Dávid Rodríguez Albert
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya acaba de implantar un programa piloto de acompañamiento a la convivencia, consistente en la introducción de agentes de los Mossos d’Esquadra en ciertos institutos públicos. La medida ha provocado un gran revuelo, y más teniendo en cuenta que la comunidad educativa está en pleno proceso de movilizaciones para reivindicar la reversión de los recortes que se han producido durante los últimos años.
El anuncio se ha producido en un marco de opacidad difícilmente justificable. No existe un desarrollo normativo claro ni documentación suficiente sobre objetivos, límites o despliegue. La información ha llegado de forma fragmentada, mediante circulares o filtraciones, sin debate público ni participación real de la comunidad educativa. No es un detalle menor, sino un síntoma del modo en que se toman las decisiones sobre educación.
Esta forma de proceder entra en tensión con el marco normativo vigente en Catalunya, que insiste en la centralidad de la convivencia, la cultura de paz y la gestión pedagógica de los conflictos. La escuela no se concibe como un dispositivo disciplinario, sino como un espacio donde el conflicto se trabaja y se transforma en aprendizaje. La introducción de actores policiales desplaza esta lógica hacia una gestión del orden.
Pero el debate no es sólo normativo. La comunidad educativa viene señalando una acumulación de tensiones estructurales que ya no pueden ignorarse, como por ejemplo el aumento de la diversidad del alumnado, el incremento de las necesidades educativas específicas, la sobrecarga burocrática del profesorado o la precariedad de los apoyos recibidos. Es imprescindible más personal de educación social, psicopedagogía, enfermería escolar y mediación, como figuras ampliamente reclamadas y sistemáticamente insuficientes. La respuesta institucional, en cambio, no refuerza este entramado, sino que introduce un dispositivo externo ajeno al campo educativo y vinculado a la lógica securitaria.
Este desplazamiento no es neutro. Supone un giro en la manera de entender la convivencia, que se inserta en una visión neoliberal y reaccionaria del modo de gestionar lo público. En este contexto, la entrada de la policía en los institutos representa un síntoma más de la degradación en la forma de entender los aspectos sociales. Cuando el sistema se tensiona por falta de recursos, la respuesta de la Generalitat no consiste en reforzar lo educativo, sino en introducir mecanismos de contención.
A ello se suma el terrible efecto simbólico de la medida. En algunos casos los centros afectados concentran alta diversidad social o alumnado en situación de importante vulnerabilidad. Esto introduce un riesgo de estigmatización, al asociar determinados perfiles con la necesidad de vigilancia. Una vez más, se desvía el centro de la educación y se desplaza hacia la seguridad. En una sociedad en la que las desigualdades van en aumento, se culpabiliza a la víctima en lugar de resolver el problema de fondo con políticas sociales coherentes.
El sistema educativo concentra hoy tensiones derivadas de procesos sociales más amplios, que incluyen la precariedad laboral, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la crisis aguda en el acceso a una vivienda digna, los problemas crecientes de salud mental, la fragilidad de las redes comunitarias o las trayectorias migratorias complejas. Todos estos factores convergen en la escuela, que funciona como un espacio de absorción de conflictos no resueltos en otros niveles.
Frente a ello, una parte significativa del mundo educativo insiste en la idea de que la convivencia no mejora con un incremento de la vigilancia, la disciplina y el control, sino con más recursos, estabilidad de equipos y refuerzo de los apoyos profesionales. Las reivindicaciones del personal educativo están sobre la mesa con más fuerza que nunca, con la demanda de reducción de ratios, estabilización de plantillas, ampliación de equipos psicopedagógicos y sociales, y políticas de inclusión. No es una demanda corporativa, sino una condición clave para mejorar la educación y el conjunto de la sociedad.
En última instancia, lo que está en juego no es la presencia policial en los institutos, sino el modelo de escuela pública en un contexto de cambio social. Una escuela democrática requiere confianza en lo educativo, no su sustitución por lógicas de control. Cuando la respuesta a los conflictos estructurales se desplaza hacia la securitización del espacio escolar, lo que se modifica no es solo una política concreta, sino el horizonte mismo de la educación pública.