Arthur Mulligan
La situación política en España a septiembre de 2025 está marcada con una especie de bloqueo institucional, debilidad parlamentaria, crisis superpuestas y casos de corrupción que afectan esencialmente al gobierno central y al PSOE. Resistir en estas condiciones, sin convocar nuevas elecciones, es cada vez más difícil y se están generando presiones desde múltiples frentes para que se acuda de nuevo a la urnas.
El gobierno de coalición depende de alianzas frágiles y, por el momento solo ha conseguido renovar el apoyo necesario para aguantar, el rechazo o bloqueo de los presupuestos generales del Estado parece inminente, y la tercera prórroga consecutiva sería un síntoma inequívoco de disfunción institucional.
Los empresarios y analistas institucionales señalan que las prórrogas presupuestarias sistemáticas son un peligro para la economía, la credibilidad institucional y el funcionamiento ordinario de la democracia. Se subraya que aprobar unos presupuestos es una prueba esencial de la capacidad de gobernar, y que bloquearlos debería traducirse en la convocatoria de elecciones para clarificar la situación.
Los casos recientes de corrupción han sacudido al PSOE y sus socios, quien pese al transcurrir del verano y a las divisiones y promesas de regeneración han decidido no adelantar elecciones hasta este momento, en que queda derrotada una vez más la propuesta cansina de la vicepresidenta Yolanda que con su afán de protagonismo no ha querido esperar mejores condiciones para traer su propuesta al Congreso.
Formalmente el gobierno ha declarado su intención a finalizar la legislatura y presentar unos presupuestos para 2026, aunque sea consciente de que muy probablemente no saldrán adelante, ya que el desbloqueo presupuestario depende de pactos políticos, concesiones estratégicas y, en última instancia, posibles salidas institucionales si el bloqueo persiste.
Ni reconstruir la mayoría de investidura, ni abrir el diálogo a mayorías alternativas, ni concesiones a demandas territoriales (tensiones con otros socios y dentro del propio partido de gobierno) parecen opciones realistas aproximándonos al final del ciclo. Tampoco una negociación exprés y presentación de nuevos presupuestos para 2026.
Algunos juristas contemplan la posibilidad de una salida institucional por bloqueo, porque si la situación se prolonga, cabría la impugnación constitucional de la prórroga presupuestaria sistemática, abriendo un debate sobre la legalidad y la legitimidad del gobierno para gobernar sin proyecto de cuentas propio.
En este contexto de alta inestabilidad los analistas ven difícil un acuerdo a corto plazo, lo que aumenta la presión para medidas excepcionales si no hay desbloqueo político. La negociación presupuestaria es el termómetro de la viabilidad de la mayoría gubernamental y, en España, tumbar unos presupuestos suele precipitar crisis de gobierno o adelantos electorales.
O sea, estamos peor que al inicio de vacaciones, y después de unos incendios pavorosos (recuerden ¿qué más tiene que ocurrir en España después del volcán, de una epidemia, de una Dana? y ahora esto), el salario más frecuente en España continúa siendo el salario mínimo y no es más bajo porque el gobierno se ha visto obligado a prohibirlo por ley.
La mitad de los afiliados a la Seguridad Social cobran menos de 25.000 € brutos anuales. Los salarios en España, descontando la inflación, no van bien y todo apunta que no irán bien tampoco en el futuro hasta que concentremos la inversión de capital y empleo en sectores que permitan pagar mejores salarios.
Las promesas de construir más vivienda social dada la indolencia del gobierno y de la administración en general corre la misma suerte que los actos conmemorativos del 50º aniversario de la muerte de Franco, un deslucido y cansino recorrido municipal y espeso de lugares comunes. El ciclo de construcción es muy lento, la burocracia es asfixiante en este sector y se tardará muchos años en construir el medio millón de viviendas necesarias, según el Banco de España.
Pero ahora mismo lo sustancial para Pedro Sánchez es el enorme peso que tiene el PSC en todos los ámbitos; nunca ha tenido tanta gente en tantos sitios y, en la medida que le vaya bien al PSC le va ir mal al PSOE. Tal parece que desea recomponerse sustituyendo el papel que anteriormente protagonizaba Pujol y el pujolismo.
Para ello, como pidiendo disculpas con toda su humildad, deberá diluir sus señas de identidad socialdemócratas en un nacionalismo de buen tono, educado en la tradición y orientar su representación a la cultura política de las élites extractivas catalanas que anteriormente representó CiU para dejar de representar la convivencia entre españoles y predicar el victimismo con Madrid y otras regiones. No sería arriesgado suponer un comportamiento desleal respecto a Sánchez en caso de una aceleración de su caída por una acumulación de frentes sin una salida digna.
En cualquier caso, las encuestas arrojan resultados en cierta manera paradójicos cuando se pregunta sobre medidas más duras en relación con los inmigrantes autores de delitos en los que comienzan a aparecer respuestas similares a las de los partidos de derecha en el electorado de izquierdas que son significativas por su transversalidad y alto porcentaje (56%) a favor.
Es difícil no concluir que el electorado en España se ha derechizado, algo bastante común en Europa, con una expectativa de 34,4 % a PP y 15,1 % a Vox, unos 197-206 diputados.
Ayer mismo ha vuelto a perder una votación esa inquieta Vicepresidenta después de que sus socios reclamaron más tiempo para presentar el proyecto de Ley ante el anuncio de Junts de que no lo aprobaría. Pero ella es así. Es un proyecto que exige otra negociación porque en opinión generalizada hay margen.
España no va bien, y el gobierno está consiguiendo cabrear a todos: a los usuarios de tren, a las CCAA con sus obscenas “quitas”, al Poder Judicial, a la OTAN, a los destinatarios de su política exterior, a las empresas del IBEX, a la comunidad Educativa, a la UCO, a los EE.UU., a Israel…
¡Todo un fenómeno!