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La proximidad de las elecciones municipales ha propiciado que en los últimos meses se hayan abierto debates o emprendido acciones orientadas a reclamar el retorno a la gestión pública de ciertos servicios básicos. Es por eso que ayer, 1 de abril, se presentaba en Barcelona el Pacto Social por el Agua, un documento impulsado por la plataforma «Aigua és vida» y elaborado por diversas entidades de la sociedad civil,  al que también se han sumado diferentes partidos. Dicha acción coincide con otras presentaciones similares acontecidas en los últimos meses en España, siempre con el ánimo de señalar los perjuicios que la gestión privada del agua causa a los ciudadanos y comprometer a los partidos políticos a incorporar sus peticiones en los programas de las elecciones municipales. Entre sus diversos contenidos, resulta del todo interesante destacar algunas propuestas que nos conducen a reflexionar sobre ciertas cuestiones.

La plataforma «Aigua és vida» aprovechaba el Día Internacional del Agua, que tuvo lugar el pasado 22 de marzo, para señalar que Cataluña era líder en la privatización del agua. Dicha idea se deriva de la constatación que el 82,2% de la población catalana reside en municipios con alguna forma de gestión privada del agua, ya sea porque existen concesiones a operadores privados o porque existe un modelo de gestión mixto. Además, un 46% de los municipios estarían sometidos a una gestión totalmente privada de la misma, entre los que se contarían las zonas urbanas más pobladas, es decir, aquellas que ofrecen las mejores perspectivas de negocio a las empresas del sector. Así, si dividimos un mapa de Cataluña por la mitad, veríamos un predominio en la zona oriental (litoral) de los modelos de gestión mixto o totalmente privado, frente a un predominio claro de la gestión pública en la zona occidental (más interior). ¿Es ello malo? En varios sentidos sí y así lo cree dicha plataforma.

El principal problema tiene que ver con el precio. Según los datos de que se dispone, en el área metropolitana de Barcelona, los ciudadanos de municipios gestionados mediante modelos de empresa mixta pagan de media 1,824 euros por metro cúbico de agua, mientras que los de gestión pública pagan 0,95 euros. Algunos de los precios más bajos de la gestión pública corresponderían a municipios como Abrera (0,74 euros por metro cúbico) o Olesa de Montserrat (0,65 euros/m³). Se trata de diferencias sustantivas que encarecen y dificultan el acceso al agua al conjunto de ciudadanos, pero la privatización de la gestión del agua urbana o bien responde a una opción ideológica asociada a la voluntad de traspasar a manos privadas los servicios públicos o muy frecuentemente a paliar los desastres financieros en que se encuentran ayuntamientos y otras instituciones.

En este sentido cabe destacar las decisiones tomadas por la Generalitat de Catalunya. A modo de ejemplo, en noviembre de 2012 trasladaba a un consorcio liderado por Acciona la gestión de la sociedad Aguas del Ter y Llobregat por un periodo de 50 años, a cambio de mil millones de euros, en una decisión nada clara que ha sido denunciada por el otro aspirante, Aigües de Barcelona (Agbar), ante los tribunales españoles (habiendo ya alguna sentencia en contra del Tribunal Supremo) y la Secretaría General de la Unión Europea. En otra decisión polémica asociada a la necesidad de obtener ingresos, a mediados de 2014 el gobierno aprobaba la adjudicación al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de la mayor parte de las infraestructuras hidráulicas de titularidad autonómica durante 30 años, a cambio de 800 millones de euros pero también del traspaso a la AMB de una parte significativa del canon del agua, el cual pasaría a ser gestionado por Agbar, en detrimento de la Agència Catalana de l’Aigua, el ente público autonómico responsable de la gestión del agua. 

Hay que tener en cuenta que el carácter público o privado de la gestión del servicio también afecta a otra cuestión esencial: la consideración del acceso al agua como un derecho humano básico. Si así aceptamos esta idea, parece claro que nadie debe ser privado de acceso al mismo, incluidas, en tal caso, las familias que no dispongan de los recursos necesarios para ello. Es por eso que el no interrumpir bajo ninguna circunstancia el servicio de agua en los hogares es uno de los compromisos principales del documento, que prevé una dotación mínima de entre 60 y 100 litros por persona y día y la imposibilidad de cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente. Esta propuesta, que en un país como el nuestro podría parecer ciencia ficción, ya se aplica de hecho en Medina Sidonia (Cádiz), donde el servicio de agua se ha remunicipalizado y cuyo consejo de de administración estableció una dotación de 100 litros de agua por habitante y día mediante un fondo de solidaridad a las familias en riesgo de exclusión social que acrediten dicha circunstancia ante los Servicios Sociales.  Dicha empresa, por cierto, tiene como consejero delegado al primer teniente de alcalde del municipio, que es miembro de Izquierda Unida. Además, este objetivo forma parte de los programas electorales que para el año 2015 presentarán en sus programas y propuestas de rescate ciudadanos grupos como Izquierda Unida, Podemos o Iniciativa per Catalunya, entre otros.

En lo que a la remunicipalización se refiere, no se trata tampoco de una ocurrencia local sino de una práctica creciente en el contexto europeo, pues ha sido desarrollada en ciudades como París, Grenoble, Burdeos o Nápoles. Fuera de dicho ámbito también encontramos ciudades como Atlanta, Indianápolis, Buenos Aires o Johannesburgo. Motivos para ello son la falta de transparencia o incluso corrupción en las contrataciones, el aumento del coste de las facturas para el consumidor final, la insuficiencia de inversiones en las infraestructuras o incluso el empeoramiento del servicios. En Cataluña el ejemplo paradigmático podría corresponder a una pequeña población, Arenys de Munt, cuna de las consultas populares por la independencia, pero también referente en remunicipalización de la gestión del agua en Cataluña, como Montornés del Vallés o Figaró-Montmany.

Ciertamente el abordaje de todas estas cuestiones debe hacerse desde el ámbito local, pero algunos objetivos claves de la gestión del agua en el siglo XXI exigen de la intervención desde instituciones superiores, ya sea el gobierno autonómico, el central o la Unión Europea. Parece necesario que por lo menos las leyes autonómicas  que regulan la gestión del agua empiecen por considerar el acceso esta como un derecho humano y, lo que sería aun mejor, que prioricen la gestión pública del recurso. Del mismo modo, sea cual sea la titularidad de los servicios de gestión, el acceso universal al mismo debe estar garantizado y las empresas, como en el caso de cualquier otro suministro necesario para los hogares, deberían de asumir los costes en el caso de las familias en que se acredite fehacientemente su capacidad de impago o bien renunciar a la gestión de servicios básicos.

Finalmente, la noción de lo público no implica solamente la gestión desde las instituciones en lugar de las empresas, sino también la participación y el control ciudadano de la misma. Es por ello que el incremento de la participación ciudadana mediante la existencia de un sistema de indicadores inteligibles y accesibles,  la facilitación de mecanismos de consulta y reclamación y el control de los consejos de administración a través de un Consejo Social ampliamente participado por la sociedad civil son otras de las propuestas clave del Pacto.