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El ruido de las portadas y el griterío de las tertulias es ensordecedor, al albur de un auto judicial basado en un informe policial, que han venido ambos a “demostrar” lo que la derecha ha venido denunciando desde hace años: Zapatero es un corrupto de tomo y lomo que ha defendido la dictadura bolivariana para lucrarse inmensamente con ello, incluida una mina de oro en Venezuela, numerosas propiedades inmobiliarios, etc.

Vaya por delante que si Zapatero se ha corrompido seré el primero en apoyar que salde sus cuentas con la Justicia como todo hijo de vecino, aunque seguramente me queje amargamente de que otros se hayan ido de rositas. Pero nunca diré que dada la doble vara de medir, “los nuestros” deberían también salir impunes.

Pero para que Zapatero sea corrupto tiene que haber participado en un delito. ¿Qué delito? Cualquiera pero del que se le acusa es el de haber dirigido una organización criminal que se ha lucrado con el rescate gubernamental de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra. Ahora bien, el rescate de Plus Ultra ya había sido objeto de resoluciones judiciales que indicaban que no había ningún indicio de irregularidades en la decisión gubernamental. Sin embargo, posteriormente han surgido nuevas informaciones que apuntan a que los directivos de Plus Ultra que recibieron el rescate movieron el dinero de aquí para allá de forma al menos sospechosa y pueden haber cometido delitos como el de blanqueo de capitales. Ni siquiera los más osados acusan a Zapatero de tener algo que ver con dichos movimientos.

Pero parece que además, los directivos firmaron un contrato para pagarle una comisión de un 1% a “Julito”, un conseguidor armadanzas que se había hecho amigo de Zapatero en años anteriores. Y que, como está admitido por el propio Zapatero, montó una sociedad mercantil a través de la cual se le encargaron una serie de informes por los que facturó una cantidad de entre 400 y 500 mil euros desde 2020 a 2025, es decir, a razón de 80 a 100 mil euros anuales, es decir, entre 6 y 8 mil euros mensuales brutos. Todos ellos declarados religiosamente por Zapatero a Hacienda en concepto de IRPF. Por los datos que se conocen, parece que, además, la empresa de las hijas de Zapatero facturó unos 800 mil euros adicionales durante el mismo periodo, por actividades relacionadas con las actividades de su padre, es decir unos 160 mil euros anuales, es decir, 13 mil euros mensuales brutos. Podría ser que dichas cantidades sean desproporcionadas – es decir, estar por encima del precio de mercado – para las prestaciones realizadas por dicha empresa, en las que por lo que yo sé el Auto judicial no entra en detalle. Pero ni los más osados niegan que la empresa de las hijas es una sociedad con actividad real y con las cuentas con Hacienda al día.

Recapitulando, incluso en el supuesto de que Zapatero, que figuraba como apoderado en las cuentas bancarias personales de sus dos hijas, hubiera sido el beneficiario de todo los ingresos relacionados con sus actividades profesionales, estamos hablando de una cantidad de alrededor de 20 mil euros mensuales brutos, de los que habría que descontar lo cotizado por él mismo en concepto de IRPF y lo que hayan debido tributar por el Impuesto de sociedades la empresa de sus hijas y ellas mismas por sus salarios en dicha empresa.

Hay una diferencia sustancial entre los dos millones de euros que se dice que cobró Zapatero por su liderazgo de una organización criminal con los 12 mil euros mensuales netos que parecen haber ingresado Zapatero y sus hijas durante los últimos años. Y no olvidemos que Zapatero renunció al Consejo de Estado y salario asociado precisamente para poder prestar servicios profesionales libremente.

Volvamos a lo del liderazgo de la organización criminal. Aun asumiendo que el tal “Julito” haya cobrado un 1% del rescate de Plus Ultra (algo más de medio millón de euros), dado que los tribunales no han encontrado hasta ahora ningún indicio de que su concesión haya sido objeto de tráfico de influencias o cohecho, no parece que dicha comisión sea delictiva en sí misma, con independencia de que haya sido declarada correctamente desde el punto de vista fiscal. Pero la acusación contra Zapatero parte de la base de que él se repartió con el tal “Julito” – o se llevó la parte del león – de dicha comisión.

Por su parte, Zapatero asegura que él no hizo ninguna gestión ante ninguna autoridad sobre el rescate de Plus Ultra y que por supuesto no cobró nada por actividades que no realizó. La UDEF en cambio sospecha que sí lo hizo a partir de las transferencias recibidas, deduciendo que las actividades profesionales de Zapatero y las de la empresa de sus hijas son ficticias. Y el juez de instrucción, como también la fiscal de caso, asumen íntegramente dicha sospecha por más que no haya ninguna prueba al respecto. Sí parece haber rastros de múltiples conversaciones entre terceros relacionados con Plus Ultra sobre la necesidad de involucrar a Zapatero en la operación. Y también sobre la posible constitución de una sociedad mercantil en Dubai por parte del tal “Julito” que se sospecha pudiera servir para recibir los fondos de la comisión de forma opaca en el extranjero. A este respecto, el vocerío mediático “informó” de que había “correos” de la secretaria personal de Zapatero a un colaborador de “Julito” que confirmaban la voluntad de Zapatero de participar en dicha mercantil en Dubai. Pero cuando se levantó el secreto del sumario ayer quedó patente que el único correo relevante de la secretaria de Zapatero es uno en el que confirma la reserva de una mesa para comer Zapatero y el ínclito “Julito” en un restaurante de Madrid sobre las mismas fechas. De lo que se deduce que acordaron la constitución de la sociedad en la comida. Pero no hay ninguna prueba al respecto. Se desconoce también si la mercantil en Dubai llegó a constituirse y todavía más si ingresó la comisión del 1% por Plus Ultra. Y por supuesto no hay ninguna prueba, siquiera indicio real, de que Zapatero haya finalmente participado en dicha sociedad, si es que se llegó a constituir.

Por lo que parece de recibo volver a preguntar ¿qué delito?

Sigamos con los indicios. Parece que hay correos y otros indicios – en concreto una Letter of Intent de una empresa china – de que Zapatero pudiera haber mediado para una compra de petróleo venezolano por parte de la susodicha empresa. Ignoro si medió o no pero por lo que he podido leer de la documentación del caso, no he encontrado tampoco ningún indicio de que así haya sido. Pero en todo caso, tal intermediación sería perfectamente legal y lo único relevante sería que hubiera ingresos no declarados. Pero tampoco hay ningún indicio que Zapatero recibiera ningún ingreso de manera opaca, ni en España ni fuera.

Luego está la hipoteca de medio millón de euros que canceló anticipadamente once meses después de comprar un terreno en Madrid. Es decir, que dicho terreno se compró en 2024 con una hipoteca lo cual es extraño dados los ingresos desmesurados que Zapatero llevaba años recibiendo por sus actividades corruptas, incluida la pasta que debía haber recibido por su parte de la comisión por el rescate de Plus Ultra, que recordemos tuvo lugar a principios de 2021. Pero es que, además, la cancelación anticipada de la hipoteca tuvo lugar después de que Zapatero y su esposa vendieran su chalé de Aravaca, yéndose a vivir de alquiler. Es decir, de nuevo ¿qué delito?

Y finalmente están las joyas encontradas en la caja fuerte “oculta” del despacho de Zapatero. Dejando de lado que no conozco ninguna caja fuerte que no esté oculta, podría tener sentido que al vender su chalé e irse a una casa de alquiler que no tuviera caja fuerte, la pareja decidiera aprovechar la caja fuerte del despacho de él para custodiar sus joyas. En cuanto a su origen, la secretaria de Zapatero declaró cuando el registro policial que provienen de herencias familiares y regalos de viajes. Dichos regalos son ilegales mientras se tiene un cargo oficial pero no si no se tiene así que de nuevo, ¿qué delito?

Repito, si Zapatero cometió algún delito, deberá pagar por ello, como también su mujer, sus hijas o su secretaria, como todo hijo de vecino. Pero mientras no se sustancie ninguna acusación, no solo prima la presunción de inocencia de todos ellos sino que parece que estemos asistiendo a una quema pública inquisitorial de alguien que molesta políticamente. Con el evidente propósito de anularle políticamente y asestar un golpe a la línea de flotación del Gobierno de Pedro Sánchez, verdadero objetivo de la operación, por lo que no es de extrañar que el foco haya pasado a su necesidad imperiosa de convocar elecciones sin dilación, no vaya a ser que el ruido y la confusión se disipen cuando emerjan los hechos y Zapatero salga indemne de todas las acusaciones.