Alfonso Salmerón

En esta ocasión me van a permitir que vuelva a escribir acerca de Catalunya. Como ustedes saben, acabamos de vivir un nuevo capítulo de esta especie de serial televisivo en el que se ha convertido la política catalana, cuyos guionistas ya no saben qué inventar para mantener la audiencia en un share respetable. Investidura fallida ha sido el título del último episodio. Aragonés se ha quedado compuesto y sin novio a las puertas del altar en la que la maestra de ceremonias, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, parecía a su vez, la más interesada de todos en que la nueva legislatura no echara a andar. El reloj vuelve a ponerse en marcha. Si no hay acuerdo, en dos meses volverían a convocarse elecciones de nuevo.

No parece que esto vaya a ocurrir, pero tratándose de Catalunya, y en los tiempos que corren, vaya usted a saber. Venimos de un gobierno que se vio abocado a convocar elecciones después de ser incapaz de ponerse de acuerdo en elegir un nuevo presidente tras la más que previsible, tal vez premeditada, inhabilitación de Torra. Una vez celebradas las elecciones, los dos actores políticos parecen seguir en el mismo lugar. No hay acuerdo. ERC ha ganado la partida a JXC pero estos se reservan el derecho a veto, arropados por el santo y seña de la liturgia indepe, un President en el exilio, y un fantasmagórico Consell de la República, a quienes debe someterse y rendir pleitesía Aragonès si es que quiere ser investido.

Para los neoconvergentes, su bloqueo a la investidura ha sido fundamentalmente una cuestión táctica. Una pantalla, siguiendo los símiles a los que tan acostumbrados nos tienen, que había que pasar para recordarle a los republicanos quién manda en el cotarro. No en vano, así lo afirmaban horas antes de la investidura los portavoces de Junts. El problema no es el programa ni el gobierno, sobre eso nos pondremos rápidamente de acuerdo, venían a decir. Quieren un pacto de legislatura. O sea, trazar las líneas maestras de un nuevo marco mental que encuadre y delimite la acción de gobierno. Es decir, que el poder que ostente el gobierno elegido, que emana del sufragio universal, quede supeditado al sanedrín de Waterloo. A esto se le llama pervertir, una vez más, la realidad. Precisamente en nombre de la soberanía, socavar el principio de autonomía de las instituciones democráticas. Algo a lo que no debiera ceder de ninguna quien realmente aspire a representar la voluntad popular expresada democráticamente a través de las urnas.

Si nadie lo remedia, caminamos hacia una nueva legislatura fallida, en la que los grandes anatemas y los equilibrios en el seno del independentismo pasarán por encima de las prioridades y de las urgencias que tiene la sociedad catalana. Y eso que la cosa no empezó mal del todo. El discurso de investidura de Aragonés apuntaba en buena medida cuáles son esas prioridades. El candidato republicano trazó en su discurso tres grandes ejes: respuesta sanitaria a la pandemia, recuperación económica y protección social, sintonizando perfectamente con la inmensa mayoría de la opinión pública. En su discurso además, podían encontrarse serios guiños al programa político del gobierno de coalición en Madrid, y por lo tanto, bien podría ser asumido por los comunes, e incluso, en no pocos aspectos, también por el PSC,

Por otra parte, en lo referente al proceso independentista el presidenciable formuló algunas cuestiones que apostaban más hacia una invitación a una tentativa de resolver el conflicto que a la perpetuación del mismo. Amnistía y referéndum acordado es lo mínimo que se puede esperar de un partido que tiene a su presidente y a varios de sus más destacados dirigentes en prisión a causa de los idus de octubre. Es una propuesta, además, anclada en la salida democrática, y por tanto, inclusiva, que requiere del acuerdo, entre los catalanes primero, y con el gobierno del Estado, después. Éste parece ser en realidad, y dicho sea de paso, el meollo del desacuerdo con Junts. La corte de Puigdemont sigue apostando por la esterilidad de la vía unilateral. Sin embargo, aunque todo el mundo sabe que esta vía conduce hacia la nada, la falta de respuesta por parte del gobierno del Estado al envite de Aragonés, podría abocar a éste a los brazos de aquél, perpetuando este bucle infinito. Como no hay acuerdo posible con España, la única vía es la unilateral, y como la vía unilateral conduce de nuevo a un infructuoso choque con el Estado, se apelará de nuevo a un diálogo al que ambas partes se negaron de partida. Y así indefinidamente.

En esas estamos en Catalunya. Un amigo republicano al que supongo lo suficientemente informado se confesaba muy pesimista, poco después de la investidura, con el ejecutivo de Sánchez, sostenido por una mayoría de la cual forma parte ERC precisamente. Este amigo argumentaba que el inmovilismo de los socialistas les estaba poniendo muy difícil aguantar el pulso con los postconvergentes.

En mi opinión estamos en un momento en el que se hace necesario volver la vista a las cuestiones nucleares para tratar de atisbar soluciones radicales en su sentido más etimológico, porque atrapados en tantas jugadas maestras del tacticismo procesista hemos acabado por disociar la cuestión catalana del enorme problema democrático que la nutre. Lo cierto es que pese a quien pese, el independentismo sigue ganando elecciones por mayoría absoluta, en votos y en escaños, sin que ello parezca interpelar al gobierno español. La solución a la cuestión catalana pasa por tratar de resolver este dilema democrático. Del 14 de febrero hasta la fecha no ha habido ni un solo gesto del gobierno en esa dirección. La táctica del ejecutivo parece seguir siendo la del desgaste, una línea que entraña el riesgo de que la situación se enquiste definitivamente, si es que no lo ha hecho ya, con el consiguiente perjuicio para la sociedad catalana en su conjunto, y para las clases populares en particular, amén de las implicaciones en la evolución de la situación política española.

En estos dos meses que quedan por delante pueden pasar todavía muchas cosas, aunque lo más previsible continúe siendo el apoyo de Junts a ERC. Sin embargo, existen otras opciones que desconozco si se han explorado lo suficiente. Todas ellas pasan por encontrar la complicidad del PSC-PSOE. Si bien es cierto que el escenario de un nuevo tripartito es un escenario poco realista en estos momentos, el veto republicano a los socialistas, que cabe interpretar como un nuevo gesto de cara a la galería, tampoco ayuda a la hora de buscar salidas. Pero existen, ya lo creo sí existen, otros escenarios más naturales, por decirlo de algún modo. ERC podría buscar sumar a su acuerdo con la CUP a En Comú Podem, por ejemplo. Sin ser una opción fácil, parece al menos la más plausible aunque requiera salvar al menos dos escollos importantes. Por un lado, necesitaría la abstención del PSC, un gesto acaso excesivo para quien ha ganado las elecciones, y por el otro, que la CUP levantara eso veto no escrito hacia el partido de Colau. Las desconfianzas de ambos grupos vienen de lejos. Salvo para algunos sectores cupaires que se movieron en dinámicas municipalistas, los comunes no son más que la versión moderna de la Iniciativa per Catalunya de toda la vida y forman parte más del problema que de la solución. Bien es sabido, por otra parte, que las desconfianzas y los prejuicios entre ambos grupos son de ida y vuelta y tienen no poca y suculenta historia. Suponiendo que esos escollos pudieran salvarse, ERC se enfrentaría ante la responsabilidad de romper la unidad de acción independentista, hecho que les llevaría a ser acusados de alta traición. Sobre ellos caerían todas las maldiciones bíblicas, y sin embargo, paradójicamente, sólo esa traición botiflera podría evitar que el independentismo acabe consumiéndose muy lentamente en el jugo de su propia impotencia. Y con él buena parte de las expectativas de futuro de toda una generación de catalanes y catalanas.

Volviendo al problema democrático. En Catalunya el independentismo sigue ganando elecciones, hecho que quiere decir que la mayoría de los electores catalanes optan por partidos, a izquierda y derecha del espectro político, que se presentan con un programa cuyo principal objetivo es la ruptura con España. Si la Constitución española permite a los partidos presentarse con un programa claramente independentista, ¿no es un contrasentido en todos los términos que una vez conseguida la mayoría necesaria dichos partidos no puedan aplicar la política para la cual han sido elegidos?

Ése es un fraude democrático que, se mire por donde se mire, debe empezar a resolverse. Aragonés ha situado la centralidad de su discurso en ese aspecto, reconociendo que necesita al gobierno español para encontrar una salida al mismo. Sánchez no parece estar por la labor, entre otras cosas porque sabe que un movimiento de esa envergadura toparía de lleno con la oposición del Estado profundo, el mismo que conserva poderosos resortes del antiguo régimen infiltrados en el aparato jurídico y administrativo del Estado.

En mi opinión, al independentismo no le queda otra que sostener el pulso con una propuesta de largo recorrido. Recoger el guante del indulto, que no es moco de pavo, si finalmente prospera, y trazar una estrategia de largo alcance, apoyándose en una mayoría más amplia que busque el apoyo de los comunes, para la cual es necesaria en estos momentos, la aquiescencia de los socialistas.

Y a todo esto, ¿qué ganan los socialistas? Con esta operación los socialistas comenzarían a dar solución a un problema político que compromete la idea de otra España posible a la vez que consolidarían una mayoría amplia capaz de proyectarse en las próximas décadas, liderando una segunda transición que deje atrás definitivamente los demonios del pasado, y profundice en los valores federales y republicanos implícitos en la propia Constitución. En definitiva, recuperar y modernizar la idea de una España de progreso que necesita del concurso de las nacionalidades del Estado, y de Catalunya en particular a quién debe interpelar y seducir más que nunca.

Mientras escribo estas notas, se ha sabido que la dirección de Junts ha decidido apartar a Alonso-Cuevillas de la mesa del Parlament. Esta decisión confirma las tesis de la deriva sectaria en núcleo duro del independentismo, y nos da todavía más la razón a quienes opinamos que ERC debe desmarcarse ya del camino que están tomando los acontecimientos. Ahora mismo, la prioridad en Catalunya pasa porque los republicanos tomen de verdad las riendas de la situación, miren hacia otras opciones de gobernabilidad y se dispongan a abrir una nueva etapa política marcada por la gobernanza de los problemas que realmente tiene la ciudadanía de Catalunya a la vez que sepa situar el problema catalán en la principal de sus contradicciones, la democrática, buscando amplios consensos en Catalunya que permitan interpelar con más fuerza a la sociedad española en su conjunto y al ejecutivo en particular. Hay una oportunidad que ni ERC ni las otras fuerzas democráticas de la izquierda catalana ni pueden ni deben dejar pasar. Catalunya necesita dar un paso adelante. Ara o mai.