -por lo que suponía de  nueva vuelta de tuerca a un colectivo ya castigado previamente con el recorte y congelación salariales y otras medidas de ajuste-,  sino que suponía una invasión de la capacidad legislativa y de gestión de la autonomía vasca por parte de la administración central, ante lo cual  planteó el correspondiente conflicto de competencias.

 Para el gobierno vasco la suspensión de la paga extra  dictada por el Gobierno central, además de ser «injusta en el fondo y en la forma» tiene un «dudoso impacto en el déficit porque lo que se ahorra por un lado se pierde por otro» ya que «menos retribuciones supone menor recaudación bien por IRPF o IVA».  A corto plazo, la cuestión que nos tenía sobre ascuas era si en tanto se aclara el fondo legal (competencial) del asunto, debía aplicarse el real decreto de marras o cabía otra posibilidad. La inquietud no era sólo de los trabajadores afectados: el debate ha implicado  muy especialmente al comercio, alarmado por el efecto sobre el consumo – en la campaña navideña-, del hachazo de golpe a las retribuciones de 70.000 ciudadanos en esta pequeña comunidad que asiste, como todas, al cierre continuo de establecimientos comerciales. 

Una complicación adicional es que el pago de la nómina de diciembre a los empleados del gobierno vasco, sea completa o mutilada, coincidirá con la entrada del nuevo gobierno en esta comunidad.  Tras las elecciones autonómicas -anticipadas-, especular sobre si el resultado afectaría o no al cobro de la paga extra de los trabajadores públicos vascos se convirtió en un tópico de las conversaciones callejeras. Se hacían apuestas sobre si el gobierno -ya en funciones-, mantendría el tipo y  abonaba la paga de diciembre íntegra según lo establecido en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2012 o si dejaría esa decisión en manos de Urkullu. Ese era de hecho uno de los asuntos cruciales en el traspaso de funciones entre salientes y entrantes. Proceso que ha descarrilado entre mutuas acusaciones de peneuvistas a socialistas y viceversa (como un presagio de que la relación entre ambos partidos, o entre sus dirigentes, seguirá siendo tan desastrosa como lo ha sido en los últimos años).

 La incertidumbre se ha mantenido durante semanas. El gobierno en funciones quería contar con el criterio de los entrantes al respecto pero no ha sido posible. El PNV ha insistido en que la decisión correspondía al gobierno saliente; aunque, por otro lado, no han dejado de criticarla, por el contraste que suponía con los mensajes que Urkullu va lanzando día a día, una vez ganadas las elecciones, preparando el terreno para los  ajustes que pretende aplicar a los servicios públicos.

En julio escribía en este Debate Callejero (“Tomando posiciones – II”) que frente al recorte del gobierno central de las retribuciones y condiciones de trabajo de los empleados públicos parecía asumirse con resignación que su carácter de norma básica dejaba sin margen de actuación o resistencia al gobierno autónomo. No ha sido así.  El argumento, jurídicamente impecable, al que se agarrado el gobierno socialista en funciones es que el pago íntegro de la nómina es simple aplicación de los presupuestos de la comunidad para 2012 que lógicamente tienen rango de Ley y que para aplicar otra ley -el Real Decreto del tijeretazo de  Rajoy- era preciso modificar la ley vasca; así hubo que hacerlo, aquí y en todas partes, en 2010. Pero -¡oh, sorpresa!-, resulta que para cuando Rajoy sacó su tijeretazo el Parlamento Vasco había sido ya disuelto por la convocatoria anticipada de elecciones y eso hace imposible que pueda reunirse para modificar la Ley de Presupuestos de 2012. Así que en base a ello y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional el gobierno vasco en funciones ha acabado de deshojar la margarita.

La decisión -y su fundamento jurídico, que propios y extraños, compartieran o rechazaran el desafío vasco al gobierno central,  han reconocido como brillante-, ha puesto de los nervios a algunos miembros  del gobierno central, como el señor Antonio Beteta,  y a su representante en el País Vasco (un personaje menor del PP vasco de la etapa anterior a Basagoiti al que como premio de consolación le nombraron delegado del gobierno) que no han parado de amenazar con el código penal a las  autoridades y  funcionarios que, haciendo su trabajo, contribuyan a que se haga efectivo el pago de las nóminas. “¡Prevaricadores!”, gritan desmelenados. El gobierno vasco en funciones replica que lo prevaricador por su parte sería  aplicar ese Real Decreto incumpliendo la ley propia de presupuestos vascos para 2012, esa que no se puede tocar ya en ausencia de actividad parlamentaria (y para cuando se reinicie esta, ya estaremos en el siguiente ejercicio presupuestario).

El PNV está también alterado, porque lo que hubieran querido es que el saliente Patxi López se plegara al deseo de Rajoy. Ni aparecer ellos como interesados en el recorte  ni hacerlo como resistentes a los designios de Rajoy.  Así, además, los ulteriores recortes que ya tiene pensado acometer el nuevo gobierno nacionalista se venderían como algo obvio, la mera sucesión de  actuaciones iniciadas previamente,  obligadas por “las circunstancias” y que todos, sus antecesores socialistas incluidos, tenían que aplicar por exigencias del guión de esta película de terror sobre  la crisis, el déficit y los ajustes. 

¿Quién les iba decir a los nacionalistas vascos, que durante décadas no han dejado de jactarse de que ante una ley del Estado que consideraran injusta lo suyo era proclamar lo de “se acata pero no se cumple”, a la hora de la verdad iban a limitarse a ser testigos incómodos de como la defensa autonómica -y en un asunto crucial-, la afrontaban en solitario los socialistas y eso después de perder unas elecciones?  La vida te da a veces esas sorpresas.

Sobre la argucia jurídica esgrimida por el gobierno vasco en funciones nada pueden decir los peneuvistas ni los populares vascos. Al fin y al cabo, si esta situación se da es porque tanto el PNV como el PP insistieron en  la necesidad  de que Patxi López  disolviera el parlamento y convocar a elecciones anticipadas; recuérdese que si el PSE decía que lo que los ciudadanos querían era que se afrontara la crisis y que  disolver anticipadamente el parlamento vasco sin necesidad alguna no era la prioridad, su oposición (PNV y PP) replicaban que era insostenible que López siguiera gobernando en esta situación tan difícil con tan sólo 25 diputados detrás, una vez que Basagoiti le retiró su apoyo. (Lo que son las cosas, Urkullu ha decidido que va a gobernar  con el apoyo de  27 diputados, los del PNV, o sea, sólo 2 más de los que tenía  Patxi López).

La incomodidad evidente en la que se encuentran -esta no es forma de saludar su vuelta al gobierno vasco, una vez desalojados los okupas que se atrevieron a enviarlos a la oposición-, ha hecho que Egibar haya creído conveniente  dejarse de rodeos -¡de perdidos, al río!-, y  enfrentar a los “privilegiados” empleados públicos con los otros trabajadores que sufren en forma de desempleo las consecuencias de la crisis. Es posible que muchos nacionalistas compren esa mercancía averiada. La  portavoz del gobierno vasco señaló que “actualmente está de moda pensar que los empleados públicos son los culpables de la crisis, es un truco hábil que se utiliza en algunas administraciones para recortar servicios públicos pero hay que recordar que los servicios públicos fundamentalmente son las personas». Tras la última reducción de salarios, los empleados públicos -en Euskadi, como en el resto del país-, ya hicieron un ejercicio de solidaridad por las actuales dificultades económicas.  

Y en estas estábamos cuando el gobierno de Rajoy, confirmando lo que muchos sospechábamos,  anuncia el recorte de las pensiones. Por supuesto, por sentido de la responsabilidad, con dolor,  con mucho dolor, como nos ha contado ese portento de ministra que es Fátima Báñez. Meses atrás, ya  comentamos en este espacio de debate, cuando Rajoy empezó a insistir en que no se iba a tomar ninguna decisión contra las pensiones, que esa supuesta  “línea roja” tenía los días contados. Sólo han esperado a que pasaran las elecciones catalanas, ¡no se fueran a  estropear las vistas de Alicia Sánchez Camacho a las residencias de mayores  alertándoles  del peligro que se cernía sobre sus pensiones!

Rajoy se ha quedado ya sin promesas que incumplir. El contraste entre su último anuncio  contra los pensionistas y la peripecia sobre la defensa de los derechos de los empleados públicos vascos  demuestra -sea cual sea el desenlace final de esta última-, que así como hay gobiernos que se atienen a su mandato electoral y lo hacen hasta el último minuto de su actuación, hay otros que se empeñan en hacer exactamente lo contrario de aquello que prometieron a sus electores y hacerlo  desde el primer minuto de su trayectoria.