David Rodríguez Albert
El gobierno acaba de aprobar en Consejo de ministros la nueva cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI), que se sitúa en 1.184 euros para el año 2025. Esta cifra ha sido pactada con CC.OO. y UGT, y representa un incremento del 4,4% respecto del año anterior, y una significativa subida del 61% desde el año 2018, con el objetivo de situarlo lo más cerca posible del 60% del sueldo medio, tal como recomienda la Carta Social Europea. Cabe recordar que esta medida favorece fundamentalmente a las mujeres (el 66% de perceptoras del SMI) y a personas jóvenes.
El salario mínimo mensual está expresado en 14 pagas y en términos brutos. Esto quiere decir que si una empresa no abona pagas extraordinarias, ha de prorratearlas mensualmente y en ese caso el sueldo mínimo debe alcanzar los 1.381 euros. Obviamente, hablamos siempre de cantidades brutas, pues deben descontarse las cotizaciones a la Seguridad Social y, a partir de este año, la retención del IRPF, que es el elemento que ha dado lugar a un fuerte debate en el seno del gobierno de coalición.
Efectivamente, por primera vez en la historia el Ministerio de Hacienda ha decidido no incrementar el umbral de exención del IRPF de acuerdo con la subida del SMI, como se ha venido haciendo año tras año. A efectos prácticos, el 20% de los que cobren esta cuantía mínima deberán tributar, y los impuestos absorberán una parte de su aumento salarial. La justificación del PSOE es que la subida constante de este indicador ha hecho que llegara el momento en que debiera tributar.
Sin embargo, el fuerte debate que se ha abierto en el seno del Gobierno me parece completamente evitable y no contribuye en absoluto a mejorar su imagen en un sentido progresista. Lo más práctico hubiera sido mantener la exención y no dar pie a esta discusión en estos momentos, sobre todo teniendo presente que el debate sobre la sostenibilidad del sistema fiscal y la equidad debería centrarse en otros ámbitos de mucha mayor importancia política y social.
Desde mi punto de vista, la discusión pública debería enfocarse en otros elementos bastante más significativos. Por ejemplo, el conjunto de la clase trabajadora ha visto como la masa de los salarios ha perdido poder adquisitivo durante los últimos años. La inflación ha crecido por encima de los sueldos nominales desde el año 2020, destacando sobre todo lo sucedido en 2022, donde la inflación ascendió al 8.4% y el promedio de remuneraciones solo lo hizo en un 3.2%. De hecho, la influencia sindical sobre la determinación del SMI está siendo inversamente proporcional a la capacidad de negociación del conjunto de las nóminas en los convenios colectivos.
Esta pérdida de la capacidad de compra de la mayoría de la población contrasta con lo sucedido con los beneficios empresariales. Si atendemos a los datos proporcionados por los márgenes de ventas, estos se han movido constantemente por encima del 7% desde el origen de la pandemia, llegando a superar el 8% en el año 2024. Por consiguiente, los excedentes empresariales han ganado terreno a los salarios durante los últimos años, más allá de la indudable evolución positiva del SMI.
A todos estos datos sobre la actual distribución de la renta hemos de sumar el recurrente debate sobre la insuficiente progresividad del sistema fiscal español y la enorme bolsa de fraude que acumulan sobre todo las grandes empresas y las grandes fortunas. Teniendo presente todo este contexto, abrir el melón de la tributación del SMI me parece bastante desafortunado, y no creo que los potenciales votantes de un gobierno nominalmente de izquierdas lo vean como lo más prioritario en estos momentos.