Juanjo Cáceres

En estos días de sugerencias literarias, que culminan este miércoles con la celebración de la Diada de Sant Jordi, me parece oportuno sumarme a las recomendaciones de libros para leer y lo hago animando a la lectura de este trabajo, recientemente publicado, del activista e investigador Jaime Palomera:

Palomera, J. El segrest de l’habitatge. Per què és tan difícil tenir casa i com això pot trencar la societat. Barcelona: Pòrtic,2025.

Se trata de un texto orientado claramente al público en general, de lectura rápida y fácil comprensión tanto de conceptos como de argumentos, que describe perfectamente en su título cuál es su propósito: dinamizar el debate sobre el estado actual del problema de acceso a la vivienda y poner sobre la mesa un conjunto de argumentos, que no solo ponen en cuestión las políticas de vivienda todavía vigentes y las realizadas a lo largo de las últimas décadas, sino que alerta del riesgo de vulnerabilidad que el encarecimiento del coste de la vivienda impone a sectores cada vez más amplios de la sociedad.

La estructura del libro consiste principalmente en un diagnóstico del pasado y del presente, que supone aproximadamente el 85% del texto y un capítulo final de propuestas, más condensado, que se alinean con política ensayadas en otros puntos de Europa o del planeta, algunas de las cuales ya van siendo señaladas en los capítulos anteriores. Todo ello en menos de 200 páginas, muy bien aprovechadas, elaboradas con una narrativa seductora y con una estrategia argumental bastante eficaz.

No voy a entrar en este momento en qué aspectos de lo comentado me pueden parecer más o menos objeto de discusión, sino que me limitaré a subrayar el acierto y la necesidad que supone poner sobre la mesa perspectivas distintas sobre esta cuestión, que contribuyan a desmontar los lugares comunes que hoy existen al respecto y que señale con firmeza cuáles son los principales factores que explican la situación actual y garantizan un mayor deterioro a largo plazo.

Los problemas derivados de lo desacertado de las políticas públicas de vivienda realmente existentes, de la permisividad que existe con la conversión de viviendas en apartamentos turísticos o de lo favorable que resulta convertir viviendas en objeto de inversión con un ánimo de lucro excesivo que acaba aterrizando sobre el precio de la hipoteca del comprador particular o de la renta de un inquilino, son graves y crecientes. Y ese escenario nutrido además de noticias falsas, en el que la alarma social que se genera es sobre el riesgo de ocupaciones, aun favorece más la falta de disposición a ofrecer a la población que lo necesita una vivienda, encareciéndose de paso todas las demás con la ayuda inestimable de todo tipo de mediadores inmobiliarios.

Pero precisamente por la gravedad del problema y por el papel negativo que juegan todo tipo de agentes -bancos, inmobiliarias, partidos políticos, instituciones…- son importantes las respuestas de tipo comunitario, es decir, aquellas que emanen de nosotros mismos. Unas respuestas que deben partir de la reflexión sobre un problema y del intercambio de experiencias vividas en el momento de ir a conseguir un piso, y que a su vez sean capaces de generar unas propuestas distintas, que obliguen a dar un giro a la lógica inherente en las políticas de vivienda. Eso es algo que libros como éste, organizaciones como el Sindicat de Llogaters y la red de activismo creciente que se extiende por la Península Ibérica persiguen con esfuerzo. Pero también son necesarios, en mi opinión, otros dos mecanismos de respuesta.

El primero tiene que ver con la necesidad de generar un mercado alternativo de viviendas, tanto de compra, como de alquiler. Un mercado que en cierta manera ya existe, porque, aunque no se diga, no son pocas las viviendas que se transmiten o se alquilan mediante acuerdos establecidos, únicamente, entre particulares; es decir, sin la intervención de agentes inmobiliarios. Tampoco son tan escasas las compraventas de vivienda al contado, que no provienen de fondos buitres ni de inversores particulares, sino que tienen como objetivo la compra de una primera vivienda y que responden, o bien a recursos obtenidos mediante herencia o ahorros, o bien a la transmisión paralela de otra primera vivienda.

En este mundo, que también existe, individuos, parejas y familias ponen en marcha sus conocimientos e imaginación, por un lado, para vender por sus propios medios, y por el otro, para acceder a la vivienda que necesitan o para huir de los ruinosos intereses que las entidades bancarias imponen durante un periodo temporal muy amplio. El conocimiento de cómo hacerlo y cómo actuar existe y puede ser compartido y adquirido, si bien sería deseable darle mucho más músculo social y generar un tejido organizativo más denso, que actuara más eficazmente frente a las ansias abusivamente mercantilizadoras de personas físicas y jurídicas.

El segundo mecanismo tiene que ver con la necesidad de que los individuos renuncien a ser un eslabón más en la cadena mercantilizadora. Ello no supone regalar pisos ni hacer alquileres gratuitos, pero sí que debemos tomar conciencia de que no podemos esclavizar a nadie por una renta de alquiler y de que, seamos la parte que seamos en una operación de compraventa, debemos actuar con responsabilidad ante la otra parte. No vale solo tener en cuenta lo que nosotros queremos ganar, sino lo que los demás pueden pagar. Tampoco es nada deseable poner en manos de terceros la gestión de ventas y alquileres, sin protagonismo alguno por nuestra parte, pues esa delegación es la fuente principal de enriquecimiento. Existen mecanismos de sobra al alcance de todos para no ser víctimas de las ambiciones, ni de los tejemanejes de nadie.

Este no ser parte del problema, sino de la solución, también implica apelar a la solidaridad familiar para que el acceso a la vivienda sea menos gravoso. Cada familia que tenga una estrategia para que un descendiente pueda acceder más fácilmente a una vivienda, es una persona menos expuesta a un riesgo de extracción abusiva de rentas, por lo que las familias han de pensar en el futuro de los más jóvenes y en lo que van a necesitar más adelante. Entre personas jóvenes y personas mayores existe una solidaridad intergeneracional que hace posible que con el trabajo de los jóvenes se paguen las pensiones de los mayores, pero estos hoy en día están tremendamente expuestos a no poder emanciparse antes de los 30 años y a no poder acceder a una vivienda con unas condiciones de adquisición o alquiler que no supongan una extracción abusiva de sus rentas salariales. Por ello es también imprescindible que la solidaridad con ellos se exprese.

Sería bueno detenerse en abordar otras aristas del problema, pero no tenemos tiempo para más. Disfruten de este libro o de cualquier otro y como tantas veces les han dicho a lo largo de la vida, sean críticos, tanto con lo que les cuentan, como con ustedes mismos. Feliz Día del Libro.