David Rodríguez Albert
Algunas personas podrían pensar que este no es el momento ideal para hablar de propuestas políticas concretas. En plena crisis de gobierno por el caso Cerdán, la corrupción ocupa todo el espacio en el debate público. Entendiendo perfectamente esta situación, me gustaría nadar un poco contra corriente y recordar que existen iniciativas que también merecen un cierto espacio en la esfera de la discusión colectiva. Concretamente, me gustaría hacer referencia a la reducción de la jornada laboral en España.
Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas sin disminución salarial, en cumplimiento del programa de gobierno pactado entre PSOE y Sumar. Esta medida ya había sido planteada en otras legislaturas en el formato de 35 horas, pero nunca un gobierno había acordado convertirla en normativa. Cuenta con el apoyo de los principales sindicatos, pero con el rechazo de la patronal. Ahora esta propuesta debe superar el trámite parlamentario, y la posición inicialmente contraria de Junts per Catalunya podría echar por tierra esta mejora si suma sus votos a los de la derecha y la extrema derecha españolista.
Es interesante recordar cuál es el objetivo principal de la reducción de la jornada máxima, y no es otro que mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal de la clase trabajadora. Mediante la disminución de media hora diaria en el puesto de trabajo, puede destinarse un poco más de tiempo a las relaciones familiares, a las sociales y al ocio personal, incrementando así la calidad de vida de buena parte de la ciudadanía. Las mujeres se verían especialmente beneficiadas por esta medida, debido a la mayor carga actual que soportan en las tareas de cuidados, y este hecho tendría la virtud adicional de contribuir a reducir la brecha salarial de género.
Del mismo modo, la reducción de la jornada laboral tendría efectos beneficiosos en cuanto a la protección de la salud física y mental de las personas trabajadoras. En una época en la que los problemas relacionados con desequilibrios emocionales van en aumento, resultaría de gran interés la reducción de las preocupantes cifras que existen actualmente en todo el Estado en cuanto a problemas como el estrés laboral crónico, el agotamiento físico y mental, el síndrome de burnout (desgaste profesional), la ansiedad laboral, la depresión derivada del mobbing o la monotonía extrema, y otros tipos de trastornos psicosomáticos o del sueño. Es evidente que la disminución de las horas de trabajo no supone por sí sola la eliminación de todos estos estigmas, que deben ser combatidos sobre todo desde el terreno de la prevención.
La reducción de la jornada representa igualmente una adaptación a las crecientes innovaciones tecnológicas, que incorporan la automatización y la digitalización de muchas tareas, lo que en el fondo implica un reparto más equitativo de los excedentes generados por el progreso científico. También se prioriza la calidad del trabajo por encima de la cantidad, alejándonos del modelo anacrónico de computar obsesivamente las horas presenciales en el lugar de trabajo. Si se trabaja mejor aumentará la productividad, superando la actual época de estancamiento derivada del creciente fracaso del modelo productivo español. Por último, pero no menos importante, el reparto del trabajo debe servir para combatir el desempleo estructural instalado en nuestra economía.
A pesar de todas estas ventajas, Puigdemont ha expresado abiertamente su rechazo a una propuesta avalada por los sindicatos (catalanes y españoles), y por el momento no muestra ningún complejo a la hora de sumar sus votos a los del PP y Vox, representantes de la patronal (española y catalana). Si alguien había imaginado alguna vez que Junts per Catalunya podía llegar a representar a los intereses del conjunto de la ciudadanía catalana, en esta materia concreta no han tenido ningún tapujo en mostrar que nunca han abandonado su alma ultraliberal.
Para justificar la posición contraria a la reducción de la jornada, han expresado la confusa idea de que esto pueda perjudicar a los autónomos y a las pequeñas empresas, repitiendo argumentos que ya se usaban hace décadas para oponerse a los avances sociales, y que ya han sido ampliamente cuestionados empíricamente. De hecho, la mayoría de pymes cuenta con ventajas de adaptabilidad y rapidez que pueden facilitar el cambio, y además la mejora de las condiciones laborales les ayuda a retener talento y reducir el absentismo.
Según fuentes del gobierno, la intención es que el debate en el Congreso se pueda llevar a cabo durante este verano, aunque la tramitación concreta demoraría la entrada en vigor de la propuesta hasta el año que viene. Todo esto siempre y cuando, en primer lugar, el gobierno aguante hasta esa fecha. Y, en segundo lugar, que la presión social pueda convencer a la derecha catalana de no aliarse a la extrema derecha española en una convergencia de intereses de clase que supera todas sus diferencias nacionales. Casi veo más difícil lo segundo que lo primero.
En la industria, el gran incremento en la productividad experimentada en los últimos diez/quince años, no está ligada a al empleo sino a la modernización de los procedimientos, sistemas, y medios tecnológicos. Una reducción de la jornada laboral de ocho horas, en aquellas actividades y convenios que no tienen ya esa ventaja, que son las menos, no afectaría negativamente en mucho, o en nada.
Otra cosa será en actividades tales como hostelería, agricultura y pequeñas Pymes, más necesitadas de que la actividad que desarrollan lo es por acción muy directa de la mano de obra contratada.
Cualquier movimiento legislativo que incida en la reducción de las horas trabajadas en esos sectores tendrá poca influencia si no se acompaña con una mejora en el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las normas, cosa que hoy en día no se hace.
En otro orden de cosas, culpar al cambio de viviendas, que pasen a ser pisos turísticos, y relacionarlos con el problema de la escasez de vivienda para alquiler, ni es real, por el bajo porcentaje que ello supone sobre la totalidad de la oferta, ni se considera y valora la necesidad real que las necesidades turísticas requieren sobre ese tipo de solución. Eso con independencia del derecho que todo propietario tiene de gestionar sus bienes inmuebles.
Dentro del enorme montante de turismo que nos llega del exterior, como del propio generado internamente, y en el que familias y/o grupos de personas busquen, como solución ventajosa opciones que abaratan el costo de de sus días de vacaciones y otros movimientos de ocio, son necesarias respuestas que solo les viene dada por ese tipo de solución habitacional. No todos se pueden costear un movimiento familiar a base de pagar varias habitaciones de un buen hotel, gestionar la manutención acorde a sus escasos recursos disponibles, así como otras ventajas que sí encuentran en una vivienda con todos los servicios propios de un hogar a disposición del inquilino temporal.
Es fundamental incrementar el número de viviendas disponibles para cubrir las necesidades de alquiler a precio razonable, pero no por ello hay que criminalizar el que haya quienes decidan, cumpliendo la normativa vigente y la que se pueda generarse en el futuro, tomar el camino de ofertar y gestionar viviendas turísticas cubriendo la demanda real existente y creciente en ese campo.
Coincido con don Fernando en el tema de la reducción de la jornada laboral. En cualquier caso será el tiempo, como ocurre siempre con reformas laborales, el que nos diga sobre los pro y los contra. Lo que me asombra es el asombro del articulista al no de Puigdemont. La derecha catalana en materia económica está más cerca de VOX que del PP. Desde siempre. Recordemos su postura durante la crisis de 2008. Que el PSOE haya pactado con JUNT para mantenerse en el poder es otro debate que muchos en la izquierda jamás entenderemos.
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Sanchez ha creado en estos siete años un psoe tan a imagen y semejanza suya que todavía no se han dado cuenta muchos de sus militantes que están intentando salvar a su líder a costa del partido. Ni elecciones anticipadas ni moción de confianza, lo que indica que Sanchez sabe que a) tiene perdidas las elecciones y b) carece de la mayoría en el parlamento que le hizo presidente. Sanchez es el rey del “relato” para esconder en él su necesidades de poder. Lo hemos visto muchas veces en estos siete años. Pero ya sabemos dónde está la bolita.