Alberto Penadés

 

Desde diciembre de 2004 tenemos una Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que el TC ha avalado hace ahora un mes. La ley me parece excelente en casi todos los sentidos, aunque, como a los más de cien jueces que presentaron recursos al TC, me choca que se haga una discriminación de género en su aspecto penal (y también que haya tribunales especiales para la represión de este delito, por decirlo todo). En todo caso, quiero referirme a algo más general, al posible oscurecimiento ideológico del fenómeno y a si esto no puede limitar nuestra capacidad de afrontarlo.

 

La mayoría de los sociólogos defienden el uso del término “género” como un neologísmo para referirse al sexo como categoría social. Una definición escogida al azar: “una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia sexual en desigualdad social”. Quien no tenga claro lo que es una construcción simbólica, o cuál es el sujeto que asigna, pues mala suerte. A mí nunca me ha gustado mucho (rivaliza con otros usos) y a menudo se emplea como jerga más que como tecnicismo, pero digamos que vale como término para dejar abierta la cuestión de la variación social y cultural en las diferencias entre los sexos.

 

No entiendo que aquello a lo que la ley se refiere deba considerarse violencia de género, ni por intensión ni por extensión.  La ley se refiere desde su primer artículo a lo que normalmente llamamos maltrato conyugal (extendido ese concepto a las parejas no casadas y a las exparejas), restringido al caso más común, en el que el hombre es el agresor y la mujer la víctima. Es un caso particular de la violencia doméstica, que también afecta a niños y a ancianos, e incluye otras formas de maltrato conyugal, entre personas del mismo sexo o de la mujer hacia el hombre. Por otra parte, la violencia sexista no se agota en estas situaciones (agresiones sexuales, acoso en el trabajo…).

 

El Observatorio Estatal sobre la Violencia de Género, creado por la ley de 2004,  se refiere a ello como “un crimen ideológico que busca mantener los valores y las ideas que el agresor establece como referencia y patrón dentro de la familia o relación” (p. 83 de su informe).  El mismo Observatorio echa en falta que la ley no se ocupe de otras formas de violencia no conyugales contra la mujer, entre ellas “la violencia estructural” (p. 9). Eso sí que es ideología. El paso que dan algunos fanáticos desde, por ejemplo, la siniestralidad laboral a la violencia estructural del capitalismo, es mayor y más peligroso, de acuerdo, pero leer esto en un documento público me deja perplejo.

 

Me parece claro que la violencia que algunos hombres ejercen contra sus  parejas no es la violencia de un género contra otro, ni siquiera la violencia  de esos hombres contra el sexo femenino como categoría.  Es contra su pareja, si la pareja es otro hombre es a ese hombre a quien desean agredir, y no agrederían a otra mujer en lugar de la suya. Un asesino de mujeres es el estrangulador de Boston, como hay asesinos de inmigrantes y asesinos de policías. Escogen a sus víctimas, pero estas son sustituibles. En cierto modo, buscan dejar claro que cualquiera merece la muerte para ellos. Tal vez los violadores actúen de ese modo, pero no los maltratadores. Por muchos rasgos psicopáticos que podamos atribuir a quienes asesinan a sus parejas, no solemos presumir que sean asesinos de mujeres, ni tampoco que busquen un efecto en la categoría social de las mujeres. Buscan asesinar algo que creen suyo, es personal. Y si no es contra un género, tampoco es la violencia de un género. La inmensa mayoría de los hombres ni agrede ni agredería jamás a su pareja. Si encontramos legítimo autocensurarnos para no criminalizar a ciertos grupos cuando algunos cometen delitos que socialmente se pueden encontrar como “típicos”, no entiendo que en el caso de la violencia de hombres contra sus parejas haya que hacer justo el proceso contrario y subrayar que no nos referimos al crimen de fulano o mengano, sino al típico de una categoría social.

 

¿Es un crimen ideológico? ¿Nos ayuda esto a entenderlo? No lo creo. Pienso que podríamos considerar así al que busca intimidar o reprimir a las mujeres en la medida en la que intentan desafiar normas o leyes que las discriminan, tanto más cuanto los agresores sean un actor colectivo o actúen con el consentimiento de un número amplio de hombres. Pero España no es Pakistán, dicho con respeto a los pakistaníes que repudien la violencia de género en su país.

 

Es evidente que la deslegitimación total del maltrato es esencial, y la ley incluye valiosas medidas para ello, pero ni el Observatorio ni nadie, hasta donde he visto, aduce datos sobre la difusión de las creencias y valores en cuyo nombre se supone que se maltrata, ni sobre el papel que esos valores juegan.

 

Según datos de la macroencuesta sobre violencia de género que maneja el Instituto de la Mujer, una fracción de mujeres sufren de sus parejas serios males como la falta de valoración de su trabajo (4,7%, la queja más frecuente),  o son dejadas en mal lugar frente a sus hijos (2,4%), o falta de valoración o ironía sobre sus creencias políticas o religiosas (1,6%). El Instituto (y el Observatorio) considera a estas mujeres “técnicamente” maltratadas. No voy a entrar en ello, pero quiero destacar, en sentido contrario, que en la casi totalidad de los casos los hombres no son así. Todos esos porcentajes, por supuesto, deberían quedar por debajo del 1% en una sociedad mejor, pero no parecen indicio de difusión de una ideología sexista potencialmente brutal.

 

Entender el maltrato conyugal como guiado por cierta ideología de género no sé si nos va a ayudar a comprender el hecho de que el 20% de los asesinos de sus parejas se suiciden, que otro 10% lo intente y que casi otro 20% se entregue después del crimen. Tampoco sé si nos va a ayudar a entender la fuerte asociación del maltrato con el consumo de alcohol y otras drogas. O su posible vínculo con la manera en que se acuerdan los divorcios (reparto de bienes y custodia de los hijos; pensemos en el reciente caso de quien estuvo a punto de ser la protegida por la presidenta del TC).  O el hecho inexplicado de que el riesgo relativo de las parejas no casadas sea unas cuatro veces mayor que en los matrimonios. O el hecho demasiado fácilmente explicado de que el riesgo de muerte de una extranjera sea unas seis veces mayor que el de una española. (¿Habría que castigar con más severidad a los extranjeros que a los españoles?). O por qué, aunque el riesgo de una mujer de morir a manos de su pareja es mucho mayor que el de un hombre (20 veces según algunos datos, pero sólo cuatro veces según otros)  los hombres también son víctimas: En una muestra de 143 sentencias en Tribunales del Jurado (2001-2005), el Consejo General del Poder Judicial encontraba que sólo en el 5,5% de los casos la víctima mortal era un hombre, lo que parecía avalar la definición discriminatoria del delito de género.  Pero esos son sólo casos sentenciados (y por jurado). El propio Instituto de la Mujer ofrece, en su última memoria, sin comentarlos, los datos de denuncias del Ministerio del Interior para 2006: hubo 155 denuncias por homicidio o asesinato de mujeres a manos de sus parejas, por 39 de hombres, algo menos de cuatro a uno.

 

Gracias a la ley las mujeres están mejor protegidas, tienen más fácil denunciar las agresiones y reciben más apoyo cuando lo hacen. Y la sociedad está más alerta. Pero la referencia a la violencia de género me parece una desafortunada concesión a quienes, como traspira del informe del Observatorio, consideran que es misión del gobierno juzgar las conciencias y extraer conclusiones sobre la peligrosidad de las ideas, prejuzgando en parte los hechos. Mientras tanto, la tasa de agresiones graves sigue estable (de hecho se incrementa, posiblemente con la población extranjera).