Juanjo Cáceres

A la luz de las recientes noticias aparecidas sobre el Rey emérito, parece oportuno reabrir las reflexiones sobre la monarquía. Unas reflexiones que deben hacerse en clave de pasado, presente y futuro, porque las últimas revelaciones no son más que una losa más en la penosa trayectoria que ha tenido esta dinastía en nuestro país. Y es que no es en absoluto falso señalar que la historia de la dinastía borbónica recorre de forma traumática la historia de España.

Recordemos que la llegada al trono de los borbones tiene lugar a través de la persona de Felipe V en 1700, tras una disputa sucesoria surgida a la muerte de Carlos II, que iría unos años después seguida de una larga guerra civil entre partidarios del monarca y austracistas y que, como es bien sabido, también se desarrolló a escala europea. Los territorios de la antigua Corona de Aragón emergieron de ese conflicto con la pérdida de las instituciones propias, la desaparición de los rasgos confederales que habían caracterizado a la monarquía de los Austrias y el despliegue de un nuevo modelo administrativo de inspiración castellana y francesa, que dejaría paso a un país mucho más centralizado, donde solo los territorios vascos conservarían sus fueros.

Los sucesores de Felipe V fueron proclamándose monarcas de forma hereditaria y algunos de ellos introdujeron medidas de modernización, también frecuentemente de inspiración francesa, en un país muy necesitado de ellas, hasta la llegada al trono de Carlos IV, quien, en 1808, en el marco de la invasión napoleónica, fue incapaz de evitar la primera gran crisis dinástica y acabó entregando el trono a José Bonaparte. Seis años después se produciría la primera restauración borbónica, que como en 1714, tendría un alto coste para el país: la suspensión de la Constitución de Cádiz de 1812, es decir, la primera experiencia liberal y constitucional española, y el restablecimiento por la vía militar de la monarquía absoluta.

Tras un largo reinado de persecución del liberalismo, la sucesión de Fernando VII fue también motivo de una terrible guerra civil, la Primera Guerra Carlista, entre partidarios de que la futura Isabel II sucediera a su padre y los carlistas, que apostaban por su hermano Don Carlos. La victoria de la primera con el apoyo de los liberales hizo posible la aprobación del Estatuto Real de 1834, la división de poderes entre monarca y cortes y la aprobación posterior de dos nuevos textos constitucionales: el de 1837 y el de 1845. Pero 35 años después de su ascenso al trono, en un contexto de intenso deterioro de la monarquía y el sistema político, la Revolución de 1868 pondría fin de nuevo al reinado borbónico en España, al cual le sucedería por cortos espacios de tiempo el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera República española.

La primera experiencia republicana acabó, como es sabido, con la asonada militar del general Pavía y posteriormente, con la segunda restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, en 1874. Este se convertiría de nuevo en un monarca bajo el mandato de la Constitución del mismo año, cuyo funcionamiento se iría deteriorando progresivamente hasta el primer cuarto del siglo XX, cuando el monarca Alfonso XIII dio su visto bueno a la implantación de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, violando flagrantemente los principios constitucionales. Un periodo dictatorial que se extendería durante más de siete años y que causaría el derrumbe de la monarquía borbónica por tercera vez en su historia y el exilio de Alfonso XIII (destino del que también fueron víctimas Carlos IV e Isabel II).

La experiencia de la Segunda República trajo consigo la implantación por primera vez en España de una democracia plena y del sufragio universal, garantizado en la Constitución Española de 1931, pero el pronunciamiento militar de julio de 1936 sumergiría al país de nuevo en una terrible guerra civil, de la que emergerá la dictadura militar del general Franco. Un pronunciamiento que contará tanto con el apoyo del monarca exiliado, como con el de su sucesor, el príncipe don Juan, que en 1941 adquiriría los derechos dinásticos de su padre.

Don Juan, tras intentar sin éxito sumarse a la sublevación del 36, intentará por todos los medios ejercer sus derechos dinásticos tras el final de la Guerra, incluso mediante contactos con la Alemania nazi en 1941. La falta de resultados propiciará a partir de 1942 un cierto distanciamiento del Caudillo, con la esperanza que el final de la Segunda Guerra Mundial cambie el destino del régimen dictatorial. Esa esperanza, compartida por tantos republicanos en el exilio, cae en saco roto con la rehabilitación internacional del Régimen en el contexto de la Guerra Fría y con la aprobación en 1947 de la Ley de Sucesión, que otorga de forma vitalicia la jefatura del Estado a Franco y también el derecho a designar sucesor a título de Rey o Regente. Así las cosas, en 1948 tiene lugar la entrevista en el Azor entre el Generalísimo y Don Juan, tras la cual el futuro Rey emérito queda bajo tutela de Franco.

Dicha tutela consistirá en la realización del bachillerato y en una extensa formación militar durante los años de 1950, a lo que seguirá su boda con Sofía de Grecia en 1962 y la instalación de la residencia de ambos en España a partir de 1963. El alineamiento de Juan Carlos con el Franquismo propiciará que Franco ejerza la Ley de Sucesión a su favor en 1969 y lo proclame heredero. Empieza con ello la tercera restauración borbónica, esta vez de la mano del general Franco, que se completará a la muerte del dictador en 1975 y la proclamación de Juan Carlos como Rey de España el 22 de noviembre ante las Cortes franquistas.

La monarquía retornaba así a España muchas décadas después, cuando todos los países de su alrededor se habían desprendido ya de la misma en diferentes momentos históricos (Francia, Portugal, Italia…). Lo hacía auspiciada por un régimen autoritario y en un contexto geopolítico en que solo podía ser viable una monarquía constitucional homologable al resto de monarquías europeas, mediante una fórmula de estabilidad que evitase la hegemonía política del comunismo español, que era quien había liderado la oposición democrática. Empieza así la denominada Transición, una operación cuyo desenlace se explica por factores que van mucho más allá de nuestras fronteras. La asonada tejerista de 1981 permite a su vez completar el relato de un monarca comprometido con la democracia y pulir ese capital simbólico juancarlista, enormemente artificioso, que en los últimos años ha empezado a hacerse añicos.

Así pues, la etapa juancarlista en España, que se inicia en 1948 y no en 1978, es la representación de varias cosas. De la voluntad de poder de la dinastía borbónica, siempre dispuesta a pactar lo que haga falta con quien haga falta, para garantizar el ejercicio de sus derechos dinásticos. De la alineación durante la mayor parte de su historia con los sectores más reaccionarios del país, como su sucesor también ha mostrado en determinados momentos. También del triunfo del relato monárquico como el menos malo de los modelos de estado en España, obviando que los monárquicos y en particular los herederos dinásticos han conspirado abiertamente contra las experiencias republicanas y contra la mayoría de experiencias de progreso del país.

Juan Carlos I salió de la Transición con unas facultades monárquicas debilitadas, inferiores por ejemplo a su homóloga del Reino Unido, pero con un fuerte blindaje de los derechos monárquicos para su dinastía, con las reivindicaciones republicanas anuladas como alternativa política viable, con un amplio margen de maniobra para incidir sobre la vida política del país casi siempre de forma opaca y con la libertad de hacer todo tipo de operaciones sacando el máximo partido de su estatus de monarca. Y lo que hoy empieza a trascender es el fiel reflejo de lo que realmente se ha construido durante las últimas cinco décadas alrededor del reinado juancarlista, del que su hijo es heredero a todos los efectos, sin excepción. Pero abundar en el contexto actual ya queda para otro día.