Ignacio Sánchez-Cuenca

El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ejerciendo los poderes que le otorga la ley, tras recabar los informes preceptivos de instituciones penitenciarias y de la fiscalía, ha decidido que el recluso Ignacio De Juana Chaos, por motivos humanitarios, cumpla lo que le queda de condena en régimen de prisión atenuada (técnicamente, segundo grado). Ante todo, resulta imprescindible subrayar, frente a las reacciones histéricas de la derecha y de tanto luchador anti-ETA sobrevenido, que la decisión del Ministro de Interior se hace desde el respeto más escrupuloso al Estado de derecho. El Gobierno no ha quebrado en ningún momento el Estado de derecho. El régimen de cumplimiento de condena era una decisión discrecional del Gobierno. Tan legal hubiera sido no pasar a De Juana al segundo grado como pasarle. El Estado de derecho no consiste en poner cara de perro y dar leña al mono. Se trata de que los poderes públicos cumplan la legalidad, eso es todo. ¿Ha hecho bien el Gobierno tomando esa decisión? Resulta muy difícil ofrecer una respuesta tajante porque se trata de un caso extremadamente complejo. Enumero tres elementos que contribuyen mucho a enmarañar el problema:

1. El protagonista de la huelga de hambre es uno de los asesinos más sangrientos, crueles y fríos de la historia de ETA, lo que ya es decir.

2. El asunto nace viciado por una sentencia incomprensible de la Audiencia Nacional condenando al terrorista a doce años de cárcel por la publicación de dos artículos de prensa en los que se vierten unas amenazas más o menos vagas. El propio De Juana había dicho cosas mucho peores durante los años noventa sin que la Justicia tomara cartas en el asunto. La sentencia de la Audiencia es corregida por el Tribunal Supremo con una reducción de la pena a tres años. El Supremo corrige parcialmente a la Audiencia y endosa toda la responsabilidad al Gobierno, pues queda en manos del Gobierno tomar una decisión sobre la forma en que el recluso debe cumplir el año largo de pena que le resta. Así los jueces se libran de sufrir el vapuleo que ya ha comenzado a experimentar el Gobierno.

3. La derecha y los medios de comunicación más reaccionarios han politizado este asunto hasta el límite, presentándolo como un duelo entre ETA y el Estado.

Si el preso hubiera estado cumpliendo condena por sus asesinatos, es evidente que el Estado habría adoptado una postura más intransigente. Igualmente, es preciso reconocer que si el preso no hubiera tenido el apoyo social del mundo abertzale, el Estado podría haber sido menos comprensivo con las razones humanitarias. Hay que recordar que en España dos terroristas del GRAPO murieron por huelga de hambre entre la indiferencia de la mayor parte de la sociedad.

¿Quiere esto decir que el Gobierno ha cedido indebidamente? Creo que no. En política, me parece, no se pueden tomar decisiones guiándose exclusivamente por principios abstractos. Tampoco atendiendo sólo a las circunstancias del caso. Es necesario combinar principios y circunstancias. El moralismo y el pragmatismo son por igual malos consejeros en la política. No se trata ni de pasar por alto las circunstancias, atendiendo sólo a los principios, ni de olvidar los principios limitándose a sopesar consideraciones instrumentales.

Creo que la solución en este caso pasaba por adaptar los principios a las circunstancias diabólicas que acompañaban a esta huelga de hambre.

En primer lugar, no es lo mismo que un recluso se deje morir en protesta por la condena derivada de unos asesinatos que en protesta por la condena derivada de un delito de opinión. Aunque técnicamente se haya considerado amenaza, desde el punto de vista político estamos hablando de dos artículos de periódico escritos desde la cárcel. El Estado tiene que modular la severidad de su respuesta a la gravedad del caso. Si hubiera habido motivos verdaderamente sólidos para la condena, habría tenido sentido que el Estado se hubiera arriesgado a la muerte por inanición del preso.

En segundo lugar, cuando se dice que el Estado ha cedido al chantaje de ETA, hay que dejar claro que no es lo mismo el chantaje habitual de los terroristas (“si el Estado no atiende nuestras demandas, seguiremos matando�) y el chantaje específico de esta huelga de hambre (“si se me mantiene preso por la publicación de dos artículos de prenso, me dejo morir�). En el primer caso el chantaje consiste en que el autor del mismo asesina a otras personas si el Estado no cede; en el segundo, es el propio autor del chantaje el que se mata a sí mismo. Son tipos de chantajes muy distintos, que plantean dilemas muy diferentes al Estado.

En tercer lugar, el Estado no está tan acosado por ETA como lo estaba en los años ochenta o incluso en el año 2000. Debido a que ETA ya ha renunciado a mantener un pulso con el Estado (abandonó la estrategia de guerra de desgaste hacia el año 1995), las acciones del Estado no pueden entenderse como fruto de la presión violenta. Es verdad que si De Juana hubiera sido un tipo que actúa por su cuenta, sin apoyos, el Estado no le habría prestado tanta atención. Pero eso no significa que el Estado se muestre débil concediéndole el segundo grado. En este sentido, no tiene por qué ocurrir que otros presos vayan a imitar la conducta de De Juana. Y si lo fueran a hacer, el Estado podría resistir el órdago. No todas las huelgas de hambre son iguales.

En cuarto lugar, el Estado tiene buenos motivos para, en estos momentos, tratar de evitar, desde dentro de la legalidad, que De Juana se transforme en un mártir. Ahora es un “héroe� para etarras y batasunos, pero “héroes� ya tenían muchos. Un mártir, en cambio, habría complicado muchísimo la situación política y podría haber reforzado las posiciones más duras en el seno de ETA.

En quinto lugar, las razones humanitarias, incluso con una aberración humana como De Juana, son atendibles. Siempre es una tragedia que una persona bajo vigilancia del Estado pierda la vida. Si se puede evitar, mejor.

Por supuesto, estas razones no son concluyentes y cada una de ellas resulta controvertida. Lo importante, no obstante, es no dejarse arrastrar por la retórica moralista de la derecha. Se trata de juzgar la combinación de principios y circunstancias. Es perfectamente lógico que otras personas consideren que estos dos elementos deberían haberse combinado en una proporción distinta.