Vagos, maleantes y elecciones municipales

Albert Sales

Las personas sin techo, las que piden caridad en la puerta de los supermercados, los habitantes de asentamientos de infraviviendas y chabolas y otras realidades relacionadas con la pobreza urbana no fueron un tema relevante en la campaña de las elecciones generales. Tampoco son temas atractivos para las elecciones autonómicas ni para las europeas. En el mejor de los casos, la preocupación por las marginalidad urbana, por las caras más crudas de la pobreza, ocupa la agenda local.

De “los pobres” más visibles en las calles de la ciudad sólo se habla como si se tratara de una alteración en el espacio público. Un problema circunscrito a un lugar que puede ser solucionado si desplegando la política pública adecuada. El sinhogarismo y otras expresiones de pobreza se debaten en los plenos municipales de Barcelona o de Madrid y en las campañas electorales com problemas de gestión. Y, ciertamente, los municipios tienen atribuidas competencias en servicios sociales y pueden (y deben) atender a las personas sin techo procedan de dónde procedan y estén o no empadronadas en el pueblo o ciudad donde tratan de sobrevivir.

Pero pretender que un ayuntamiento, por grande que sea, puede acabar con la pobreza es como aspirar a frenar el cambio climático a base de ordenanzas municipales. Coincidiendo con la recuperación de los indicadores macroeconómicos, los estados miembro de la Unión Europea han visto crecer de forma alarmante la pobreza urbana extrema. En Alemania se ha registrado un incremento del 150% en el número de personas sin hogar y del 33% en el número de personas durmiendo en la calle en sólo 3 años. En Irlanda, entre 2014 y 2017 se registró un incremento del 145% en el número de personas sin hogar atendidas en centros residenciales y albergues. En el Reino Unido, el número de personas durmiendo en la calle ha aumentado un 170% entre 2010 y 2017. En España, aún careciendo de datos sobre personas durmiendo en la vía pública, entre 2014 y 2016 aumento en un 20% la gente atendida en centros residenciales para personas sin hogar. Barcelona, la ciudad que dispone de series de datos más completas, el número de personas durmiendo en la calle ha pasado de las 658 contabilizadas en un recuento nocturno realizado en 2008 a las 956 del recuento de 2018. En paralelo, el número de personas atendidas en centros residenciales y de acogida han crecido de las 1.129 personas de 2008 a las más de 2.000 de 2018.

Frente a la gravedad de la situación, los servicios sociales de las grandes urbes europeas han crecido progresivamente, generando cada vez más plazas de alojamiento y multitud de metodologías de intervención social. Algunas de estas metodologías estan demostrando su eficacia para “sacar a la gente de la calle” en muchas ciudades, pero en ningún caso para evitar que nuevas personas recalen en la vía pública después de largas trayectorias de exclusión social. Porque atender más y mejor puede ser un imperativo moral pero no es la solución.

Los vecinos y vecinas que ven crecer la pobreza frente a sus ojos exigen soluciones inmediatas a través de las redes sociales, los medios de comunicación, y a través de su voto. Ya sea por compasión o por considerar a las personas que sobreviven en la vía pública culpables de sus propios problemas, la sensibilidad por la marginalidad urbana crece y las presiones se depositan en las administraciones municipales. Sin embargo, para frenar el auge de la exclusión residencial hacen falta políticas muy alejadas del ámbito de actuación de los ayuntamientos. Más albergues, centros residenciales o incluso viviendas para las personas sin techo no van a acabar con el problema sin políticas de protección social que garanticen unos ingresos mínimos a las personas con trayectorias laborales fragmentadas e inestables, sin parques de vivienda para usos sociales amplios, sin una regulación de los precios de los alquileres y las soluciones residenciales que permiten a la gente reconstruir su vida (como el alquiler de habitaciones)… Medidas que requieren la implicación de niveles de gobierno que viven ajenos a la realidad de las calles de las ciudades.

Mientras sigamos poniendo el foco en los servicios sociales (municipales) y la ayuda de emergencia, las administraciones supramunicipales no se van a sentir interpeladas y no se reducirá el flujo de personas que acaban en la calle. La mejor forma de invisibilizar las causas de la pobreza es referirse a ella como un problema de “gestión”. Cuando los candidatos a las elecciones municipales prometen soluciones al sinhogarismo sin exigir políticas de alcance estatal o europeo están lanzando brindis al sol y la impotencia que se deriva de no encontrar soluciones puede llevarnos a escenarios que sólo perjudican a las personas más vulnerables. De prometer soluciones para las personas sin techo a prometer sacar a vagos y maleantes de las calles va sólo un giro retórico y los casos de ciudades alemanas como Hamburgo o de païses como Hungría no son nada halagüeños.

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