Ignacio Sánchez-Cuenca

Una de las críticas recurrentes a la ley de la memoria histórica (la ley en realidad no menciona en su título la memoria histórica, sino la reparación a las víctimas de la guerra civil y del franquismo) es que rompe el consenso y enfrenta a los españoles, creando divisiones donde antes no las había. En boca de los críticos del Gobierno de ZP, esta ley no es sino un ejemplo más dentro de una lista de iniciativas que arroja por la borda consensos de larga tradición gracias a los cuales los españoles han convivido en paz y han prosperado desde la muerte de Franco.

¿Qué hay de cierto en esa crítica? Comencemos examinando el argumento de que una ley así divide a la sociedad. ¿Hasta qué punto es así? Es verdad que la tramitación de una ley de esta naturaleza, con el debate público que le acompaña, fuerza a mucha gente a tomar partido, unos a favor y otros en contra. Reaviva viejas heridas y suspicacias. En la medida en que la cuestión de la justicia con las víctimas de la violencia política en la guerra civil y el franquismo nunca ha tenido demasiado protagonismo en la esfera pública, es verdad que ahora se discute con mayor apasionamiento sobre este asunto (no hay más que ver la guerra de esquelas en los periódicos). ¿Es eso necesariamente malo? La división por sí misma no es negativa siempre y cuando se contenga dentro de ciertos límites y no se lleve por delante el sistema. ¿Hay peligro de que el sistema se resienta por la polarización social que pueda crear la discusión sobre el pasado? Francamente, dado el nivel de desarrollo económico de España, lo dudo mucho.

En condiciones ideales puede ser preferible una sociedad cohesionada a una sociedad dividida. El PP insiste mucho en que un aumento de la división es malo en sí mismo, porque rompe puntos de acuerdo entre todos los partidos que hasta el momento se daban por supuestos. Ahora bien, puede argumentarse con cierta base que el aumento de la división y polarización que produce la ley es un mal menor en comparación con los beneficios a los que da lugar: justicia, reparación y reconocimiento a las familias de muchas víctimas (casi no quedan ya supervivientes directos).

Con otras palabras: si la situación de partida fuera justa, sería absurdo ahondar en cuestiones que producen enfrentamiento social. Pero dado que resulta dudoso que el punto de partida, el statu quo, sea realmente justo, no se entiende por qué hay que privilegiar el statu quo. Si no ha habido división social en este asunto es porque las personas perjudicadas por la no revisión del statu quo no se han organizado y no han protestado ante la injusticia que padecían. Ha sido la paciencia extrema de mucha gente lo que ha hecho que los sucesivos gobiernos hayan podido ir sucediéndose sin necesidad de abordar este tema.

Felipe González, en su libro de conversaciones con Juan Luis Cebrián, explica con gran claridad cómo decidió rehuir la apertura de un debate sobre la memoria histórica en 1986, coincidiendo con el 50 aniversario del inicio de la guerra civil. Aun siendo consciente de la injusticia que ello suponía, consideró que no se daban las condiciones para ese debate. Quizá no esté de más recordar que en 1984 todavía hubo una operación golpista desbaratada.

Pero ahora estamos en unas circunstancias muy distintas. El paso del tiempo ha permitido hablar con mayor franqueza y con mayor contundencia. Se ha hecho evidente que durante la transición se pasó por alto este asunto y ahora se quiere reparar esa omisión. No hace falta decir que la transición estuvo mal hecha: cabe defender que no se podía haber ido más lejos entonces, pero hoy sí se puede. En este sentido, se trata de culminar o perfeccionar algo que quedó pendiente en el pasado.

La resistencia a la ley de la memoria histórica revela la incomodidad de la derecha con el pasado. El PP sigue sin querer condenar el franquismo como tal (en 2002 se obtuvo la unanimidad en el Parlamento con una declaración en la que se hablaba sobre los regímenes autoritarios en general).

Lo más irritante de la postura del PP es ese énfasis que pone cuando afirma que las heridas del pasado cicatrizaron en la transición. Se trata de una afirmación ofensiva para muchas personas afectadas por la violencia de la guerra y del franquismo, puesto que suspendieron sus reivindicaciones para favorecer la transición a la democracia, pero de ninguna manera quedaron tales heridas cerradas. Las heridas siguen y seguirán abiertas mientras no haya reconocimiento público, reparación moral y reparación económica cuando lo requiera el caso.