David Rodríguez Albert
En los últimos días, Amazon ha anunciado que planea eliminar aproximadamente 14.000 empleos a nivel mundial, lo que representa cerca del 4 % de su plantilla. Esta cifra podría llegar a 30.000 en los próximos años. En España podrían destruirse hasta 1.200 empleos entre las sedes de Madrid y Barcelona, en las que ya se ha abierto el correspondiente Expediente de Regulación. La compañía lo justifica como un proceso de “adelgazamiento” de su estructura organizativa, con el objetivo declarado de eliminar capas jerárquicas, reducir la burocracia, y “ser más ágiles” en la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA).
Cabe destacar que estos despidos no obedecen precisamente a una crisis de resultados. En el segundo trimestre de 2025, Amazon alcanzó unas ventas netas de 167,7 mil millones de dólares, con un crecimiento del 13% frente al mismo periodo del año anterior. En ese mismo trimestre, el beneficio neto fue de 18.200 millones de dólares, frente a los 13.500 millones en el segundo trimestre de 2024. Por consiguiente, la situación de la multinacional es más que boyante, y sus crecientes ventas y beneficios no justifican en absoluto la ejecución de los despidos.
Mientras tanto, el patrimonio neto estimado de Jeff Bezos se eleva, según Forbes, a la escandalosa cifra de 242.800 millones de dólares. Su riqueza se ha quintuplicado desde 2015, en un proceso de concentración de capital que supera todos los registros que se hayan visto en la historia del capitalismo. Para que nos hagamos una idea, el patrimonio medio de un hogar en Estados Unidos no llega a los 200.000 dólares, hecho que significa que Bezos tiene una riqueza 1,3 millones de veces superior a la de cualquier ciudadano. Ni los más fundamentalistas defensores del sistema económico actual pueden justificar semejante diferencia en los méritos de unos y otros, en una espiral de desigualdad que supera cualquier pronóstico que pudieran hacer los economistas clásicos. Y, en este contexto, Amazon deja a miles de personas sin trabajo.
Mientras en todas las facultades de economía se transmiten los cantos de sirena de la responsabilidad social corporativa, en los hechos se practica la lógica empresarial de toda la vida en el capitalismo global: priorizar la automatización sobre el empleo humano y externalizar los costes sociales y ecológicos. En 2019 miles de empleados crearon el colectivo Amazon Employees for Climate Justice y denunciaron públicamente que la empresa generaba residuos masivos con embalajes innecesarios y destruía stock nuevo. La respuesta de la corporación fue represiva: en 2020 despidió a los dirigentes de la protesta, algo que la autoridad laboral de Estados Unidos acabó declarando ilegal. Esta secuencia lo resume todo: mientras se habla de eficiencia y se anuncian despidos, Amazon defiende un modelo que genera toneladas de basura y emisiones, y además coacciona a quienes intentan corregirlo.
Tal como sostienen autores como Varoufakis, ya no estamos solamente ante el “capitalismo clásico” (producción mercantil, competencia y trabajo explotado), sino ante un nuevo modelo donde las grandes empresas son dirigidas por los señores feudales de las infraestructuras digitales, que ya no compiten dentro el mercado, sino que representan el mismo mercado. Bezos actúa desde una lógica tecnofeudal, donde el poder radica en ser el dueño del territorio digital, extraer rentas desde el mismo y tener el control absoluto sobre los vasallos que habitan en su dominio.
La automatización no provoca solamente la destrucción de puestos de trabajo, sino también la precarización del empleo restante y la intensificación de la presión psicológica sobre quienes sobreviven en la plantilla. Dentro de esta lógica, presentar la Inteligencia Artificial como un progreso inevitable oculta que la adopción de tecnología es una decisión estratégica que favorece la rentabilidad empresarial sobre cualquier otra consideración social.
Estos procesos parecen inevitables dentro de la lógica actual del capitalismo global, pero se puede y se debe intervenir desde los gobiernos. La reducción legal de la jornada laboral es una medida clave que eliminaría la necesidad de todos estos despidos, mejoraría la salud laboral, reduciría el desempleo estructural y repartiría de forma más justa los beneficios derivados de la productividad tecnológica. Se trata de una herramienta imprescindible para la redistribución y la protección social frente al coste humano de la automatización, aunque no lo vean así los partidos de la derecha reaccionaria en nuestro país.
La práctica de despedir en masa mientras se acumulan beneficios y fortunas privadas no es un imperativo económico, sino una elección política que ampara el actual modelo de capitalismo extractivo. Frente a ello hacen falta leyes, controles y presión social que prioricen la vida digna de trabajadores y la sostenibilidad ambiental frente a la concentración del beneficio. Las empresas pueden mejorar su logística sin destruir proyectos de vida ni convertir el planeta en un vertedero.