Carlos Hidalgo
Lo que hoy parece ocupar a propios y extraños es la reacción de la coalición del Gobierno al bloqueo que el PP mantiene desde 2018 a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este consejo, que todavía hoy refleja las elecciones de la mayoría absoluta de Rajoy en 2013, está en funciones desde hace dos años, sin que ello le impida nombrar y cesar jueces en cargos de responsabilidad y actuar como si su presidente, Carlos Lesmes, tuviera un apoyo parlamentario que hoy no posee.
Al PP obviamente le conviene que se mantengan las mayorías actuales. Con un montón de flecos de sus casos de corrupción llegando al Supremo, como Gürtel o Púnica, creen que la actual composición del Gobierno de los jueces será más benévola a la hora de tratar estos asuntos. Esta anomalía ya nos ha servido para que nos llegue un tirón de orejas desde Bruselas, donde se nos ha señalado diplomáticamente que esto es una “anomalía” que no puede perdurar más en el tiempo.
Cierto sector de los jueces se refiere al CGPJ con el irónico apodo de “los GAL” (Grupo de Amigos de Lesmes), mientras que otro sector se queja del bloqueo político. Aunque hubo un principio de acuerdo que estuvo a punto de salir adelante, ése se bloqueó cuando el indiscreto líder del PP en Senado se congratulaba en un grupo de Whatsapp de mantener un poder judicial “a medida”. Manuel Marchena, que iba a ser el presidente del CGPJ, renunció al puesto y hubo que comenzar de cero.
Ahora el PP mantiene el bloqueo de manera un tanto bravucona y anárquica, como el propio liderazgo de Casado, y pone como condición para levantarlo que se rompa el Gobierno de coalición. Algo muy poco practico y una línea roja que ellos mismos saben inasumible.
También es cierto que las mismas bravuconadas y alarmantes declaraciones de Pablo Iglesias Turrión provocan no pocas suspicacias, porque expresan intenciones de interferencia con el poder judicial muy poco propias de quien es doctorado en Ciencias Políticas, al reflejar más un ansia de colonizar espacios de poder que de respetar el sistema de control y equilibrios de las democracias modernas.
El propio Pedro Sánchez despierta también algún recelo, con el polémico nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado.
Sea por lo que sea, el bloqueo actual es una absoluta irresponsabilidad y agrava los problemas crónicos de la justicia en España. Dado que desde el PP se prefiere mantener el bloqueo como señal de fortaleza, en lugar de por lo menos intentar aparentar que negocian, PSOE y Podemos han puesto en marcha un procedimiento mediante el cual se pueda rebajar la mayoría necesaria para aprobar a los miembros del CGPJ y ésta pueda salir adelante con la mitad más uno de los miembros del Congreso. Esto es: con mayoría absoluta en lugar de con la mayoría cualificada que ahora mismo marca la ley.
Ni que decir que desde la oposición se han llevado las manos a la cabeza y se nos profetiza el principio del fin de la democracia, así como el inminente advenimiento del populismo bolivariano y comunista. Unas afirmaciones algo atrevidas cuando estamos hablando de un “Gobierno social-comunista” que gobierna con los Presupuestos de Montoro y que no ha derogado ni la reforma laboral de Rajoy, ni la Ley Mordaza.
Pero es cierto que se trata de un cambio peligroso en el equilibrio de poderes de nuestro sistema político. Y lo que hoy se hace en nombre del progreso, mañana se puede emplear igualmente en nombre de la tradición y de la sangre de Don Pelayo. No me cabe duda de que el bloqueo del PP es interesado e irresponsable, pero seguro que hay otras vías de sortearlo, como sean los propios jueces quienes pongan en marcha el proceso al enviar candidaturas al Parlamento.
Ojalá este movimiento no sea más que un farol y el PP actúe de manera responsable. Aunque hacerlo de esta manera les da menos incentivos todavía, dado que la salida que les deja es la de dar la impresión de ceder en un pulso. Y eso es algo que el muy masculino Casado no se puede permitir. En el contexto en el que estamos, incrementar la tensión rara vez va a conducir a nada bueno.
Así que espero que sea todo un farol y la cosa se termine resolviendo sin hacer crujir más las cuadernas de nuestro sistema político. Pero es que tampoco me gusta la política de órdagos y faroles.
Ejem…En este asunto de la renovación del CGPJ ,tengo una sería duda .
¿Sus jueces son independientes antes de ser nombrados por el Parlamento y cuando toman posesión de sus cargos dejan de serlo por ser elegidos por el Parlamento?.
¿Sus jueces serian más independientes si la renovación del CGPJ ,la decidieran las organizaciones representantes de los jueces?.
Y Ahora la pregunta del millón:
¿Por qué,papá,por qué?.
Sin duda alguna serian más independientes si la renovación del CGPJ ,la decidieran las organizaciones representantes de los jueces. No obstante , si los motivos que introdujo la reforma del sistema de elección recomendaba participar a las dos cámaras con mayorías reforzadas ¿ A qué viene tanta brutalidad anticonstitucional a la polaca y de la que se hace eco Europa ?
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« EN líneas generales, allí donde el número de rastreadores sea mayor, allí donde se multipliquen los PCR, se detectarán más contagios. La estadística seria, según afirman los expertos, es la de los fallecidos. »
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« Pues bien: el miércoles 7, Madrid ocupó, entre las Comunidades Autónomas, el lugar 9 de fallecidos a causa de la Covid-19 por cada 100.000 habitantes, por detrás de Melilla (1,18), Extremadura (0,85), Castilla y León (0,83), Castilla-La Mancha (0,49), Navarra (0,46), Valencia (0,22), Asturias (0,10), Andalucía (0,09), Madrid (0,09); el jueves día 8, Madrid ocupó por el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes a causa de la Covid-19, el puesto 14, entre las CCAA, por detrás del País Vasco (1,37), Castilla y León (1,25), Navarra (0,61), Castilla-La Mancha (0,44), Extremadura (0,38), Andalucía (0,28), Baleares (0,25), Galicia (0,19), Murcia (0,13), Valencia (0,12), Aragón (0,08), Cataluña (0,05), Canarias (0,04), Madrid (0,04). Posteriormente al Consejo de Ministros, la suma de los tres días del puente, 10, 11 y 12, sitúa a Madrid en el puesto 9: Murcia (6,31), Melilla (2,37), Castilla-León (1,52), Ceuta (1,19), Navarra (1,07), La Rioja (0,95), Aragón (0,83), Extremadura (0,75), Madrid (0,70). »
La calidad de los datos de este gobierno desquiciado por el odio es pésima , su gestión se identifica con las cifras macro que llevan a pensar en un estado fallido.
El 70% de la deuda emitida la compra el BCE , el pesimismo se enseñorea de nuestras calles y de mientras la agenda política del gobierno avanza a galope hacia un pasado de horror reforzando la posición de quienes confiesan querer destruir nuestro estado mediante la miserable alianza frankenstein.
El mundo al revés ; la decadencia programada. ¿ Quién quiere invertir en España con semejantes garrulos ?
Urge una auditoría externa de este gobierno loco que nos lleva al desastre y
que necesita ser intervenido por el resto de europeos , antes de que sea demasiado tarde.
Incisivo inciso
Solución para que los bares restaurantes pubs y discotecas permanezcan abiertos,en caso de pandemia ,se les habilitará como lugar para que los universitarios reciban sus clases magistrales.
Los locales con más aforo se dedicarán a los estudiantes de escuelas e institutos para que no practiquen los botellones en la calle.
Tapas gratis con cada cerveza.
Pan y ailoli, con aceitunas y postre incluido en el menú
Y después de las bobadas , los datos insobornables que son los que se indican más arriba .
Y de propina estos :
Normativa básica de igualdad salarial
El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a la no discriminación está reconocido expresamente en el art. 14 de la Constitución Española (“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”). Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, garantiza, en su art. 5, el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas.
Además, el Estatuto de los Trabajadores recoge en su art. 28 que “El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla.”
Por último, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, modifica el art. 28 del Estatuto de los Trabajadores, introduciendo en nuestro ordenamiento el concepto de “trabajo de igual valor”, y regulando la obligación del empresario de llevar un registro salarial de su plantilla y el derecho de las personas trabajadoras a acceder al mismo, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, de acuerdo con la Recomendación 2014/124/UE, de la Comisión Europea, 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia.
En el ámbito europeo, la igualdad de retribución también se configura como un derecho y un principio fundamental recogido expresamente en el Artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo 141 TCE), en las directivas comunitarias (Directiva 75/117/CEE, Directiva 79/7/CEE del Consejo, Directiva 86/613/CEE, Directiva 92/85/CEE, Directiva 2002/73/CE, Directiva 2006/54/CE) y en el Artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, destacando la labor de interpretación desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al concepto de igualdad retributiva.
Desde 1951, a escala internacional, el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al objeto de promover y garantizar la aplicación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, obliga a los Estados a garantizar la aplicación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo no solo igual, sino también de igual valor.
En todas la empresas que me han contratado siempre se ha respetado este principio ; cosa distinta es la brecha salarial , un conjunto de realidades sociolaborales que anclan en su origen las desigualdades. Volvemos a la historia y su recusación vía decreto.