Millán Gómez

El relator de asuntos de vivienda de la ONU, Miloon Kothari, afirmó la pasada semana que en España existe “una especulación urbanística desenfrenada�, además de mostrar su “preocupación� porque amplios sectores sociales españoles no tienen acceso a una vivienda digna, derecho que, por cierto, recoge la Constitución Española de 1978. ¿Hay algo más inconstitucional que no poder acceder a una vivienda?

Tras la polémica y controvertida “Operación Malaya� se está demostrando que este caso de corrupción urbanística desmesurada es sólo la punta del iceberg de la situación inmobiliaria en España. Otros casos como el más reciente de Andratx (Illes Balears) que salpica al Gobierno balear del PP o el de Cullera (Comunitat Valenciana) demuestran muy a las claras que si se tira un poco de la manta muchos más casos de este estilo y calibre saldrán a la luz pública con el consiguiente enfado entre los ciudadanos de a pie que ven como progresivamente el precio de la vivienda sube y sube.

Las consecuencias de la especulación y el urbanismo desmesurado son claras. Por un lado, el precio de la vivienda aumenta en proporciones preocupantes limitando en gran medida las posibilidades de los potenciales compradores que ven como les resulta prácticamente imposible adquirir un hogar. Por otro lado, el urbanismo desmesurado constituye un atentado al medio ambiente y al patrimonio natural y paisajístico español.

Los poderes públicos deben encarar y afrontar el grave problema de la vivienda como una prioridad en sus agendas a corto plazo. El gobierno central con la ayuda de los diferentes gobiernos autonómicos, poseedores de la mayoría de las competencias en este ámbito, debe implantar medidas para facilitar a los ciudadanos españoles el acceso a la vivienda, especialmente a los sectores sociales más jóvenes y con menor cantidad de recursos. La igualdad de oportunidades debe ser una realidad y no una frase hecha a la que recurren los políticos con frecuencia para esconder sus propios errores.

Permítanme que me centre en el caso más cercano a mí. Barreiros es un precioso municipio de la provincia de Lugo encuadrado en la hasta hace poco tiempo virginal y aún maravillosa comarca lucense de A Mariña, que posee una de las mayores bellezas naturales de Galicia, la playa de As Catedrais. Este pueblo costero mariñano bañado por las transparentes y limpias aguas del Mar Cantábrico y próximo a la vecina Asturias, se ha convertido en los últimos tiempos en la diana perfecta de los constructores de la zona y del resto de España.

El caso es que Barreiros saltó hace poco a la actualidad informativa al conocerse que la Xunta de Galicia suspenderá sus normas urbanísticas debido a su creciente y a todas luces descontrolado crecimiento. Es tal el desastre urbanístico en este ayuntamiento que las nuevas construcciones que se ejecutan no tienen garantizadas las infraestructuras de acceso ni servicios básicos como agua o electricidad exigidos por ley. Se calcula que en el último año se han dado unas 3.000 licencias en Barreiros, un municipio de tan solo 3.800 habitantes.

Esta suspensión que tanto ha irritado a los constructores es una piedra más que coloca el nuevo gobierno bipartito de la Xunta de Galicia por un urbanismo sostenible. El gobierno gallego ha prohibido también construir a menos de 500 metros del mar, medida positiva con el fin de blindar las costas como patrimonio natural, como patrimonio de todos porque las costas son de las ciudadanos, no de las constructoras.

En Galicia hay casos sangrantes. En muchos lugares costeros de Galicia como Ribadeo o Foz hay casas que el día menos pensado se convierten en barcos porque, simple y llanamente, se han levantado residencias veraniegas literalmente a pie de playa. Estas ciudades, villas y pueblos costeros son durante el año pueblos fantasmas con un número reducido de habitantes pero, al llegar el período estival, crecen masivamente debido a la afluencia de veraneantes que han adquirido una segunda vivienda en este maravilloso entorno natural. Esta transformación poblacional al llegar el verano pone en serio peligro que a todos los hogares se les puedan prestar los servicios más mínimos e imprescindibles como la luz o el agua. Hay ciertos bienes naturales y sociales que no deben convertirse en carne de negocio.

La justicia y los políticos deben actuar. La política es un medio para resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos y la vivienda es junto con la inmigración, el terrorismo y el desempleo algunos de los mayores problemas a los que se enfrentan la sociedad española y las formaciones políticas. Lo ilógico es que en la ciudadanía haya serias sospechas de corrupción y el poder judicial mire hacia otro lado. La sociedad española quiere sentirse respaldada por la justicia y los poderes públicos.