Arthur Mulligan

De este modo se designa el contratiempo, disgusto o daño que una persona (física o jurídica) recibe en sus intereses, en general si se refiere a litigios de los que forma parte. Pero en la UE no existen varapalos, algo racial, que no puede confundirse con esencia metafísica alguna sobre el ser de España, sino la interpretación que incorpora de forma más o menos fiel, las normas europeas al Derecho nacional – alemán en el caso Puigdemont – y de cuya rigidez metodológica derivan consecuencias no deseadas desde una perspectiva unificadora del espacio Schengen.

No es por tanto un defecto administrativo por descuido en las lecturas que atañen al derecho comparado, ni una loca selección entre delitos comparables pero en el fondo disímiles; ni mucho menos en la censura de la aplicación de un corpus legal unificado y compartido que el reclamante se empecina en desbaratar con pasión justiciera; no, Alemania y otros países europeos, en lugar de dictar una ley específica para incorporar las Directivas comunitarias – en nuestro caso Decisión Marco relativa a la orden de detención europea – reforma su Código Civil para obtener no lo principal, la deseable ausencia de impunidad de los delincuentes por cambiar de territorio, sino mantener un ordenamiento dotado de una coherencia sistemática.

« Al hacerlo así – señala Jesús Alfaro -, y a pesar de que, como se ha explicado repetidas veces, el modelo de la extradición y el modelo de la Decisión marco no tienen nada que ver el uno con el otro (el primero está basado en el principio de desconfianza – para garantizar la tutela de los derechos individuales – y el segundo está basado en el principio de la confianza mutua – para garantizar la mejor protección de los bienes jurídicos tutelados penalmente por los países de la Unión), los jueces alemanes no pueden salirse del “marco” de la extradición. No pueden dejar de “pensar” las solicitudes de entrega de otro juez europeo como si fueran solicitudes de extradición, en lugar de pensar en ellas como si fuesen solicitudes que les dirigen otros jueces de su propio país. El legislador alemán, pues, ha encerrado en el marco de la extradición a los jueces alemanes al regular la orden europea de entrega mediante una simple modificación de las normas sobre la extradición. »

Para no cansarles, la apasionante argumentación se fundamenta en una concepción más abierta, cosmopolita y desnacionalizada, « con el fin de no imponer hasta el extremo las propias concepciones a otro ordenamiento jurídico »; y también, complementario a lo anterior, cuando el TEDH emplea el llamado margen de apreciación nacional bajo el supuesto razonable de que los jueces nacionales están mejor situados que el propio tribunal para considerar determinadas valoraciones y apreciaciones.

Con todas las cuestiones prejudiciales, advertencias y limitaciones que pueden concurrir en cada caso, el objetivo común debería orientarse hacia la realización de la mejor justicia en el mejor estado unitario posible que es aquel que se rige por la confianza mutua fruto de una intensa y fructífera cooperación.

Pues bien, en lugar de dar soporte a uno de nuestros poderes en su justa persecución de un delincuente, una parte significativa de los medios españoles y el bloque político de interesados por diferentes motivos en que no se acepte la euroorden contra Puigdemont, han considerado sin ningún esfuerzo de argumentación jurídica que precisamente esa euroorden era una chapuza, una reivindicación paleta que ponía de manifiesto la pervivencia de reflejos autoritarios aún inscritos en nuestro edificio legal, algo así como restos fósiles que se pueden encontrar en el interior de las rocas metamórficas.

Pocos han sido los esfuerzos para perseguir siquiera un punto de vista de persuasión racional, desde el « Vietnam Judicial » del escurridizo Enric Juliana hasta la maniobra iniciada desde las instituciones catalanas para desprestigiar a un cuerpo de 5.500 jueces que ejercen en España para garantizar nuestro Estado de Derecho con profesionalidad e independencia, pasando por las palabras del Consejero de Acción Exterior catalán, Ernest Maragall, quien aseguró en una entrevista que Batet se comprometió en el seno de la comisión bilateral Estado-Generalitat a dar instrucciones a la Fiscalía sobre el procés, aunque luego la rectificó.

Si añadimos a esto la torpeza de nuestra clase política, desde la brutalidad del compromiso de Sánchez para traer a Puigdemont a España (como si fuese el Fiscal General de los Estado Unidos de Europa) hasta la histeria de Casado comparando la independencia judicial de España con Polonia y Hungría, además de solicitar que se presione a los tribunales europeos disimulando el conocimiento por él y sus asesores de la existencia del Tribunal de Justicia de la UE que constituye la autoridad judicial de la Unión Europea y, junto con los tribunales de justicia de los Estados miembros, garantizan la aplicación uniforme del derecho comunitario europeo.

Por lo demás hay que reconocer lo que los propios tribunales europeos reconocen, que las euro órdenes estaban activas, la detención fue legal – lo ha dejado escrito la corte de Sassari – y la inmunidad de Puigdemont estaba “intacta” en el momento de su detención.

Pero es que construir algo como la UE es un work in progress y sus resultados parciales son exitosos cuando no prometedores ¿qué sentido tiene presionar a los jueces europeos en vez de canalizar las diferencias políticas a través de sus respectivos grupos en Bruselas?

Más que presiones a los jueces hay que llevarles argumentos, pues al fin y al cabo ese es el núcleo de toda actividad jurídica: argumentar jurídicamente.

Dejemos pues a los tres poderes trabajar en los dominios que les son propios, esperando sabiduría, prudencia, responsabilidad, respeto y mucha cooperación, tanta como necesita este bello proyecto que constituye la Unión Europea, mientras el sectario Puigdemont gesticula perdido por calles belgas atiborrado de frites belges y temeroso de su inminente detención.