Marc Alloza

En la ya olvidada Conferencia de presidentes autonómicos parece que no se consensuó mucho. No fue ni hace un mes pero es que la política también ha contribuido a que este junio haya sido el más cálido desde que se tienen registros. Atrás queda el plan vivienda, los 200 puntos del día, el pinganillo etc, en definitiva, no pasará a la historia.

Volviendo al tema del artículo, no tengo constancia de que ninguna Comunidad se animara a que la protección oficial no prescriba. Esto hace que a la persona que le “toque” un piso casi le toque la lotería. En primer lugar porque va a tener acceso a una vivienda a un precio supuestamente por debajo del de mercado, cosa sólo al alcance de uno pocos claro, porque en caso contrario no habría tanta diferencia. En segundo lugar está el premio adicional que se recibe cuando se levanta la protección que, salvo raras excepciones, llega en forma de plusvalía que la va a pagar otra persona en su misma situación inicial o peor probablemente. Este doble o simple “beneficio” invita a lo que en este país es especialista: amiguismo, pillería y corrupción.

En este país se han hecho muchas promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que, como dije, ya están a precio de mercado por lo que no contribuyen a la contención de los precios de la vivienda. Otro factor a analizar es el proceso de adjudicación. En general si la iniciativa es privada suele adjudicarlo el mismo privado. Esto en el pasado, y quizás se siga dando, ha conducido a casos como el de una persona que conocí que tenía un familiar de primer grado que era constructor o trabajaba en una constructora que edificaba total o parcialmente promociones de VPO. Esta persona como tantas otras de la primera década del siglo nuevo, individualmente, reunía los requisitos y se le adjudicó sin sorteo ni nada, una vivienda VPO de la constructora de su familiar. No sólo eso si no que en otra promoción de la misma constructora su primogénita también fue agraciada con un “pisito” VPO a la carta. Todo legal puesto que reunía los requisitos y como la adjudicación estaba delegada en la promotora, fin. Ya hace largos años que perdí la pista pero lo que sí sé es que esos pisos ya no tienen protección desde hace largo tiempo por lo que el precio de mercado puede fácilmente haberse doblado.

Otro caso que me han comentado recientemente, que no he podido verificar, es el de una promoción en dónde una administración pública, sin necesidad de publicitarlo en exceso, tenía un registro de centenares de candidatos para unas decenas de viviendas VPO de propiedad y otras tantas de alquiler.  En este caso se hizo un sorteo entre las personas candidatas y se repartieron las viviendas salvo según comenta, al menos una adaptada para personas con movilidad reducida que quedaría vacante. Ésta última, según mi fuente, fue adjudicada fuera de sorteo a una persona sin aparentes problemas de movilidad.

Otro caso que me contaron unos amigos, es que fueron a comprar una vivienda todavía catalogada de protección oficial. El vendedor así como la persona propietaria les solicitaron sin tapujos dinero en B por encima del precio pre-tasado de venta (esto a mí también me pasó y era la época en la que el banco, en mi caso Caja, “te lo arreglaba”; de la Caja ya no quedan ni las siglas). El piso tenía una distribución especial, no sé si incluso era un poco más grande que el resto, lo que justificaba el plus. El motivo de esta distinción era que la persona propietaria era descendiente del constructor.

Finalmente no se lo compraron pero se compraron otro en la misma promoción que al final les exigió mucho menos en B presuntamente. Para cerrar la operación se tuvo que recurrir a una de esas entidades especializadas en soluciones financieras complejas que tiene mecanismos efectivos para la ejecución hipotecaria en caso de impago.

Las promociones de VPO deberían ser 100% transparentes y auspiciadas por alguna Administración o ente público ya bien sea de promotor público o privado y que estuvieran auditadas por una administración u organismo superior.

Las 50.000 viviendas para 2030 en Catalunya

En octubre del 2024 saltaba la ilusionante noticia: Plan 50.000, una iniciativa estratégica que prevé la construcción de 50.000 nuevas viviendas públicas hasta el año 2030. Este programa representa una inversión anual de 1.100 millones de euros y tiene como objetivo ampliar el parque público de vivienda, garantizar el acceso a un hogar sostenible y todos los modelos sostenibles.

En febrero del 2025 la Generalitat adquirió 743 viviendas en distintas zonas de Catalunya. Parece que todo va bien. 

Reconocido por el mismo Departamento de vivienda, una de las principales dificultades para la construcción de vivienda pública, ya bien de compra como de alquiler, es la escasez de terreno edificable público que se pueda destinar por completo a tal efecto. En el año 2009 el Institut Catalán del Suelo (INCASOL), entidad urbanística especial de la Generalitat, con competencias urbanísticas en materia de planeamiento y gestión directa de terrenos, del patrimonio público de suelo y vivienda, compró una antigua fábrica en una zona con alta tensión habitacional. Pasaron los años y finalmente hace unos pocos se presentó un proyecto para edificar un edificio muy alto mucho más alto que el más alto que los del alrededor. Los vecinos rechazaron la propuesta por lo desproporcionado de la edificación que eclipsaría al resto de viviendas del barrio trayendo un trozo de Manhattan a orillas del Besós (he exagerado, quizás no era tan alto pero sí más soviético). El pasado mes, se presentó a los vecinos el nuevo proyecto. Éste consiste en una edificación, que también es más alta que el edificio más alto, pero no mucho más. Además incluye una edificación más baja y un equipamiento pensado inicialmente como una especie de auditorio pequeño. Hasta ahí todo bien. Adicionalmente se reurbanizará una placeta aledaña y un sector de parquecito muy venido a menos que sirve de cañada real para los perritos de los alrededores de camino su santuario de pipicán. Ahí, todavía bien pero mal porque justo antes se había hablado de otro proyecto del Área Metropolitana cuya ejecución estaba más cercana y que organizaba el resto de parque y se dejaba, para sorpresa de todos, esa ridiculez. Pero se llevaba esperando desde el 2009, no vendría de un poquito más.

Lo que no sabíamos es que aún faltaba lo mejor, lo que nadie sospechaba y es que hay que reconocer a veces la Administración con sus dirigentes al frente son unos maestros en los giros de guion, todo el mundo daba por supuesto el tipo de vivienda que iba a construir hasta que el regidor anuncia que de las viviendas que se van construir, el 25% se destinarán a vivienda pública de alquiler, otro 25% a vivienda de protección oficial y el 50% restante a precio libre. Es decir que la Generalitat compra un solar en 2009 para hacer vivienda pública y la mitad va a precio libre de mercado. “Es que si no los números parece que no dan” comentaban. 4.400 millones de euros para construir vivienda pública, se tiene un solar desde 2009, con todo lo que hemos pasado, con una fábrica abandonada sin uso alguno desde hace casi una década por recomendación de los bomberos y sólo se destina el 50% a vivienda pública (ahora es cuando se diría: me voy a la mutua, si fuera el caso, pero no es tan fácil). ¿Así se van a construir 50.000 viviendas públicas? No lo veo.

De mientras esta semana salía que en Barcelona el “problema de la vivienda”, asaltaba el número 1 del top five de preocupaciones de sus habitantes, desbancando a la seguridad que ha encabezado el ranking durante años.