Julio Embid
El otro día zapeando por los canales secundarios de mi televisión encontré un programa llamado “Divinity Home” que me horrorizó y por supuesto, no pude dejar de ver hasta el final. El argumento es que un matrimonio de rubios cincuentones de clase alta de Atlanta (EEUU) compraba una casa con jardín, garaje, salón y dos habitaciones por 180.000 dólares todo bastante destartalado. El objetivo del programa era reparar dicha casa, arreglar la cocina y convertir el sótano en otra habitación para venderla por más de 250.000 dólares y ¡ganar al menos 70.000 dólares especulando en una semana!.
Más allá de que la presentadora del programa les instase a no gastar mucho en la reparación para así ¡ganar más dinerito!, no me sorprendió en absoluto que todos los fontaneros y carpinteros fuesen latinos o negros y todos los compradores blancos. Lo grave es que no engañan a nadie y desde el momento van echando cuentas de cómo vender el producto y como sacar más beneficio. Es el capitalismo en estado puro. Como no creo que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sea especialmente caro en el Estado de Georgia resulta realmente rentable comprar y vender una casa en menos de una semana.
Hoy la subida del precio de la vivienda y la desregulación de las viviendas de alquiler turístico (que nunca son la vivienda habitual del que la ofrece) hacen que vuelva a ser uno de los grandes problemas de las grandes ciudades y que seguramente sea uno de los principales temas de las próximas elecciones municipales. El diario Expansión afirmaba ayer que en Madrid en el último año el precio de la vivienda ha subido un 15,6% y en Pamplona un 14,2%. Quizá sea hora de que los ayuntamientos abandonen sus políticas de gestos celestiales y empiecen a tomar medidas que optimicen la vida de las personas de clase trabajadora que vuelven a tener trabajo y no por ello viven mejor que antes. Y que los que somos afortunados dejemos de reírle las gracias a aquellos que compran y venden para sacar un beneficio a corto plazo de algo tan fundamental como un hogar.
Me va a perdonar Julio Embid al que respeto, el tono algo irónico del comentario pero en las ultimas 5 décadas en ESpaña se han probado a meter en vivienda el Gobierno central, las CCAA y los Ayuntamientos.
Se ha probado a la promoción directa, a la subvención de los costes, a la cesión del suelo, a las ayudas en el IRPF, a la promoción del alquiler con subvenciones directas, hubo hasta banca pública para al concesión de hipotecas, hasta hubo una sociedad publica para el alquiler, y lo mas curioso de todo es que ninguna de las mediadas anteriores podría considerarse como completamente fallida, pero tampoco como completamente efectiva.
Obviando algun disparate como venderlas a fondos buitre etc (gracias a la administración de Ana Botella), lo cierto es que yo no veo ninguna «clave». Bueno si, hacer un parque masivo de viviendas de alquiler social, como las que hubo en Alamenia, Austria etc..pero sin esperar tp gran cosa.
¿Estará habiendo practicas anticompetitivas?¿Se habrá reducido la oferta artificialmente? Todas esas cosas son las únicas que a mi me viene a la cabeza, lamentablemente porque el resto de opciones ya las tengo vistas.
A mí me parece injusto cargar esto a las espaldas de los ayuntamientos.
Por otra parte en sitios como Barcelona, y cómo tantas cosas o son políticas metropolitanas o son imposibles. Y además acompañadas de políticas de transporte.
Por último lo de Pamplona, no sé qué decir. Voy bastante por allí y los que conozco casi todos los de mi edad tienen pisos con algún tipo de protección y a unos precios que para alguien de por Área metropolitana de Barcelona lo flipas. En algún caso en lugares cómo Mendillorri que se convirtió en barrio o ya en «ciudades» casi nuevas como Valle de eguas que en bus no está nada lejos de Pamplona. Y pisos de 3 habitaciones y 2 baños. Ahora Navarra es una comunidad con solo el triple de habitantes que l’Hospitalet ( mi vara de medir) y más grande que el todo el País Vasco, …. Espacio y recursos. Ahora no sé cómo afectará todo eso al territorio.
Gran tema, y lo que veo como Laertes es parque público de alquiler. Y control para siempre de «la administración».
Blackstone ha comprado el mes pasado el 50,01% de Testa, la mayor Socimi española de viviendas en alquiler. Testa era propiedad del banco Santander y el BBVA, principalmente. Recomiendo a quien le interese el estudio de esta operación desde sus orígenes, muy representativa de lo que está pasando con la vivienda en las grandes ciudades.
Coincido con senyorG. También conozco bien Pamplona y me ha sorprendido el dato. Pamplona es una ciudad que a precios razonables puedes alquilar y/o comprar pisos y no se dan precios disparatados. Y eso que tiene un alto nivel de vida,
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Mi aplauso a la respuesta de Sánchez. Sigamos para bingo.
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Esto es una respuesta y no las simplezas de Sánchez. Por cierto , huele a elecciones.
( Félix Ovejero , El Mundo )
../.. « El Gobierno ha vuelto a poner en circulación un comodín ya manoseado: «buscar soluciones políticas al conflicto catalán». En cinco palabras, dos ambigüedades y un perímetro errado. La primera: la descripción del conflicto. Según algunos, el conflicto es el resultado de no atender las exigencias nacionalistas. Las razones de por qué habría que hacerlo no están claras. La explotación económica y la falta de reconocimiento de la identidad, tantas veces invocadas, son fabulaciones: Cataluña es una economía con respiración asistida y si hay una identidad despreciada es la de la mayoría de los catalanes que, para empezar, no pueden estudiar en su lengua materna. Algunos, creyendo precisar, dicen que los independentistas son muchos y que sus demandas están muy consolidadas. Un argumento que habría valido para los racistas en Alabama o los sexistas de aquí mismo. Que nadie se escandalice con la comparación. Estamos ante idéntico guión: unos cuantos reclaman limitar los derechos de otros en virtud de una característica, de su sexo, color de la piel o identidad. Tradicionalmente la respuesta política cabal consistió en combatir las ideas perniciosas sin que importara el número ni la fijación -incluso biológica- de los trastornos. El imperio y la pedagogía de la ley cumplieron su función. La gente cambia hasta de adicciones. Recuerden que este era un país de fumadores hace dos días.
La primera ambigüedad sostiene la segunda: la descripción del problema decide la solución. Con la descripción anterior, no queda otra que aceptar la solución nacionalista. Una solución, eso sí, para los nacionalistas, no para Cataluña. Y, no cabe engañarse, consiste en reconocer a Cataluña como unidad de soberanía. Cualquier referéndum, en plata, quiere decir la independencia de facto o su simple posibilidad, que es también la independencia. Soberano es quien tiene la última palabra y, aunque permanezca callado, mantiene intacto el poder de hablar cuando lo crea conveniente. En el mismo acto de votar se acepta un demos legítimo.
Por aquí asoma la tercera imprecisión: el perímetro del problema no es Cataluña, sino España. Lo es en un sentido inmediato, entre otras cosas porque los ciudadanos no pueden acceder a posiciones laborales en igualdad de condiciones. Pero lo es también en un sentido más hondo. Y es que la aceptación por todos del relato nacionalista ha degradado la calidad de la democracia española. Los esfuerzos de tantos por liberar al nacionalismo de sus responsabilidades han conducido a rebajar las exigencias de calidad democrática y a vaciar de sentido los fundamentos del Estado de derecho. Lo hemos visto en las repuestas ante discursos incendiarios, como el de Torra en el Teatro Nacional, jamás escuchados en boca de un cargo político comparable en los últimos cuarenta años. Cuanto todavía no se había vaciado la sala ya se escuchaban voces dispuestas a encontrar señales de buena disposición o a ofrecer al pirómano coartadas que nunca solicitó: son sólo palabras. El criterio de calibración se reajustaba para hacer digerible el delirio. Una senda de impunidad que permitió a los nacionalistas cultivar su hipersensibilidad de perpetuamente ofendidos y, al final, recocidos en su propia salsa, los arrojó al vértigo del 1-O. Pero si mala es la reacción ante los escupitajos, peor lo es cuando esas mismas voces agradecen el cumplimiento de la ley. Quien entiende el cumplimiento de la ley como un gesto de buena voluntad corrompe el concepto mismo de ley, que no contempla la discrecionalidad del consumidor. Acepta, implícitamente, que los poderes públicos puedan saltarse la ley. Si el cumplimiento de la ley es potestativo, no hay ley sino arbitrariedad. Sí, el daño mayor del nacionalismo no es el que ha hecho a los catalanes, con ser enorme, sino el que ha hecho a la democracia española.
El Gobierno no puede comprar el relato del conflicto de quienes quieren destruir el Estado a riesgo de poner en peligro nuestra democracia »