David Rodríguez Albert
Los episodios de incendios forestales sufridos en España durante el verano de 2025 han dejado alrededor de medio millón de hectáreas quemadas, según las estimaciones del sistema Copernicus / EFFIS (Programa vinculado la Unión Europea). Las Comunidades Autónomas más afectadas han sido Galicia y Castilla y León. Hay que remontarse hasta 1994 para encontrar cifras similares, hecho que debería suponer una enorme preocupación.
En el noroeste de la Península Ibérica, las primaveras lluviosas favorecen un crecimiento abundante de la vegetación, mientras que los veranos cada vez más cálidos, impulsados por el cambio climático, crean condiciones propicias para que esta masa vegetal acumulada se convierta en un combustible ideal. Además, la agricultura ha estado en declive durante décadas y el aprovechamiento forestal es limitado, lo que contribuye a la acumulación de material vegetal que aumenta el riesgo y la intensidad de los incendios forestales en estas regiones.
Los especialistas recomiendan implementar una política forestal que incluya diversas medidas preventivas enfocadas en la protección de la población, junto con la realización constante de quemas controladas durante el invierno. Estas acciones permitirían disminuir, de manera selectiva, la cantidad de material combustible disponible para cuando ocurra un incendio. No obstante, hasta ahora los avances en materia de prevención han sido limitados y se han centrado solo en algunas iniciativas aisladas. Las quemas controladas siguen siendo muy escasas y las áreas forestales bien cuidadas, mediante pastizales o desbroces, representan una porción muy reducida.
Un aspecto destacable es la absoluta incoherencia en el discurso de la derecha y de la extrema derecha sobre este asunto. Queda suficientemente claro que no se pueden minimizar (y menos negar) los efectos del cambio climático. También es paradójico que nos hablen de constantes bajadas de impuestos y ahora aparezcan pidiendo muchos más medios para la extinción. Por último, resulta chocante que durante la DANA de Valencia lanzaran el fake de los pantanos franquistas, y ahora olviden interesadamente que las políticas franquistas en Galicia impulsaron los monocultivos de especies altamente combustibles.
Respecto al impacto de los incendios forestales, el humo generado por los mismos contiene partículas finas (PM2.5) que representan un riesgo significativo para la salud, aumentando la mortalidad de la población. Un estudio reciente del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) demuestra que estas partículas derivadas de incendios tienen un efecto más nocivo que otras partículas, sugiriendo que la mortalidad atribuida al humo de incendios está subestimada en un 93%.
El análisis se basó en datos de mortalidad de 654 regiones en 32 países europeos entre 2004 y 2022, combinados con mediciones diarias de PM2.5 vinculadas o no a incendios forestales. Los resultados indicaron que, tras la exposición a mayores niveles de estas partículas, el riesgo de muerte aumentaba en la semana siguiente, con incrementos del 0,7% en mortalidad general, 1% en mortalidad respiratoria y 0,9% en mortalidad cardiovascular por cada microgramo adicional de PM2.5.
Durante el período estudiado, se estimó que la exposición a corto plazo a estas partículas causó un promedio anual de 535 muertes en Europa, una cifra mucho mayor que las estimaciones anteriores basadas en suposiciones genéricas. Este hallazgo subraya la importancia de considerar el origen específico de las partículas para evaluar correctamente su impacto en la salud pública.
En definitiva, los incendios forestales no son solo una emergencia ambiental, sino también una amenaza directa a la salud de millones de personas y el reflejo de una gestión forestal claramente insuficiente. Mientras se acumulan los datos científicos sobre su impacto y aumentan las hectáreas quemadas, seguimos sin una estrategia sólida y coordinada de prevención. Ignorar el cambio climático o seguir haciendo política con discursos contradictorios no hará desaparecer el problema. Hace falta voluntad, inversión sostenida y una visión a largo plazo que priorice la gestión activa del territorio y la protección de las personas.