Lluís Camprubí
Vaya por delante que si de mi dependiese hubiese hecho el incremento del 1,4% al 2% que propone el Plan en dos años, y no en uno. En toda decisión política de este tipo que tiene un componente de incomodidad siempre está la discusión sobre si es mejor ejecutarla en una sola vez o por tramos en varias veces. Aunque la sabiduría popular concluyó que es “mejor ponerse una vez rojo que varias colorado” seguro que hay dichos en sentido contrario que desconozco. Sabiendo y asumiendo la necesidad del incremento (para atender unas necesidades y unos compromisos no cubiertos) mi preferencia hubiese sido hacerlo a través de varios incrementos en sucesivos años. Principalmente por aquello de la gradualidad y la posibilidad de seguir haciendo pedagogía en la sociedad, y también porque haberlo realizado como se ha hecho, genera mayor dificultad de mantener el 2% en sucesivos años (2026,…) . No tengo una respuesta clara sobre cómo consolidar algo hecho como extraordinario y puntual en unos futuros presupuestos (que a la vez parecen difíciles de aprobar). Puede ser (y es razonable) que se haya optado por el “partido a partido” o el “cuándo lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente” en un contexto tan incierto.
Fruto de estas dudas, he intentado listar algunas consideraciones sobre el Plan para intentar entender su aceleración:
1. Aunque el ensamblaje del Plan parece hecho con urgencia, las necesidades y prioridades que asume no son improvisadas y responden a análisis hechos hace tiempo. Las amenazas y riesgos son diversos y explícitos. Esto es compatible con ir actualizando algunas necesidades en el futuro próximo.
2. El desglose por partidas y componentes incluye todos los aspectos que se han señalado como prioritarios en clave estrictamente estatal: convencional, amenazas híbridas/ciber y protección civil/dual. En armamentos/munición se tienen muchas necesidades y nuevos retos que hay que cubrir.
3. “Para salarios sí, para armamento no” no se puede sostener como criterio político (aunque sea comprensible en clave sindical). Las necesidades son en ambas dimensiones.
4. El 2026 es un año electoral. Lo que implica distorsión en todos los sentidos si se arrastra la discusión. Es legítimo y correcto no querer convertir esta cuestión en una de las centrales en el inicio del próximo ciclo electoral.
5. Las presiones de los actores con quién tenemos (OTAN) mancomunada / queremos (UE) mancomunar nuestra defensa son legítimas (aunque incómodas), no se pueden ignorar y hay que integrarlas como un factor más (no el único) en las decisiones.
6. Los otros países europeos con gastos sensiblemente más bajos al 2% (Italia y Bélgica) han anunciado incrementos significativos para este año. Convertirse en el outlier/rezagado implica quedarse fuera de las discusiones estratégicas.
7. Aunque este Plan atiende necesidades en clave estatal principalmente, es condición necesaria hacer el salto en gasto/inversión para poder negociar un enfoque comunitarizado europeo de la defensa.
8. Los porcentajes que están lanzando al debate voces relevantes en el ámbito son de máximos y no son nuestros números, pero hay que atender la llamada y compromiso a la armonización del gasto (aunque no sea el principal factor para asegurar la disuasión europea).
9. La necesaria comunitarización del Rearm Plan/Defence Readiness 2030 tiene unos tiempos más lentos que las preparaciones estatales (algunas de ellas potencialmente integrables a lo comunitario). Consolidar el “buy Europe” en el Plan es relevante.
10. No está asegurado que el Rearm/Readiness 2030 acabe pasando de lo intergubernamental a la integración comunitaria europea. Dependerá de la acción política. Sin embargo, haber resuelto los retos en clave estatal puede ayudar al salto comunitario.
La polémica del día.
«El manual de comunicación de crisis está súper estudiado y recomienda a los políticos no dar la cara si no tienen información valiosa que aportar. La situación no permitía salir [a hablar] mucho antes, porque además, tampoco había audiencia, muchas personas no tenían forma de recibir la información», señala Joan Navarro, sociólogo y profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Este es precisamente el argumento que han utilizado desde Moncloa. «El Gobierno comparece en cuanto tiene la información, (…) hemos sido absolutamente transparentes y hemos comparecido cuando hemos tenido información precisa», ha respondido este martes el líder del Ejecutivo. Lo que para las derechas es una «irresponsabilidad», para algunos expertos ha sido todo un acierto. «Las cinco horas de silencio son criticables e incluso golosas para la oposición, pero el trasfondo no hubiera cambiado, porque [desde el Gobierno] no tenían más información que dar y es importante no especular en estos casos. Es cierto que la población a veces necesita tener contacto directo para saber que las autoridades están al pie del cañón; podían haber designado a un portavoz para salir a tranquilizar a la gente, pero muchos hogares ni siquiera tenían acceso a un transistor», señala Amparo López Meri, profesora de comunicación política en la Universitat Jaume I de Castelló.
(Extracto de un artículo de Víctor López en Publico)
El artículo de Público es ridículo y servil. La dimisión de la Presidenta de Red Eléctrica es imperativa . El Gobierno nos miente en su “ mesianismo renovable “
( Jordi Sevilla dixit ) .
Compra pilas,Mr Mulligan…pilas bautismales,hace falta mucha «agua bendita»,para ahogar a Pedro Sánchez… JAJAJA…que nervios.
Vaya papelón el del gobierno. Me alegra comprobar que su fe se tambalea acudiendo al agua bendita . Intentar endilgar las responsabilidades del apagón a esa cosa no sé qué privada es la señal para empezar a solicitar la indemnizaciones por parte de los perjudicados .
(… ) * Más trampas y chanchullos: a las 14:50, dos horas después del colapso eléctrico, se improvisó la primera reunión lejanamente parecida a un comité de crisis. No fue en la Moncloa ni en ningún centro oficial, sino en la sede del recién bautizado «operador privado» Red Eléctrica.
Estos fueron los asistentes a esa primera reunión decisoria: Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Mónica García y Óscar López. Se supone que estaría también la anfitriona, Beatriz Corredor. Todos ellos, de la máxima confianza. Políticos de Goodfelllas, de los de navaja en mano y colmillo retorcido.
El lugar y el elenco elegidos son delatores en sí mismos. ¿Por qué el encuentro no pudo hacerse en la Moncloa y las comitivas gubernamentales tuvieron que desplazarse 22 kilómetros en medio del caos del tráfico en Madrid? Quizá porque Moncloa es un lugar menos discreto, especialmente cuando se pretende que esa cita de compadres y comadres cuente como una reunión formal del Consejo de Seguridad Nacional. Es más cierto que el tal Consejo no se convocó hasta transcurridas casi diez horas desde el síncope eléctrico del país.
De la primera reunión colusiva, urdida en la sede social de una compañía presuntamente privada, obviamente no hay actas. Pese al extraordinario interés de la superioridad política en manosear la hipótesis del ataque cibernético, el ministro de Exteriores y la directora del CNI, entre otros, recibieron una no invitación para el encuentro de Alcobendas. Menos mal que estuvo allí la vicepresidenta tercera y ministra del ramo (a la que, por su condición de rookie en ese club, no han permitido prácticamente abrir la boca ni asomar la cara desde el lunes). Al menos, hubo en la sala una persona con conocimientos sobre el sistema eléctrico.
Hay múltiples motivos para la perplejidad en el manejo público de esta crisis. Resulta asombroso que, en la misma pieza oratoria, pueda afirmarse que se ignora la causa del colapso, que todas las hipótesis permanecen abiertas y, a continuación, se garantice que el apagón no puede repetirse. Desconocemos el origen del problema y, por tanto, desconocemos también la solución; pero estén ustedes tranquilos porque yo les aseguro que esto no puede volver a pasar.
** ( extractos de Ignacio Varela en El Confidencial )