Julio Embid
La primera vez que me llamó Javier Lambán al teléfono fue a comienzos de 2018. Era un sábado por la mañana y estaba en casa pasando la aspiradora. Recibí una llamada de un móvil desconocido y, al descolgar, me dijo: – ¿Eres Julio Embid? Soy Javier Lambán. Necesito que me expliques con detalle a qué vamos esta semana juntos a Bruselas.
La verdad es que aluciné bastante. Acababa de ser nombrado Director General de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, en una reconversión de puestos, y servidor era responsable, entre otras materias, del Servicio de Acción Exterior de Aragón y de la Oficina de Aragón en Bruselas. Estuvimos hablando de la agenda apretada que teníamos durante esos dos días, de los compromisos que queríamos lograr y de las reuniones previstas con un par de comisarios, directores y eurodiputados. Me mandó buscar más información y, al terminar, me dijo: – Julio, ¿tú hablas inglés, no? No te despegues de mí.
Esta semana, Javier Lambán fallecía en su localidad natal, Ejea de los Caballeros, tras una larga enfermedad pública y notoria. Hubo numerosas muestras de afecto: de quienes lo apoyamos siempre, de curiosos, de rivales externos, de sus rivales internos y de los chaqueteros habituales, especialmente si había prensa delante.
Lambán, que contó durante una década con el apoyo mayoritario de la militancia -al menos en dos de las tres provincias aragonesas-, pudo comprobar con pesar en los últimos dos años cómo aquellos que le juraron fidelidad eterna iban cambiando de bando. Él, como líder del principal partido de la oposición, delegaba la tarea de confrontar al gobierno de Jorge Azcón en su mano derecha, la portavoz Mayte Pérez, mientras dedicaba su tiempo a luchar contra una durísima enfermedad y a publicar su libro de memorias. En él ajustaba cuentas y defendía una valiente idea de España Federal basada en la igualdad entre comunidades autónomas y en el multilateralismo, no en los chantajes bilaterales.
Sobra decir que Javier Lambán cada vez tenía más amigos entre aquellos que no le votaron nunca, ni lo votarían jamás y que le jaleaban para que saliera contra La Moncloa de tanto en tanto. Sin embargo, fue un presidente de Aragón excelente y los datos lo avalan: pleno empleo, paz social, apuesta por las renovables, modernización agrícola y llegada de multinacionales tecnológicas. También supo garantizar estabilidad parlamentaria: primero con un pacto con Chunta, y después con Chunta, Podemos y el PAR. Así siempre hubo presupuestos y siempre hubo gobierno. Nada que ver con la relación tóxica, de alejamiento en público y amor en privado, que hoy mantiene el PP de Aragón con Vox.
En Madrid y en las redes sociales siempre pensaban que Lambán era el ala derecha del partido por discrepar de Pedro Sánchez. Sus decisiones políticas y sus acuerdos no dicen eso. Las manifestaciones más duras que sufrió Lambán durante su mandato fueron las de las escuelas concertadas. Y desde luego, está el cupo catalán que, por definición, no es muy progresista. Haciendo autocrítica, creo que los socialistas aragoneses (y aquí me incluyo) perdimos las elecciones de mayo de 2023 por tres motivos:
1. Una corriente estatal contra La Moncloa que castigó a alcaldes y presidentes autonómicos socialistas fueran críticos o no con Sánchez.
2. Una durísima campaña del PP sobre las ambulancias rurales, plagada de mentiras que calaron.
3. La aparición de Teruel Existe, que sedujo a numerosos exvotantes socialistas, chunteros y podemitas, especialmente en la capital turolense, con un discurso adanista dispuesto a pactar indistintamente con las derechas.
Ese conjunto de circunstancias hizo que el PSOE de Lambán bajase de 24 a 23 escaños, pero que sus socios prácticamente desapareciesen, allanando el camino para que Jorge Azcón llegara al Pignatelli. No considero injusto que Lambán perdiese las elecciones: ante todo soy demócrata, y las derechas sumaban mayoría clara. Pero el tiempo pondrá a cada uno en su lugar y con los años habrá que reivindicar su papel al frente del Gobierno de Aragón frente al actual que vive de las rentas y de inaugurar lo que otros consiguieron.
En 2018 publiqué un libro de ensayo titulado «Con capa y antifaz». La ideología de los superhéroes (Ed. La Catarata) y le pedí a Javier Lambán que lo presentase en Zaragoza. Aceptó encantado. Lo hicimos en el Museo Pablo Gargallo y nos acompañaron ese día mi amigo y poeta Nacho Escuín y la periodista Eva Pérez-Sorribes. Vino muchísima gente y también la televisión autonómica. Empezamos hablando de Batman y Superman, pero terminamos conversando sobre el Capitán Trueno y la serie «Vikings» de Netflix. Aquel día Lambán estuvo espléndido. Declaró que, si Erik el Rojo no hubiese soñado con un mundo mejor para su gente, con tierras verdes, jamás se habría embarcado en su viaje suicida hacia el oeste.
Lambán quiso siempre lo mejor para Aragón y su gente, y por ello peleó hasta el final. Y por ello se enfrentó sin miedo a Moncloa y a Ferraz, a la Generalitat de Catalunya y a quien hiciera falta. A veces suicida, siempre con la convicción de luchar por Aragón y los aragoneses. Y nunca le faltaron feroces vikingos para acompañarlo en la batalla.
*Julio Embid es escritor. Fue Director General de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón entre 2017 y 2019
( Extracto de La gobernación acelerada de JM Soroa El Mundo 1-8-2025 )
“ Hubo una época en que las aceleraciones de la historia fueron saludadas con alborozo («locomotoras de la historia», las llamaba Marx); ahora, por el contrario, vivimos en una de aceleración continua carente de todo referente a un futuro discernible. Una cultura de la urgencia en la que nada permanece, pero tampoco cambia nada esencial: es una aceleración vacía, un Presente inestable.
Pues bien, la sensación de aceleración del tiempo es, según los politólogos, una de las más relevantes causas de fenómenos políticos tan significativos como la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus dirigentes, la desafección política hacia el sistema o el declive de la capacidad del Estado para intervenir eficazmente en la marcha de la sociedad. Y este artículo trata de comentar con un poco más de detalle esa relación entre la aceleración de la experiencia y el mal gobierno.
En primer lugar, se produce en la contemporaneidad democrática una especie de rebelión del tiempo corto del gobierno contra el tiempo largo de las instituciones de control y contrapeso. Manda la actualidad y se cuestionan abiertamente las cautelas y controles que las instituciones del Estado de derecho interponen para realizar la voluntad inmediata de los ciudadanos y sus gobernantes. ¿Por qué existen reglas constitucionales, cotos vedados a las mayorías o todas esas limitaciones que generaciones pasadas impusieron a las vivas? ¿Por qué no admitir que en democracia no hay nada vedado a la voluntad de ahora? ¿Por qué no efectuar una interpretación constructiva de la Constitución que la vuelva flexible ante las necesidades del momento? ”
“ Es la ansiada primacía del momento, porque una de las características de nuestras sociedades presentistas y urgentes es la de privilegiar la satisfacción inmediata de las necesidades sobre cualquier consideración restrictiva proveniente del pasado y, sobre todo, del futuro. La postura del ciudadano normal con respecto al presente tiene algo de predatorio: explotar el presente y dilatar al futuro los problemas consecuentes. Es la rapiña del futuro por parte de la más fuerte de las coaliciones políticas existentes: la coalición de los vivos ”.
Desde otro punto de vista, la presentación inmediata que los medios de comunicación hacen de los cambios constantes y de la opinión social ante ellos parece (sólo parece) hacer que, ipor fin!, el gobernante pueda conocer en tiempo real la opinión pública, pueda discernir cuál es la voluntad social. Habríamos llegado a una época en que sería posible algo así como la democracia instantánea: gobernar siguiendo la voluntad común con reactividad fiel, gracias a los instrumentos técnicos disponibles y a la actuación de los medios: no sería la inefable democracia directa, pero por lo menos valdría como democracia en directo. Una ilusión que se desmorona no bien constatamos que lo que llega por esos cauces no es nada que merezca el calificativo de voluntad sino, como sentenció E. Renan hace siglos, el capricho del momento. Lo que llega son los humores, temores, miedos y demás sensaciones poco retlexionadas que inspira en la sociedad el cambio acelerado.
Aun así, el gobernante acelerado es capturado por esta presentación constante de los humores sociales y tiende indefectiblemente a intentar seguirla. No a crearla o dirigirla, sino a seguirla. Una gestión cortoplacista inspirada en datos como los de «si hoy se celebraran elecciones..» que en realidad hace desaparecer cualquier separación entre los tiempos electorales y los tiempos de gobierno.
Además, esa urgencia por los problemas desestruc – turados hace que el estilo de política que se valore positivamente sea la política de la proximidad. Lo que se aprecia en el político no es la formulación de una propuesta coherente de futuro, sino el hecho de que sea sensible a los desastres puntuales, se muestre empatico y cercano, sea capaz de hacer creíble su sinceridad o su preocupación. Pero al actuar así, lo que provocan los políticos es sólo realimentar la aceleración recíproca. Porque, aunque suene muy frío decirlo, la buena politica reclama hoy más lejania entre gobernantes y gobernados, más reflexión y menos compasIón .
La falta de liderazgos sólidos en nuestras democracias tiene aquí su explicación sistémica: más allá del azar generacional o cultural, el liderazgo se ha vuelto incompatible con los requerimientos de la manera acelerada de gobernar. La política reactiva, seguidista, defensiva, siempre temerosa de la siguiente elección, genera un tipo de política que recuerda a la de unos bomberos que llegan siempre tarde y mal a los incendios sociales. Incompetentes y autistas, así se percibe a los políticos.
El liderazgo actual consistiría, si realmente existiera, en la capacidad de un político para dar malas noti cias al público. Algo impensable para nuestros gestores que huyen como de la peste de ese papel, sean de izquierdas o derechas, que en esto los males son comunes. Hay enormes sectores de nuestra institucionalidad social y económica que se han convertido en tabúes; nadie osaría siquiera acercarse a ellos de verdad porque sería su tumba política. El papel de Casandra no vende.
Un ejemplo perfecto de cuanto dice Soroa es el artículo de Zarzalejos hoy en El Confidencial :
El gobierno elude la Ley de Protección Civil….
“No ha estado sobre la mesa que el Gobierno declare la emergencia por los incendios” afirmó el pasado domingo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La aseveración ha provocado la subsiguiente cuestión: ¿qué tiene que ocurrir para que tal declaración se produzca? La respuesta está en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 que define las catástrofes como una “situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad”.
Para estas situaciones la ley prevé que son emergencias de interés nacional las que exijan la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y reclamen una aportación de recursos a nivel supraautonómico y “aquellas otras que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional”. La emergencia nacional también debe declararse cuando hayan de adoptarse decisiones que afecten a las libertades públicas (libertad de movimientos, en este caso), sin perjuicio de que deba valorarse la declaración del estado de alarma cuya ley reguladora menciona expresamente las catástrofes por ‘incendios forestales’
La emergencia nacional, según establece la ley de Protección Civil de 2015 en su artículo 29, “corresponderá al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas. Cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará, en todo caso, previa comunicación con la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas afectadas, por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública”. Con esta declaración de emergencia nacional, el ministro asumirá la ordenación y coordinación de “las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales de los ámbitos territoriales afectados». Además, el titular de Interior tendría facultades para requerir “la colaboración de las diferentes Administraciones Públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio”.
Amparado en esta cobertura legal, el Ministerio del Interior declaró por dos órdenes publicadas en el BOE de 29 de abril de 2025 la emergencia nacional por caída del suministro eléctrico en las comunidades de Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana, en unos casos de oficio y, en otros, a petición de los gobiernos autónomos. Interior entendió que el ‘apagón’ creaba una situación que requería asumir la total coordinación y ordenación de actuaciones en esos territorios. Precisamente, la ley de 2015 de Protección Civil estableció la emergencia nacional como una alternativa parcial a la declaración del estado de alarma del que el último Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero tuvo que echar mano en la huelga de los controladores aéreos de 2010.
Según fuentes jurídicas consultadas, no existen “razones que expliquen por qué no se declara la emergencia nacional” subrayando que la única “diferencia con la del apagón en abril pasado es que el suministro eléctrico y su seguridad no son competencias autonómicas y en el caso de los incendios forestales están compartidas con el Estado”. Sin embargo, teniendo “en cuenta que los incendios están provocando víctimas mortales, desalojos y desplazamientos de ciudadanos -en ocasiones, contra su voluntad-, daños que no son aún cuantificables, pero que serán enormes y que el fuego afecta a varias comunidades simultáneamente con arrasamiento de más de 200.000 hectáreas, lo lógico es que el Gobierno a través de Interior tome las riendas”. Añaden que también los Gobiernos autonómicos podrían solicitarlo, pero “tiene menos sentido que lo hagan porque la afectación de los incendios es diferente en cada comunidad y tendrían que ponerse de acuerdo todos los ejecutivos en un momento en el que lo prioritario es la lucha contra el fuego”.
Estas fuentes también subrayan que “las circunstancias exigen que se limiten algunas libertades individuales como la de movimiento que reconoce el artículo 19 de la Constitución y por esa razón sería más garantista que estas restricciones dispusieran de la cobertura de la emergencia nacional”. Aunque, puntualizan, “la doctrina del Constitucional es muy exigente en la garantía de estas libertades y ha desarrollado criterios sólidos a propósito del juicio de constitucionalidad de los decretos de estado de alarma con motivo de la pandemia”. Por esa razón, advierten que el Gobierno “debe ser jurídicamente muy cuidadoso”.
La emergencia nacional, por otra parte, y siguiendo la argumentación de las fuentes consultadas, garantiza la previsión del artículo 139 de la Constitución según el cual todos los ciudadanos tendrán ‘los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional’, un precepto que forma parte del Título VIII de la Carta Magna. “Eso quiere decir -puntualizan- que con una coordinación y ordenación única no habrá diferencias según comunidades porque, ahora, unas disponen de más medios que otras y pueden afrontar los incendios con más eficacia y eso no es justo para los ciudadanos de los territorios menos equipados”.
A día de ayer el incendio había arrasado más de 200.000 hectáreas, unos 2.000 kilómetros cuadrados, equivalente a toda la superficie de la provincia de Guipúzcoa, lo que significa que es una parte significativa del territorio nacional. En lo que va de año y según la información satelital de Corpenicus, la superficie total afectada por las llamas en España se elevaría a 350.000 hectáreas. El número de ciudadanos evacuados por el fuego desde hace ocho días es ya de 30.000. Pese a no declararse la emergencia nacional, el Gobierno ha activado el mecanismo de colaboración en protección civil con la Unión Europea lo que exige ya una interlocución de nivel internacional solo compatible con la dirección gubernamental de la lucha contra la catástrofe.
Por otra parte, la declaración de emergencia nacional conllevaría repercusiones sobre la responsabilidad del resarcimiento de daños materiales y personales (artículos 21 y 22 de la ley de Protección Civil). Finalmente, llama la atención que no se haya convocado un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar de forma inmediata la ‘declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil’, ya solicitada por la Comunidad de Madrid y que otras tramitan con la máxima urgencia.
En fin , un gobierno ausente , incapaz en su aislamiento de comprender el tiempo en que dormita y al que nadie espera ni consulta presidido por un Tiberio desconfiado que tal vez espera su destino final.
Al respecto me pareció muy interesante esto de aquí https://www.lavanguardia.com/opinion/20250818/10981060/muerte-luto.html