Barañain

En estos tiempos de incertidumbre, ante los dilemas y retos sociales que afrontamos, es fundamental que sepamos plantearnos bien las cuestiones en juego,  pues es más importante  hacerse la pregunta correcta, aunque nos cueste acertar con la respuesta, que  responder correctamente a una pregunta equivocada. Y, en relación con la sanidad pública, la pregunta no es si la sanidad es sostenible -tampoco nos preguntamos si el comer o la educación son  sostenibles-, sino cómo hacemos sostenible la sanidad que necesitamos, la sanidad que queremos, esa que es parte de nuestro modelo de sociedad. Ese y no otro es el reto que debiéramos asumir.

En el ámbito de la sanidad madrileña y con el trasfondo de las movilizaciones (“marea blanca”) se va a librar una importante batalla judicial en torno a las adjudicaciones a empresas privadas de la gestión de varios centros hospitalarios. Con el mantra de la supuesta mayor eficacia de la gestión privada –algo que en el sector sanitario al menos  está por demostrar-, el PP se ha embarcado en la adjudicación de la gestión de cinco hospitales a grupos privados (fondos de inversión mayormente). Privatización que se quiere extender a los centros de salud.  Partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales,  etc. se han posicionado en contra de los planes del PP, que no ha sido capaz de encontrar un solo aliado en un asunto de esta trascendencia.

A la clamorosa falta de conocimiento del sector en alguno de los postulantes, se une  la poca claridad en los pliegos de los concursos: en una de los últimos recursos interpuestos se impugna el concurso porque «el precio del contrato es indeterminado» ya que «no se sabe cuánto van a cobrar» las empresas adjudicatarias. Pero lo más insólito es que, finalizado el plazo para concursar, resulta que ninguna de las empresas licitadoras opta a más de uno de los hospitales y no coinciden en ningún caso en su pugna por un centro concreto, lo que sugiere un reparto previo de la “tarta” entre ellas, poco edificante.

José Manuel Freire, que fue consejero socialista de sanidad en Euskadi y ejerce como portavoz de sanidad de los socialistas madrileños, llamaba la atención, con razón, sobre la «extraordinariamente baja probabilidad de que sea el mero azar el que lleve a que tres empresas sanitarias, que solo pueden optar a un máximo de dos lotes-hospitales cada una de un total de cinco, terminen cubriendo con sus opciones los cinco lotes sin que exista coincidencia alguna entre ellas en optar a un mismo lote”. Y es que la probabilidad de que tal cosa ocurra por azar es inferior al 0,02% y, por tanto, «la probabilidad de que esta situación haya sido organizada es superior al 98,2%, una probabilidad con la que los juzgados atribuyen paternidades cuando existe esta coincidencia de ADNs; en este caso la paternidad de este reparto les correspondería al presidente de la Comunidad de Madrid y a su consejero de Sanidad».

Con la mayor naturalidad del mundo, los nuevos inversores sanitarios exhiben su entusiasmo ante las oportunidades de negocio que se les abren, a medida que se agudizan las dificultades financieras del sistema sanitario público, fruto de la racanería presupuestaria con la que se le deja a los pies de los caballos. Para vender este auténtico asalto a un patrimonio que es de todos, los medios repiten una y otra vez que no hay otra solución dada la penuria económica. En un publireportaje sobre la financiación mixta (la colaboración entre el sector privado y la administración pública), publicado en la última edición de “El País dominical”, un articulista dejaba caer que “el sistema público, según las últimas estimaciones oficiales, cuesta casi el 7% del producto interior bruto, alrededor de 70.000 millones de euros cada año”. Lo cual, por supuesto, no nos dice nada si no se contextualiza y se compara, por ejemplo, con los costes en otros países de nuestro entrono. Pero la finalidad está clara: no se trata de informar con rigor, sino de impresionar con ese “cuesta casi el 7%…”.

Lo cierto es que una de las características de nuestro sistema de salud, sobre la que hay un consenso absoluto, es su eficiencia: lo barato que es en comparación con los demás, ya se trate de sistemas de provisión pública, como todos los de  la  UE, o privados, como el de EEUU. En realidad, la suya ha sido, básicamente, una historia de éxito. Está muy extendida en nuestro país la idea de que el sistema sanitario dependiente de la Seguridad Social fue un invento de Franco. No fue así exactamente. Fue iniciativa de Largo Caballero –mediante una Orden de 8 de mayo de 1932-, la constitución de una comisión del Instituto Nacional de Previsión (el INP había sido creado en 1908) para estudiar la creación de un seguro obligatorio de enfermedad. Esa comisión terminó sus trabajos en 1935, en pleno “bienio negro” y, luego, el Frente Popular no tuvo tiempo de retomar el asunto. Tras la guerra civil, el nuevo régimen fue recuperando a trozos aquel trabajo, de inspiración socialista.

El franquismo le dio una impronta burocrática peculiar a un sistema que, desde un origen vinculado a la Seguridad Social -el modelo “bismarckiano”- fue avanzando, ya en democracia,  hacia un modelo en la línea de los sistemas nacionales de salud, que configuran la asistencia sanitaria como un derecho de ciudadanía, sufragado con los impuestos, más que como una prestación garantizada por  las cuotas de la seguridad social. En los pactos de La Moncloa se sentó una premisa importante -al generalizar la financiación de la sanidad por impuestos-, en base  a la cual el primer gobierno socialista, con Ernest Lluch en el ministerio de sanidad, estableció la  Ley General de Sanidad sin la cual no se entendería el extraordinario desarrollo de nuestro sistema sanitario.

Este sistema se desarrolló – pese a algunos errores y vicios que arrastraba desde su diseño original-,  consiguiendo resultados brillantes en términos de indicadores de salud, de satisfacción de los usuarios y de costes. Y lo hizo afrontando también crisis económicas. En medio de la niebla informativa con la que quieren colarnos la privatización, hay algunas evidencias, intuitivas si se quiere, que no deberíamos dejar que se olvidaran. Una tiene que ver con la trayectoria pasada de un  sistema de salud que alcanzó sus cotas más altas –las que lo  hacen envidiable en muchos otros ámbitos-, en un país que disfrutaba de un grado de riqueza (sea cual fuere el indicador que se use) incomparablemente menor al que disfrutamos en este siglo XXI. La España actual está en muchas mejores condiciones –pese a la crisis actual-, de sostener su sistema de salud que antaño.

La otra evidencia es bien actual: si hay dificultades financieras para sostener el sistema actual ¿cómo cuadrarán las cuentas si se introduce el factor del necesario beneficio para los fondos de inversión que entran a gestionarlo? ¿No será inevitable el recorte de sus servicios? ¿O es que los piratas vienen a perder dinero?

El sistema sanitario no es sólo un mecanismo de provisión de servicios para la protección de la salud de los ciudadanos. Tal y como está configurado, gestionado y financiado, es también un factor clave de cohesión. Es una de las  más  importantes – si no la que más-, de nuestras “construcciones sociales”. Es mucho lo que nos jugamos en estos que algunos, benévolamente, llaman experimentos.  En la estela de la filosofía de Esperanza Aguirre, el PP madrileño no sólo ha planteado mal la cuestión  de la sostenibilidad sino que está propiciando una respuesta desastrosa. Si no reaccionamos ahora, en un futuro costará mucho deshacer esta maraña que están liando.