Juanjo Cáceres

Hay debates que son auténticos caballos de Troya y que una vez han atravesado los muros de la ciudad, no sabes muy bien lo que puede salir de ahí dentro. Unas veces son griegos. Otras, discusiones bizantinas sobre la producción de carne en España y su calidad. En el primer caso, es posible que el resultado sea la caída de la ciudad. En el segundo, la banalización del debate y su instrumentalización para otras batallas, lo que en mi opinión hace mucho más difícil, por un lado, situar sus puntos clave, y por el otro, abordar con cordura aquellos retos que tenemos como sociedad.

La última víctima del caballo ha sido, en efecto, la carne, un tema sobre el que vendría bien no banalizar, ya que su relevancia económica es muy importante. En 2010 España producía algo más de 5.500 millones toneladas de carne, pero una década después, en 2020, había superado los 7.600 millones. En tanto que actividad industrial, la industria cárnica agrupa a casi 3.000 empresas, que generan una cifra de negocio de 28.000 millones de euros. Eso supone el 22,2% de todo el sector alimentario español y el 4,2% de toda la industria española. En 2020 dicho sector batió todos los récords en exportaciones, sumando 3,07 millones de toneladas de carnes y despojos y 200.000 toneladas de productos elaborados, unas cifras que hacen de España una de los mayores exportadores de carne del mundo o uno de los tres principales países exportadores de carne de cerdo – junto a Estados Unidos y Alemania.

A la vista está la polémica que se ha producido. No es necesario dar muchas vueltas a las múltiples reacciones políticas que el asunto ha suscitado. Es rigurosamente cierto que el ministro de consumo declaró en uno de los principales medios de prensa europeo que en España hay un “tipo” de granja (la “macrogranja”) que contamina el medio ambiente, maltrata a los animales y exporta carne de mala calidad. También lo es que se ha producido un fuerte ensañamiento político sobre dichas declaraciones, que sus palabras se han magnificado y distorsionado, que se le han atribuido cosas que no dijo y que las voces de la derecha han incurrido en no pocas contradicciones argumentales. Sin duda nada de todo esto favorece a eso que popularmente se denomina “marca España”, en concreto a la imagen que España pretende trasladar hacia fuera de productora y exportadora de alimentos de calidad, saludables y base de un rico patrimonio gastronómico. Ni tampoco nos favorece a nosotros el estrepitoso debate generado hacia dentro, en el que si bien la cuestión de las macrogranjas se somete a examen y entra en la agenda mediática, su tratamiento es demasiado sesgado y la evolución de la discusión por las redes queda enmarañada en una buena cantidad de medias verdades y puras falacias.

Muchas personas pueden pensar que eso es lo de menos. Que la preocupación legítima que suscitan esos grandes complejos ganaderos formados mediante fuertes inyecciones de capital, por lo general procedentes de fondos de inversión, a causa de sus externalidades ambientales y la competencia que ejercen sobre explotaciones de tamaño menor, hace bueno el debate y la forma que este cobra. O que la lucha del bien contra el mal es así. Pero a mí no me lo parece. Ningún tema complejo puede encararse satisfactoriamente mediante eslóganes fáciles y análisis tendenciosos, porque eso hace mucho más difícil adoptar soluciones coherentes.

Y dicho esto, ya podríamos ir acabando, porque ya se ha escrito sobre el tema hasta el infinito y más allá. ¿Es a estas alturas todavía necesario subrayar la necesidad de separar el debate de las macrogranjas del de la ganadería intensiva? Es obvio que el volumen de producción de ganado que hace de España un líder mundial en exportaciones de carne es fruto de un modelo de producción fuertemente industrializado e intensivo, pero las granjas de gran tamaño representan una parte pequeña de las explotaciones ganaderas y su proliferación está siendo controlada desde el BOE. Pongamos un ejemplo. Se está preparando un Real Decreto que previsiblemente impondrá un límite máximo por explotación de ganado vacuno de 850 vacas adultas (y si no son adultas, cada ejemplar contará con una cifra comprendida entre 0 y 1). El borrador busca impedir que se creen más granjas de gran tamaño, puesto que se han llegado a poner proyectos sobre la mesa que incluían hasta 20.000 reses (caso de Noviercas). ¿Pero cuántas granjas, por ejemplo, de producción láctea de vaca superan el límite de 800 ejemplares adultos actualmente en España? Pues solo una decena de las más de 10.000 explotaciones de esta categoría registradas en todo el país.

Si este es el límite que van a tener las granjas, no está nada claro que las vigorosas exportaciones españolas de vacuno vayan a depender, en el futuro, precisamente, de grandes complejos, sino de granjas más pequeñas. Pero sí, son granjas de producción intensiva. Por poner sobre la mesa otro dato: en Galicia, más del 80% de la producción gallega de leche y carne procede de granjas intensivas y hoy en día ninguna supera el límite de 850 vacas adultas. Son instalaciones cerradas, con estabulación y engorde rápido, pero no son macro y evidentemente muchas de ellas son explotaciones familiares.

La cosa cambia cuando pasamos al sector porcino. No obstante, remarquemos una cosa que también se ha mencionado mucho pero quizás ha pasado desapercibida. ¿Cuál es el país europeo que pone topes máximos a las explotaciones porcinas? Pues España, concretamente están topadas con 3.500 cerdas de cría y 7.200 cerdos de engorde. Tampoco hay en España más que una decena de granjas con más de 5.000 cerdas de cría, aunque sí numerosas grandes explotaciones con más de 2.000 cerdas de cría o más de 5.000 de engorde, concretamente 2.200.

Precisamente esto explica que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, haya sido muy crítico con Alberto Garzón. ¿Por qué razón? Porque Aragón era en 2021 la primera comunidad autónoma productora de carne de cerdo de España. Su base productiva la forman aproximadamente 4.000 explotaciones, de las cuales el 58% están situadas en poblaciones de menos de mil habitantes, lo que en un territorio enorme donde la España vaciada se expresa con toda su crudeza, no es una cuestión menor. Y sí, en esas explotaciones intensivas con miles de cerdos y cerdas estabulados, que no solo existen en Aragón, es donde pueden darse condiciones para que se produzcan problemas ambientales, de bienestar animal, etc., como los que se denuncian en algunas poblaciones de diferentes comunidades autónomas. Pero lo cierto es que esto no ocurre sin que se haga nada. Desde las instituciones central y autonómicas se trabaja en su regulación y en el control de dichos problemas, como debe ser, y cuando la patronal del sector remarca que en los últimos años han tenido que modernizar sus instalaciones, está reflejando justamente ese esfuerzo regulatorio que ha ido teniendo lugar.

Dicho lo cual, hay que subrayar que ese mundo apocalíptico de maltrato animal que a veces se describe en la producción ganadera nos lleva a menudo a sufrir un doble espejismo. Por un lado, por la voluntad de generalizar casos de flagrante incumplimiento de una de las legislaciones mundiales más estrictas, como es la que existe en nuestro país. Por el otro, porque nos confunde sobre lo que realmente implica tener estructurado un sistema productivo para proveer de carne a miles de millones de personas. Porque esa última es la razón de fondo que mejor explica que en España se conviva con 50 millones de cerdos. También el que un cerdo estándar sea amamantado durante tres semanas y sacrificados tras ganar un centenar de kilos y vivir poco más de seis meses en una granja. O quizás ocho o nueve si es un cerdo producción ecológica. O quizás más de un año si es un cerdo con denominación de cerdo ibérico. Las medidas de bienestar animal atenúan una parte de la crueldad del ciclo de vida de los mamíferos que nos comemos, pero no la hacen desaparecer. Y eso nos deja además un interesante debate ético sobre la mesa al que podemos reaccionar optando por el vegetarianismo o que podemos ignorar desde la realidad insoslayable de que como tantas otras especies sobrevivimos comiendo animales. Al fin y al cabo, uno puede ser perfectamente un ciudadano que come cerdos sietemesinos, que dispensa costosos tratamientos veterinarios a sus perros y gatos para estirar su ciclo de vida hasta bastante más allá de quince años, que se opone a que las personas llegadas su país deban tener derecho a atención sanitaria y que además le parece todo esto muy coherente.

Y bien, aunque la ganadería extensiva tenga ventajas evidentes, no es la solución al dilema, ni a todos los problemas. Como tampoco la ganadería extensiva es la alternativa a la recomendación nutricional perfectamente fundamentada de que hemos de reducir el consumo de carne. Ni tampoco es evidente que en todos y cada uno de los indicadores ambientales la extensiva genere menos impacto que la intensiva, porque, por ejemplo, su huella hídrica es mayor.

Por todo esto, algunos pueden creer que la victoria en esta polémica consiste en que la gane Garzón o que la gane Casado, lo cual en un ambiente político en que la polarización se contiene cada vez menos y la sobreactuación se disfruta cada vez más, debe parecer perfectamente lógico. Pero para mí la victoria sería que hubiésemos sido capaces de ordenar el debate y comprender mejor nuestros sistemas alimentarios. Y mi sensación, en este caso, es que nos hemos quedado lejos de conseguirlo.