David Rodríguez
El lunes 28 de marzo entró en vigor la nueva estrategia contra el covid aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, consistente en lo que se ha venido a llamar proceso de “gripalización” de la enfermedad, con una serie de medidas que, como viene siendo habitual durante la gestión de la pandemia, han desatado las críticas de buena parte de la comunidad médica y científica.
Una de las decisiones más controvertidas ha sido la de dejar de publicar los datos diarios de incidencias, así como no tener en cuenta los tests salvo en personas de grupos de riesgo. Tal como denuncia el economista y exministro Miguel Sebastián, se trata de una medida autoritaria, teniendo presente que en democracia los datos no son de los gobiernos, sino de los ciudadanos[1]. La serie de datos queda interrumpida y el derecho a la información cercenado como no ha ocurrido en ningún otro país de nuestro entorno.
Por otro lado, se ha decidido que los enfermos leves (sin definir lo que ello quiere decir) o asintomáticos no deben aislarse y pueden acudir a su centro de trabajo o hacer vida normal. Esta propuesta es disparatada, ya que está totalmente contrastado que estas personas pueden contagiar el virus. Detrás de esta medida se hallan los intereses empresariales que desean una reducción de las bajas laborales por el virus, aunque sea a costa de la salud del conjunto de la población.
Finalmente, se ha acordado que se emitirán recomendaciones pensando en las personas vulnerables, pero dichos consejos brillan por su ausencia. El Ministerio de Sanidad deja a su suerte a colectivos como las personas mayores o aquellos que padecen enfermedades crónicas, que podrán incluso trabajar junto a positivos sin tan siquiera saberlo. En este sentido, su desprotección es casi absoluta e impropia de una sociedad civilizada.
Hace pocos días, la revista Nature denunciaba en una editorial la falta de evidencia científica que respaldara la decisión española, y advertía en tono muy duro de que esta estrategia puede tener “consecuencias desastrosas”[2].
Por si todo esto fuera poco, el miércoles 6 de abril se aprobó el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores, incluyendo escuelas. Esto se hizo el día después de que los técnicos de la ponencia de alertas desaconsejaran la medida en un documento que no se ha hecho público y que ha tenido que ser requerido por vía judicial. Además, acabamos de saber que diversas Comunidades Autónomas han manifestado su oposición a la descabellada medida.
La ministra de Sanidad Carolina Darías, en un alarde de incompetencia, ha recomendado que los estudiantes no lleven mascarillas “en ningún caso”. Olvida de manera imprudente que en las escuelas hay alumnado y profesorado vulnerable, miembros de la comunidad educativa con familiares mayores de edad o personas afectadas por la lacra del covid persistente. La absoluta falta de empatía de la ministra hacia las personas más débiles es inadmisible, aunque tras votar esta propuesta con Vox ya no debería extrañarnos demasiado.
El listado de expertos de diversos ámbitos que se oponen a todas estas medidas es interminable[3]. La ciencia vuelve a caer en el mayor de los olvidos en aras de intereses políticos y económicos cortoplacistas. El gobierno dimite de sus funciones e individualiza la toma de decisiones, como si la salud pública no fuera un bien de interés general y cayera en el ámbito de lo privado.
Después de Semana Santa, con las personas positivas sin confinar, con la salida masiva de millones de personas de vacaciones y con la amenaza de nuevas variantes, si el sentido común no lo remedia va a recomendarse el final de las mascarillas en interiores. El apagón de los datos tratará de ocultar los efectos de semejante disparate, pero mucho me temo que la desinformación no será suficiente para ocultar el enésimo fracaso de una desescalada precipitada. Y es que por más que algunos se empeñen en ello, con el virus no se va a acabar nunca por decreto.
[1] Balance de marzo: covid cero, covid infinito (elespanol.com)
[2] ‘Nature’ critica la reducción de test y datos de la covid: «Puede tener consecuencias desastrosas» – NIUS (niusdiario.es)
[3] Recopilación de tuits contra la gripalización y por las mascarillas en interiores (gripalizacionletal.blogspot.com)
Estando en general de acuerdo con el articulista lo cierto es que los vacunados con tres pautas que porten FFP2 o FFP3 están bastante protegidos: levantar la obligatoriedad de portar mascarillas no implica que haya que dejar de llevarlas, y llevándolas el riesgo de contagio es mínimo.