Albert Sales

La semana pasada, el Instituto de Estadística de Cataluña publicaba una nota de prensa con el titular “La tasa de riesgo de pobreza disminuyó 1,9 puntos porcentuales en el año 2015 y se situó en el 19% de la población”. Esta nota dio lugar a titulares de prensa que celebraban el mayor descenso de la pobreza desde 2009 o que apuntaban benignas consecuencias de un supuesto cambio de ciclo económico.

A pesar de que, en la mayoría de los casos, los textos de las notícias no resultaban tan optimistas como los titulares, el marco de comprensión adoptado por la prensa era claro y directo: la pobreza remite con la mejora de indicadores macroeconómicos. Los matices aportados por expertos académicos o por representantes de organizaciones sociales no podían sino interpretarse como los comentarios de los aguafiestas incapaces de aceptar las noticias positivas, el toque crítico de quien siempre ve el vaso medio vacío. Y eso para quién se tomó la molestia de leer la prensa más allá del titular, porque si los titulares siempre han marcado la línea editorial de los diarios, en la era de twitter y las redes sociales, los marcos de comprensión de la realidad se generan a partir de frases de ciento cuarenta caracteres que se comparten viralmente sin entrar en los detalles de los largos textos que las acompañan.

En un contexto de desconocimiento por sobreinformacion, ¿cómo explicar las sutilezas de los indicadores estadísticos? De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida la tasa de riesgo de pobreza se reduce, y aumenta la renta media de los hogares (de 30.407 euros anuales en 2014 a 30.655 euros anuales en 2015). Pero el umbral de riesgo pobreza también se reduce. Es decir, los ingresos que marcan la línea por debajo de la cual se considera que un hogar está en riesgo de pobreza son inferiores en 2015 que en el año anterior. Esto sucede porque este umbral es el 60% de la mediana de los ingresos de los hogares. La referencia no es pues la media aritmética sino el hogar que se sitúa en el centro de la distribución de ingresos. Dicho de otro modo y a riesgo de simplificar demasiado: en 2015 hay que ser más “pobre” que en 2014 para ser considerado “pobre” porque, a pesar de haber crecido los ingresos medios de la población, la situación econòmica de la mitad de la población con menos ingresos ha empeorado.

A falta de un análisis más profundo, algunos indicadores refuerzan la intuición de que las posibles mejoras en la situación económica de los hogares se distribuyen de manera tan desigual como el propio impacto de la crisis: en la misma nota de prensa del Idescat se constata que la tasa de familias en situación de privación material severa sigue aumentando. Al mismo tiempo, la brecha de pobreza, un indicador que no se menciona casi nunca pero que mide la distancia en ingresos entre los hogares más empobrecidos y el propio umbral de riesgo de pobreza, no ha parado de aumentar desde 2009, reflejando el incremento de hogares sin ingresos.

Si la media de ingresos aumenta y la mediana disminuye, es altamente probable que la “mejora económica” se esté dejando sentir en la parte media alta de la distribución de ingresos, Justamente el sector de población vinculado a la economía del conocimiento, con mayor capacidad de influir en los medios de comunicación y de generar opinión. La diferente percepción de los procesos de empobrecimiento por parte de las clases vinculadas a la economía del conocimiento y los sectores sociales más precarios contribuye a reforzar la distancia social, la contraposición de intereses y la reproducción de estereotipos sobre quién permanece en la pobreza a pesar de que “la economía mejora”.

Combatir las caras más duras de la pobreza requiere políticas redistributivas y de garantía de derechos. Esperar que la mejora de los macroindicadores repercuta por sí sola en la mejora de las condiciones de vida de toda la población es fanatismo de mercado. No sucederá. Nos encontramos ante la consolidación de un modelo de gestión neoliberal de la pobreza en el que se renuncia a la lucha por la cohesión social y se opta por el control del conflicto social a través de la estigmatización y la criminalización y del reparto de ayudas fragmentadas y arbitrarias incapaces de impulsar proyectos de vida dignos.