David Rodríguez Albert
El mutualismo tiene raíces muy profundas en nuestro país. En la Edad Media ya hay algunas pequeñas entidades incipientes, pero la organización más compleja del sistema tiene sus bases en las hermandades de socorro, en el siglo XVI, y los montepíos, en el siglo XVIII, destinados en principio a los militares. Después se amplió el sistema a los ministerios, tribunales y hacienda.
La creación de la MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) tiene lugar el 27 de junio de 1975, al final de la dictadura franquista. Aunque se vincula al ámbito público, permite al funcionariado escoger una cobertura a través de compañías de seguros privadas y el Estado financia parte del sistema mediante convenios con las mismas. Por tanto, no es una cobertura totalmente pública, ya que se desvían recursos públicos hacia el sector privado.
Tras un tira y afloja que ha durado unas cuantas semanas, las presiones que han ejercido las aseguradoras privadas han llevado al gobierno español, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a acordar un nuevo concierto con la MUFACE, con un aumento de las primas de un 33.5% acumulado en el período de tres años comprendido entre 2025 y 2027. Después de que el primer concurso realizado quedara desierto, se ha acordado un gasto total de 4.478 millones de euros, casi mil millones por encima de la cuantía actual.
Con esta nueva dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. Además, se ha incorporado un cambio en el cálculo de dicha prima. A partir de estos momentos, se pasa de una prima lineal a una de carácter incremental que se sustenta en los diferentes tramos de edad. En consecuencia, se está aportando más para asegurar a las personas de mayor edad, y menor cantidad para los más jóvenes.
Es destacable que esta medida se ha llevado a cabo tras la publicación de un informe preliminar realizado por la misma MUFACE y trasladado al órgano de contratación del ministerio. En el mismo, y tras enviar consultas que han sido respondidas por las aseguradoras privadas DKV y Asisa, se indica textualmente que «habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifican el incremento de la prima por parte de los operadores».
Diversas fuerzas políticas y colectivos en defensa de la salud pública llevan bastante tiempo insistiendo en que lo más adecuado hubiera sido la incorporación progresiva de los trabajadores públicos al Sistema Nacional de Salud, de la mano del Ministerio de Sanidad, pero el PSOE ha impuesto su posición y ha acordado la nueva licitación en el Consejo de Ministros celebrado este mismo martes.
Se ha perdido una oportunidad única para integrar al funcionariado en el sistema público de salud. Además, la supresión de cualquier forma directa o indirecta de desviación de recursos públicos hacia entidades privadas hubiera reforzado al sistema estatal, asegurando una mayor equidad y liberando recursos para mejorar la sanidad pública. Así mismo, esta eliminación de prebendas privadas podría ampliarse al ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y el MUGEJU (Mutualidad General Judicial). Una vez más, se ha dejado pasar una buena ocasión para reforzar el carácter público del sistema de salud.
« Estoy totalmente de acuerdo en que toda la población sea atendida por el sistema público, es algo deseable y más equitativo. Además, los empleados públicos, que trabajan para lo público y sustentan los servicios públicos, deberían ser atendidos en el sistema público de salud. Es lo lógico y razonable.»
El ministerio es un misterio y apenas tiene competencias por haberse transferido a las CC.AA. ( salvo Ceuta y Melilla ) .
Ha hecho muy bien el PSOE en no hacer caso a Sumar ( quien quería NO solucionar un problema sino defender lo que se cita más arriba ) y pactar una solución de compromiso ajustando las primas con las aseguradoras .
El hecho de que lo nuevos funcionarios elijan en el 79 % de los casos la Sanidad Pública dice mucho del deterioro y los límites de la Privada y del temor de los mayores a integrarse en un sistema público tensionado cuando por razones de edad utilizan más los servicios sanitarios.
Del mismo modo que el Ministro Cuerpo con el ritmo de aplicación en la reducción del tiempo de trabajo .
En realidad se demuestra que esta es una coalición disfuncional cuando se trata de las cosas de comer y opera de maravilla al ritmo de batucada carnavalera cuando salen a pasear con su niñas ,niños y niñes.
La X y Pedro Sánchez ( por JA Zarzalejos )
Cuando en los años noventa reventó el caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), fuentes gubernamentales adujeron que «no hay pruebas, ni las habrá». Las hubo y el ministro del Interior, José Barrionuevo y el Secretario de Seguridad, Rafael Vera, terminaron en la cárcel de Guadalajara. En la jurisdicción penal las pruebas son apreciadas por el instructor, primero, y por el Tribunal, después, «en conciencia», según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre qué significación tiene esta valoración existe abundante literatura y jurisprudencia del Supremo. Apreciar en «conciencia» puede llevar al Tribunal a absolver si alberga una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, pero también a formar un juicio de pleno convencimiento (‘íntima convicción’) sobre su responsabilidad criminal.
José Luis Ábalos y Koldo García, pese a la negación de cualquier veracidad en las declaraciones de Víctor de Aldama, no han conseguido evitar que el instructor de la causa en el Supremo haya solicitado el suplicatorio contra el exministro para que el Congreso permita investigarle por cuatro delitos. La razón es obvia: falta de credibilidad del encausado, por una parte, y concurrencia de pruebas, obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO), por otra, que llevan al magistrado a un estado de convencimiento suficiente sobre la existencia de indicios delictivos.
El pacto entre el Gobierno y Ábalos —después de que Pedro Sánchez se disculpase en el Congreso por la presunta corrupción del que fuera su más estrecho colaborador, al que expulsó del PSOE y de su grupo parlamentario— ha sido una estrategia de emergencia fallida. Tampoco será efectiva la maniobra de impugnar —lo ha hecho Ábalos y el fiscal general, Álvaro García Ortiz— las labores de investigación de la Guardia Civil en funciones de policía judicial.
Las defensas discursivas de los protagonistas de la trama se van cayendo una tras otra y quedan como mendaces personalidades secundarias que se han inmolado en una tarea tan menor como tapar las vergüenzas de determinados dirigentes. Son los casos, entre otros varios, de Reyes Maroto, que puede darse por liquidada en Madrid y de Esther Peña, la escasísima portavoz del PSOE, que ha negado toscamente la presencia de Aldama en la sede del PSOE cuando existen pruebas documentales que la acreditan. La más relevante hasta el momento, la fotografía publicada por El Confidencial en la que ese sujeto aparece sentado a la derecha del entonces secretario de organización del partido en la tercera planta de Ferraz. Añádase a la lista de mentirosas compulsivas, a la irredenta Pilar Alegría, que persiste en las falsedades en cada una de sus comparecencias.
El Gobierno y el PSOE, y en particular, Pedro Sánchez, están naufragando en su planteamiento, a veces, defensivo, a veces, ofensivo. Lo protagonizan, además, políticos sin preparación técnica, sin capacidad dialéctica, y caraduras como Óscar López que, además, no se ha enterado de que le han enviado a que ‘muera’ en Madrid a manos de Isabel Díaz Ayuso. En este contexto de tanta torpeza argumental, el caso más grave para Sánchez no es el de Ábalos, ni siquiera el de su mujer. El asunto más grave para la integridad moral de las instituciones del Estado y para su futuro inmediato es el que concierne a Álvaro García Ortiz.
La concurrencia del borrado del móvil del fiscal general —que muy posiblemente le granjeará un nuevo cargo penal— con el informe de la UCO que describe el contenido del teléfono de Juan Lobato, sitúan el trayecto de la presunta revelación de secretos para tumbar a una adversaria política, entre la sede de la fiscalía general del Estado en la calle Fortuny y la de la presidencia del Gobierno en la Moncloa. Con dos protagonistas, Álvaro García Ortiz y Pedro Sánchez y varios secundarios que habrían hecho el ‘trabajo sucio’: el actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín y su predecesor, Francesc Vallés, la jefe del Gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera y la directora de comunicación de la ministra Isabel Rodríguez, además de las fiscales Pilar Rodríguez y Almudena Lastra. Además, claro está, de Félix Bolaños y Óscar López, entre otros.
La precipitación crispada de Pedro Sánchez en exculpar al fiscal general de cualquier responsabilidad al conocerse que no aparecían, previo borrado, en su móvil mensajes comprometedores, además de mostrar una ignorancia palmaria de la significación penal de tal hecho, respondía, en realidad, a la necesidad del presidente del alejar de sí las rotundas pruebas que arroja el volcado del móvil de Juan Lobato y que permiten sostener que resulta altamente improbable que él no estuviera al tanto de la maniobra miserable que ejecutaron a pocos metros de su despacho sus colaboradores más cercanos.
La precipitación crispada de Pedro Sánchez en exculpar al fiscal general de cualquier responsabilidad al conocerse que no aparecían, previo borrado, en su móvil mensajes comprometedores, además de mostrar una ignorancia palmaria de la significación penal de tal hecho, respondía, en realidad, a la necesidad del presidente del alejar de sí las rotundas pruebas que arroja el volcado del móvil de Juan Lobato y que permiten sostener que resulta altamente improbable que él no estuviera al tanto de la maniobra miserable que ejecutaron a pocos metros de su despacho sus colaboradores más cercanos.
De manera tal que, por vía del dolo, o de la indirecta de la negligencia, Pedro Sánchez, en todos los asuntos, pero en particular en el de Álvaro García Ortiz, estaría en el vértice de la pirámide de la trama. De ahí, que, elevando la apuesta —estrategia ofensiva—, no solo afirmase en Bruselas la inocencia del fiscal general (o sea, la suya), sino que, además, reclamase que los medios y los denunciantes le pidieran perdón. Ahí, se pasó de frenada. Le hace mella ya a Sánchez la secuencia de golpes de realidad que, de momento, se niega asumir. Ya lo hará. Es cuestión de tiempo.