Viva la Constitución Española

Arthur Mulligan

La Ministra Pilar Alegría sonríe, conjuga mal un verbo, crítica al Tribunal Supremo porque, en su opinión, anular un Real Decreto del Consejo de Ministros que nombró al Presidente del Consejo de Estado no respeta la separación de poderes, a pesar de no cumplir los requisitos. Es decir, no se entera de nada, porque ella se fija en que debe nombrarse libremente pero no atiende a la condición simultanea de que sea un/a jurista de reconocido prestigio, algo que no cumple Magdalena Valerio.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala (la máxima categoría de la carrera) que realizó el Gobierno en octubre de 2022, por considerar que supuso un ejercicio de “desviación de poder” por parte del Fiscal General. La sentencia que emite ahora el Supremo considera acreditado que la finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue «asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor». Además, considera que la resolución de convocatorias para estas plazas debería proveerse «con arreglo al criterio del mérito».

De modo que todos los poderes están sometidos al imperio de la Ley, algo que disgusta a Sánchez y a los ministros de Sánchez, algunos de los cuales carecen de formación y se les nota.

En realidad al Presidente le gustaría hacer con el entramado institucional lo que ha hecho con su partido, un muñón deformado que no reacciona ante la violencia de su voluntad y cuando lo hace gesticula como Garcia-Page antes de una elegante genuflexión. Porque los «representantes», representan hoy, mucho más que a los electores, a quienes los han nombrado y de los que dependen.

El populismo, de hecho, trata de instalar en el electorado afín la idea del jefe como encarnación de la voluntad popular; la reducción de los partidos a comités electorales del líder; la relación directa de estos con el pueblo a través de la televisión; la idea de la potencia de la mayoría personificada en un jefe celebrado como encarnación de la voluntad del pueblo, imaginado a su vez como una suerte de macro sujeto colectivo; la descalificación de las reglas y, con ello, de los límites legales y constitucionales al poder de gobierno expresado por la mayoría.

Los elevados sueldos de que gozan los elegidos, sus privilegios, el consiguiente cambio de estatus económico y social, unido a su nombramiento desde arriba generan en todos ellos un interés personal en la conservación del cargo y con ello la sumisión a quien los ha nombrado y podría volver a hacerlo o revocarlos, que deforma radicalmente su función pública de representación política.

No es difícil de entender que se haya conseguido una creciente aversión antipolítica de los electores en relación con la clase política en su conjunto, percibida sin matices como una casta abusiva y parasitaria. Se impone la decadencia de la moral pública, la exaltación y la exhibición de la vulgaridad, la ordinariez, la ignorancia y el machismo, en el lenguaje y en la práctica política. El descenso del sentido moral y la destrucción del espíritu público no son solo un efecto, sino también un fin de la estrategia demagógica de construcción del consenso.

Hemos asistido a la aparición y desaparición de movimientos nuevos e inestables; a una forma de indiferentismo en el electorado tanto de izquierdas como de derechas en los que priman la vanidad personal manifestada en el rechazo a votar por partidos que no reflejan con plena exactitud las propias ideas. También un abstencionismo que homenajea la indisponibilidad al compromiso.

Como podemos apreciar en la singular figura de nuestro presidente existe una profunda crisis en el reclutamiento de nuestro personal político. El desvanecimiento de la vida política en las viejas secciones territoriales, de secado el debate de base y los tradicionales canales de selección de grupos dirigentes, el recambio queda confiado a las relaciones personales o, lo que es peor, a las de carácter familiar y clientelares de los dirigentes. El resultado es una falta de calidad no solo profesional, sino también moral e intelectual de toda la clase política.

El artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos de 1948 y el artículo 19 del pacto de los derechos civiles y políticos de 1966 enuncian el derecho de “investigar y recibir informaciones y opiniones”.

El artículo 11 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea afirma que la libertad de información “incluye la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas “

Existe todavía más importante no un derecho a la información verdadera que estaría en conflicto con la libertad de información sino un derecho negativo a la no desinformación, consistente en una libertad negativa, es decir, en la inmunidad frente a la desinformaciones y la manipulación de las noticias.

Esta libertad negativa es un corolario de la libertad de conciencia y de pensamiento, esto es, de la primera libertad fundamental que se afirmó en la historia del liberalismo y que implica el derecho a la no manipulación de la propia conciencia provocada por la desinformación en torno a los hechos y a las cuestiones de interés público.

Es evidente que Pedro Sánchez ha ido muy lejos en la corrupción de estas libertades, haciendo nuevamente de la necesidad virtud, de la mentira, libérrima opinión; resultando de la manipulación de la verdad una ganancia electoral, y ahora mismo, fraude y como no, conciencia y presencia de ilegitimidad.

La garantía de esta libertad-inmunidad es una condición previa elemental del ejercicio consciente del derecho de voto y de la formación de una opinión pública informada y madura, y por eso un presupuesto directo de la democracia política y de la soberanía popular.

En nuestra Constitución, la legalidad cambia de naturaleza: ya no es solo condicionante y disciplinante, sino también ella misma condicionada y disciplinada por vínculos jurídicos no solo formales sino también sustanciales; ya no simplemente un producto del legislador sino también planeamiento jurídico de la calidad de la propia producción legislativa y, por consiguiente, un límite y un vínculo al legislador. De este modo, el derecho resulta positivizado no solo en el ser, o sea, en su existencia, sino también en su deber ser, esto es, en sus condiciones de validez; no solo en el quién y el cómo de las decisiones, sino también en el qué no debe ser decidido, o sea, la lesión de los derechos de libertad, o, al contrario, en el qué debe ser decidido, es decir, la satisfacción de los derechos sociales.

Este derecho sobre el derecho, este sistema de normas meta legales en que consisten las actuales constituciones rígidas, no se limita pues a regular las formas de producción del derecho mediante normas procedimentales sobre la formación de las leyes, sino que además vincula sus contenidos mediante normas sustanciales sobre la producción como son, en particular, las que enuncian derechos fundamentales. Los vincula al respeto y la actuación de tales derechos, cuya violación genera antinomias, consistentes en la indebida presencia de normas sustancialmente inválidas por contradictorias con aquellos, o bien en lagunas, que consisten en la ausencia igualmente indebida, de las normas que establezcan las necesarias garantías de los mismos.

El principio de igualdad de todos ante la ley no es solo uno de los límites a la democracia política; es, junto con otros derechos fundamentales, su sustancia democrática, en cuanto se refieren al pueblo en un sentido aún más concreto y más pleno de la representación política misma, es decir, a las libertades y a las necesidades vitales de todos y cada uno de sus miembros de carne y hueso, porque hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido.

Por todo ello, creo firmemente que en este desgraciado debate forzado por la necesidad espuria de captar unos votos, se impondrá lo correcto, el rechazo a dividir a la nación española y así evitar el necesario consenso para una reforma constitucional sin las mayorías consistentes.

Es muy deseable que se resuelva en el interior de la nación y si no, con el auxilio de nuestros amigos europeos que miran – contra lo que dice el variable aprendiz de brujo Bolaños – con preocupación e inquietud tan grave fisura irreparable en nuestra vida política.

Viva la Constitución Española!!!

4 comentarios en “Viva la Constitución Española

  1. Pese a los agoreros y, esperemos, pese a los que quieren adaptarla a sus intereses por la puerta falsa.

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