La percepción que tuvimos muchos es que se podía haber llegado a ese punto sin necesidad de pasar por un calvario político como el que tuvimos que recorrer, con un Partido Popular instalado en la demagogia más zafia dedicado a fustigar incansablemente al Gobierno. Recuerden: Mayor Oreja afirmó que “al igual que el plan Ibarretxe es un producto del Pacto de Estella, el Estatuto catalán es un producto del Pacto de Perpiñán�. Javier Arenas añadió: “En una ocasión dije que Zapatero le está preparando un traje a Maragall que le sirva a Ibarretxe y a ETA. Y ahora se está demostrando�. El propio Arenas prestó su voz a una campaña de radio del PP andaluz en la que se oían mensajes como este: “El pacto de Zapatero con el nacionalismo catalán perjudica a los andaluces, y Chaves no hace nada por remediarlo.�

Es como si el PSOE hubiera alimentado expectativas maximalistas en los nacionalistas y tuviera que dedicarse luego a rebajarlas ante la presión política de la derecha. Algo parecido puede decirse que está ocurriendo con el proceso de paz. Aquí nos movemos en un terreno de mayor incertidumbre y es muy probable que este análisis esté equivocado de raíz o quede desautorizado por los hechos en breve. Pero no puede uno quitarse la impresión de que el Gobierno abordó con brío y ambición el proceso de paz y, a la vista de los acontecimientos, fue enfriando su entusiasmo y rectificando el rumbo.Según lo veo, el Gobierno se acobardó después del 22 de marzo de 2006 tras la reacción histérica del PP, de la AVT  y de tantos periodistas y analistas que se lanzaron en tromba contra Zapatero, acusándole de rendirse ante ETA. Durante meses el Gobierno insistió, como único mensaje positivo, en que había tomado menos medidas, y hecho menos concesiones, que el Gobierno de Aznar durante la tregua de 1998/9.  Luego vino el atentado del 30D y a partir de ahí la ambigüedad y la confusión sobre la estrategia que se iba a seguir. De palabra, se daba por roto el proceso, pero resultaba difícil entender qué quería decir eso mientras ETA repetía hasta la saciedad la vigencia de su alto el fuego permanente. Por supuesto que ETA tiene muy poca credibilidad después del 30D, pero, a pesar de ello, es evidente que no ha vuelto a atentar tras el 30D, que no ha vuelto a haber robo de explosivos, y que la kale borroka se ha reducido mucho tras el episodio de De Juana. Incluso cabría decir que se ha respetado en mayor medida el alto el fuego después del 30D que antes de esa fecha. El Gobierno, en esas circunstancias, tiene dos alternativas, según lo entiendo: o bien embarcarse en una operación muy ambiciosa, de alto riesgo político, consistente en intentar llegar a un acuerdo con ETA sobre el fin de la violencia, derogando para ello la ley de partidos si es necesario a cambio de un compromiso firme y creíble de abandono irreversible de la violencia y de la constitución de una mesa de partidos en la que se negocie un nuevo Estatuto vasco con participación activa de Batasuna; o bien olvidarse completamente del proceso de paz, entender que ha sido un mal sueño, y adoptar la posición intransigente del PP en este tema. Por supuesto, se me dirá que hay una solución intermedia: tratar de recorrer una cuerda floja en la que por un lado se desmientan las acusaciones del PP (se dice bien alto que de Navarra nada de nada, se aplica la Ley de Partidos, se hacen oídos sordos a las propuestas de negociación procedentes de Batasuna) y por otro se dificulte el regreso a la violencia de ETA (concesión de la prisión atenuada a De Juana, se retiran algunos cargos contra Otegi, se permite que se presenten algunas listas de la izquierda abertzale). Creo que esta vía intermedia es una mala solución, que sólo sirve para ganar tiempo, pero que probablemente nos conduzca a la peor de las situaciones posibles: vuelta a la violencia y un PP y aledaños que responsabilice directamente al Gobierno de futuros atentados, con grave crisis nacional y estado de histeria en la prensa de derechas.  El Gobierno, como en el caso del Estatuto, aunque por razones muy distintas, parece recular, pero intentando salvar los trastos. La inteligencia política de Zapatero le permitió, en el episodio del Estatuto catalán, salir airoso. Quizá nos vuelva a sorprender. Pero no cabe descartar que asistamos a un derrumbe estrepitoso de lo poco que queda del proceso de paz. El lío de las candidaturas  resulta de lo más elocuente. Se va caso por caso, aplicando una casuística digna de mejor causa. A estas alturas (tras la doctrina Parot del Supremo,  la chapuza jurídica de la condena de De Juana por los artículos aquellos de opinión, la causa abierta contra Ibarretxe por reunirse con Otegi) resulta muy poco creíble en términos jurídicos una operación política como esta. La justicia está demasiado desprestigiada en el asunto del País Vasco. Tratar de salvar los trastos aplicando la Ley de Partidos sin demasiada severidad me parece una solución inútil. Las próximas elecciones generales siguen demasiado lejos. En esta situación de interinidad, ETA puede tener la tentación de maximizar su influencia política con atentados. Por eso no creo que una solución parcial como la que está llevando a cabo el Gobierno vaya a servir. A no ser que el Gobierno sepa más que nosotros sobre lo que se cuece dentro de ETA y del mundo abertzale y esté siguiendo la vía de máxima prudencia. Ojalá sea así.