Arthur Mulligan

En una entrevista que hoy amarillea con intensidad, nuestro actual Presidente aseguraba hasta siete veces que jamás pactaría con Bildu; hoy, la alianza con Bildu es un alianza duradera y estable, pasando con todos los derechos a ser un socio más de referencia del gobierno, no sin antes sacrificar por el camino a Lastra quien con cara de circunstancias, negociaba con los herederos de ETA como ahora hace Patxi López, próximo candidato a la hoguera.

El precio (siempre lo hay) es la retirada de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra, uno de cuyos miembros fue la primera víctima mortal de la banda, desmintiendo de paso las numerosas declaraciones en sentido contrario de la ambiciosa líder del PSN Chivite.

Aizpurúa ha sido un personaje especialmente abyecto por sus señalamientos de objetivos a ETA, especialmente a colegas de profesión como Javier Ybarra y José Luis López de la Calle que pagaron con su vida la defensa de la libertad de opinión que ahora disfruta la diputada abertzale.

Se equivocan mucho los socialistas si consideran que estas asociaciones amnésicas no han influido en el voto de los andaluces.

En fin, todo un éxito para los abertzales y el sabor amargo de una injusticia con quienes defendieron la libertad de todos.

De modo que del nunca jamás se pasó a su apoyo para la reforma del mercado laboral y el traslado de presos a cárceles del País Vasco con la finalidad de administrar su libertad hasta formar parte de su proyecto de país con los otros socios indispensables, ERC y tutti quanti, retorciendo las leyes hasta la exasperación desde una mitología ajena a la cultura moderna del PSOE, menos socialista que socialdemócrata; más moderada por huir de la radicalidad como de la peste. En definitiva, más racional.

Sorprende en esta legislatura que se apele a la voluntad emanada de las urnas para justificar lo antedicho y la supresión del delito de secesión por vía urgente, algo que no solamente no convence a porcentajes importantes de entre sus votantes, sino que ni tan siquiera despierta simpatía en sus propias filas, barones incluidos.

No, no es verdad que sus políticas se compadezcan con la voluntad de las urnas, por ejemplo, cuando para calmar al PNV en su temor a perder la hegemonía cultural y política en el País Vasco, se entrega un Cupo y el porcentaje correspondiente a gastos impropios de la Seguridad Social que lo financiarán el resto de los españoles; es decir, una trasferencia de las CC.AA. más modestas a las más ricas.

Mucho mayor es el rechazo a modificar el delito de malversación, que afecta tanto a Griñán como a los condenados por sedición y las multas aparejadas con el cínico pretexto de que no se lo quedaron en sus bolsillos, que es algo así como ennoblecer el atraco a los bancos para entregar el botín a Manos Unidas, por ejemplo.

Es inexplicable la petición de firmas para dilatar el ingreso en prisión de Griñán y sobre todo la endeblez y ñoñería de las razones aportadas y no extraña en absoluto la respuesta de los tribunales para que no demore su entrada en los próximos días.

Pero con todo y con eso, la desfachatez de los cálculos de Sánchez, su gobierno y la inconsistencia de un Parlamento indolente, han encontrado su mármol y su día: la ley estelar del “solo sí es sí”, una ley que mejoraba en principio la seguridad jurídica de las mujeres ante las agresiones machistas pero cuyo ensamblaje ha sido muy deficiente, por no recoger las reiteradas advertencias de juristas competentes sobre la aprobación de una ley con la actual redacción y sus efectos indeseables, algo que no tiene una reversibilidad que no pase por su corrección y, sin ésta, el problema seguirá enquistado dependiendo de la gravedad y gradación de la pena.

Desde luego no es la mejor experiencia para promover leyes como el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que ya ha iniciado su recorrido legislativo con su aprobación en el Consejo de Ministros. El texto incluye la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad. Con este cambio, España se convertiría en el decimosexto país del mundo que permite la autodeterminación de género, después de Dinamarca, Portugal, Noruega, Malta o Argentina, entre otros.

Ahora bien, desde la parte socialista el gobierno quiere introducir retoques que abocan a un nuevo atasco parlamentario. Como dice el prestigioso analista Zarzalejos «para Sánchez el propio ordenamiento jurídico resulta ser un lastre salvo que se transforme en material maleable que pueda moldearse a su antojo. Esta es una línea de continuidad del Gobierno de Sánchez a lo largo de toda su trayectoria. El maltrato sistemático de la razón jurídica (que da lugar a chapuzas legislativas como la que estos días nos ocupa), la usurpación de las funciones del Parlamento en la elaboración de las leyes, el desprecio a la jerarquía normativa que permitió durante la pandemia alterar en la práctica preceptos constitucionales mediante simples órdenes ministeriales, la utilización veleidosa de piezas tan delicadas como el Código Penal para dar satisfacción a sus aliados políticos; y, como telón de fondo, el intento permanente de controlar el poder judicial o, en su defecto, desactivarlo operativamente, como ha hecho con su órgano de gobierno.

Desde que unció su proyecto político a un conjunto de fuerzas destituyentes, Sánchez asumió que la amenaza más temible para el consorcio neopopulista que encabeza no está al otro lado del hemiciclo, sino al otro lado de la calle: concretamente, en el edificio de Las Salesas donde se aloja el Tribunal Supremo y, para los asuntos más conflictivos, en la sede del Tribunal Constitucional. Su forma de proceder respecto a los órganos de la Justicia me trae siempre a la cabeza la escena memorable de 2001, una odisea en el espacio en que el personaje de David Bowman desconecta pieza por pieza el Hal 9000, que había escapado de su control.

Al lado de esta mutación regresiva del partido más institucional de la democracia, hasta las patochadas legislativas de Irene Montero parecen cosa de menor cuantía.»

De los numerosos intervinientes en el debate público sobre la Ley trans, destaca la voz autorizada de la filósofa Amelia Valcárcel: «la normalización, el apoyo y los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+ pueden ser defendidos sin dimitir de la realidad ni comulgar con ideologías irresponsables. [* la ley trans se fundamenta en la ideación extravagante de que el sexo se determina a voluntad. En el siglo XXI, creencias místicas relativas al ‘ser’ pretenden sustituir datos verificables por autopercepciones subjetivas: si yo afirmo que soy mujer, soy mujer. Ya existía el Terraplanismo, ahora aparece el sexoplanismo.]»

Pero a Sánchez todo esto le importa relativamente; le importa en la medida que enrarezca la coalición, exacerbe las tensiones y ponga en peligro los frágiles equilibrios entre el espacio Yolanda, Podemos y los restos de mareas, en Común y otros que, en su fragmentación, impidan recoger las necesarias, imprescindibles, muletas para Frankenstein.

Con el parón legislativo que se avecina y los atascos acumulados el Parlamento no parece ser su problema, ni el problema de la oposición: para el insulto hay mucho tiempo y termina aburriendo a propios y extraños.

Será el tiempo para la economía y entregarse a hibernar con las dificultades que señala la UE y si es posible entregar los deberes comprometidos.

Un parlamento congelado mientras sus señorías pasean con renos en viajes de lujo y lejos del ruido.

Ya han puesto las luces y en Nueva York envidian a Vigo.

Que corran el gas y el champán.