Ariamsita 

El artículo que os traigo hoy viene a raíz de esta noticia de finales de febrero que rescatábamos esta semana en Twitter. En ella se habla de una nueva medida propuesta por el PSOE, aún por definir, relativa a la búsqueda de una mayor igualdad en materia de permisos de maternidad y paternidad. Medida que buscaría pasar de una situación  actual en la que la baja de maternidad es de 16 semanas y la de paternidad de solo 4 a un total de 16 semanas para cada progenitor. Estos permisos serían, a su vez, obligatorios e intransferibles.

Parece obvio que, de implantarse, la medida tendría efectos positivos en términos de igualdad, a falta de determinar el impacto de los mismos. En un contexto en el que la decisión de tener hijos sigue teniendo más costes a nivel profesional para las mujeres que para los hombres, parece lógico crear mecanismos que hagan más simétrica la toma de este tipo de decisiones, lo que en principio será deseable en términos de igualdad.

Por otra parte, nos encontramos no solo con una propuesta de aumento de igualdad en las prestaciones por maternidad, sino también ante un aumento de la generosidad del Estado del Bienestar, al quedar constante la prestación por baja de la madre y aumentar hasta en 12 semanas la del padre. No sabemos cómo pretende el PSOE financiar este aumento de generosidad del sistema, por lo que una estimación del coste sería deseable antes de seguir entrando en detalles, así como conocer qué otras políticas complementarias podrían llevarse a cabo.

El hecho de hacer de la prolongación de permisos parentales una prestación intransferible debería, en principio, reducir el desequilibrio en la distribución de la carga de la crianza de los hijos, que actualmente recae fundamentalmente sobre la mujer. Si partimos de la base de que la situación en el mundo laboral no es igualitaria entre hombres y mujeres, el hecho de que las bajas por maternidad y paternidad se igualen será un paso hacia reducir el sesgo que hace que los empresarios sean más proclives a contratar a un hombre que a una mujer en edad fértil por miedo a una baja de maternidad.

Sin embargo, podríamos preguntarnos hasta qué punto será esto eficaz, si tenemos en cuenta que que la franja de edad en la que los hombres pueden plantearse tener hijos será forzosamente más amplia que la de las mujeres, de modo que, a la hora de contratar, el eventual empresario será consciente de que un hombre puede retrasar más esta decisión que una mujer. En este sentido, nos planteamos que, si bien esta propuesta se trata de un paso hacia adelante, no deja de ser una medida parcial que no solucionará totalmente la asimetría entre hombres y mujeres frente la decisión de tener hijos. Sería necesario analizar también el riesgo de que la igualación de los costes -en términos de carrera profesional- para el padre y para la madre, mediante el aumento de los del primero, en la medida en que supone un aumento del coste global para la familia, acabe actuando como un incentivo negativo para las parejas trabajadoras a la hora de considerar tener hijos. 

Otro debate es el que nace de la presunta obligatoriedad de la medida, que podría justificarse por la situación de partida desigual a la hora de tomar las decisiones de la que hablábamos antes. El hecho de que se tratase de una prestación irrenunciable podría, probablemente, tener efectos positivos en la igualdad laboral de hombres y mujeres. Sin embargo, ¿justifica este posible aumento de igualdad, en principio no enorme, la intromisión en la libertad individual por parte del Estado que supondría el hecho de obligar a ambos progenitores a renunciar a su carrera durante los cuatro meses siguientes al nacimiento? Entiendo el papel del Estado a la hora de incentivar la igualdad y de crear los mecanismos y el contexto adecuado para que esta sea posible, pero me cuesta encontrar justificable la pérdida de libertades que acarrearía esta medida con la vaga justificación de una posible mejora en la igualdad.

Así, partiendo de la base de que la igualación de los permisos se trata de algo positivo, en términos tanto de generosidad del Estado como de igualdad, se abren preguntas interesantes con respecto a los otros puntos de la medida: ¿Estamos dispuestos a defender una “equiparación” a la baja de los salarios de hombres y mujeres, en aras de conseguir la igualdad?¿Es justificable el hecho de aumentar el coste profesional de tener hijos para ambos por reducir así la diferencia entre sexos? ¿Existiría algún otro modo de reducir esta diferencia sin necesidad de aumentar el coste de oportunidad para el padre?¿No deberían ser estos últimos los que, en función de sus carreras, decidan quién va a pasar más o menos tiempo en casa? O, más ampliamente, ¿hasta dónde tiene el Estado derecho a entrar a decidir en algo tan personal como lo es la gestión del tiempo con los hijos?