H2S3

Muchos de ustedes estarán ya de vacaciones y muchos otros a punto de salir hacia el ¿merecido? descanso estival. Y seguro que, pese al abaratamiento de las tarifas aéreas y la extensión de nuestra red de alta velocidad ferroviaria, la mayoría elegirá –o se verá obligado- a coger el coche y darse una paliza al volante con el cónyuge y los churumbeles –y quién sabe si no también los abuelos y las mascotas familiares- hasta la playa, la montaña o doquiera que vayan.

Por el camino habrán de encontrarse con conductores curtidos y noveles, buenos y malos, pesadamente lentos y agresivamente rápidos, y surcarán autopistas de lujo, autovías más que aceptables y carreteras regionales en estado lamentable. El trayecto –lo sabemos- es peligroso, como corresponde a un desplazamiento en una máquina que se desplaza a velocidades intrínsecamente peligrosas, y esperemos que todos lleguemos y volvamos sanos y salvos.

Conocemos los riesgos y también que en los últimos años se ha reducido la siniestralidad viaria de forma drástica, lo cual es motivo de gran satisfacción y de orgullo para el Gobierno que ha conseguido lo que parecía imposible en España. Y sin embargo…

Lamentablemente el resultado perseguido con altísimos daños colaterales. Habrá gente que se apuntará a que el fin justifica los medios. Otros argüirán que la reducción de la velocidad media es un bien añadido antes que un daño. Pero nadie en su sano juicio, creo yo, podrá defender con un mínimo de sensatez que en estos momentos tengamos a más de mil cien personas en la cárcel por delitos contra la seguridad vial.

Oiga, si cometen un crimen merecen ser sancionados, ¿no? Claro, pero la conducta por la que están en la trena ha sido definida como criminal de forma arbitraria. Yo he conducido cientos –más bien creo que son varios miles- de kilómetros por autopista a 180 km. por hora, conducta entonces prohibida pero no criminalizada. Era objeto de una sanción hasta que al legislador se le ocurrió que era pertinente considerar como delito la conducción a velocidades que superen un 50% la velocidad máxima autorizada.

¿Me está usted diciendo que conducir a 60 en un tramo de 30 me convierte en criminal y puedo acabar en la trena? Pues sí, oiga usted, y le digo más: queda al arbitrio del juez apreciar las circunstancias del caso, es decir, si en ese momento no había niños, viudas e invidentes amenazados por su conducta. O no apreciarlas, es decir, aplicar simplemente la letra de la ley y mandarle a chirona.

El hecho de que haya 1.128 presos actualmente recluidos por delitos contra la seguridad vial implica que el número de conductores que convive temporalmente con verdaderos criminales -desde etarras a ladrones, de violadores a corruptos- se ha multiplicado por 10 desde 2006, cuando apenas eran 150. El crecimiento es exponencial, dado que en enero de 2009 sólo eran 400.

Lo más increíble es que este dislate legislativo ha tenido lugar en el país con la tasa de encarcelamiento más elevada en Europa, con 164 internos por cada 100.000 habitantes, frente a los 152 de Reino Unido, los 88 de Alemania o los 79 de Suecia. En concreto, hemos pasado de unos 48.000 presos en 2001 a más de 76.500 en marzo de este año. Ni que decir tiene que las cárceles, ya entonces sobrepobladas, lo están ahora mucho más. O que el coste económico de la reclusión alcanza ya cifras siderales: se calcula que cada preso cuesta 60€/dia, es decir, unos 4,5 millones de €/día, ergo, unos 1.650 millones de € al año. Para no perdernos, recordemos que el ahorro previsto por la reducción de salarios a los funcionarios es de 2.400 millones de €.

Desde que se reformó el Código Penal en 2007, las condenas penales relacionadas con la seguridad vial alcanzan la estratosférica cifra de ¡¡¡más de 233.000!!! No es extraño que la sempiterna lentitud de la Justicia española vaya a peor. Es sólo parcialmente demagógico argüir que graves errores como el de la pobre niña Mari Luz podrían haberse evitado si nuestros juzgados no hubieran sido sometidos a la absurda carga de tramitar como criminales lo que antes eran meras infracciones administrativas.

Pero oiga, ¿qué hacemos con los conductores “asesinos” que circulan por el carril contrario, van haciendo eses de lo ebrios que están, se pegan al coche de delante dando las largas frenéticamente o persiguen a quién les ha molestado? Esos tipos son asesinos en potencia y merecen que se les saque fuera de juego.

Pues lo de siempre. A esos sí les conviene una temporadita en chirona, que les confisquen el coche, que les embarguen la nómina, etc. Pero escuchen, de las 230.000 condenas desde 2007, sólo 6.600 vinieron motivadas por causar daños a otras personas conduciendo imprudentemente y sólo 680 por homicidio imprudente.

Hoy día, del total de presos por seguridad vial, el 35% están en prisión por conducir sin carné, el 28% por hacerlo bajo influencia del alcohol o drogas y el 24% por conducción temeraria. Pues bien, la temeridad de la conducción queda en gran medida al arbitrio del agente de tráfico, que es quién decide entre negligencia y temeridad. Sin menoscabo del sentido común de los agentes, no es de recibo que su apreciación subjetiva sea un factor tan determinante a la hora de decidir si uno merece una multa o reclusión. Es decir, si yo apunto a otro con una pistola, el juez no determina si eso es amenaza o tentativa de asesinato en función de lo que haya intuido el policía que presenció la acción.

Vayamos al alcohol. Estaremos todos de acuerdo con el bueno de Stevie Wonder en que “si bebes no condusscas”. El problema es el cuánto… porque hace pocos años, la tasa de alcoholemia máxima era de 1 miligramo por litro de aire espirado, luego de 0,8 y ahora de 0,25. Siguiendo esta lógica y sabiendo que tomarse un par de cañas ya disminuye los reflejos, ¿por qué no decretar el 0,0 y enchironar a todos los que no se sometan? Lo que quiero decir es que, lo que hace una década era imprudente y en todo caso objeto de multa, hoy es un delito.

Por no hablar de la conducción bajo los efectos de las drogas, que no es detectable salvo, de nuevo, por la apreciación subjetiva de los guardias de tráfico, y recuerden que no estamos hablando de conductores con jeringuillas colgando del brazo sino del que se ha fumado uno, dos o tres porros, o se ha metido un cuarto, medio o un gramo de cocaína, por ejemplo, sin que tengamos forma de discernir hasta qué punto ello afecta a sus capacidad de conducción. Sabemos que están pedo pero no cuánto, pero nada, más de 350 personas están hoy en la cárcel por drogatas.

Miren, yo nunca he conducido sin carné y me parece muy bien que el Estado sancione drásticamente a quiénes conducen sin haber seguido nunca el cauce establecido o a quienes lo hacen desafiando una privación de carné previa. Pero aunque no sé cuánta gente está en prisión por posesión de armas sin permiso, me juego el cuello a que son menos que los 400 por conducir sin permiso.

Afortunadamente, las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad se han cuadriplicado durante el último año. Lo malo es que seguramente, dicho aumento se debe a la imposibilidad de aplicar las normas con todo el rigor que exige su letra, por falta de plazas carcelarias.

¿Tiene sentido que mantengamos unas normas de seguridad vial que criminalizan a un montón de ciudadanos que, en el peor de los casos merecen una sanción administrativa? ¿Tiene sentido que lo hagamos cuando no tenemos cárceles suficientes y nos salen por un ojo de la cara mientras reducimos sueldos para contener el déficit? ¿Tiene sentido que dentro de unos días yo pueda estar encausado penalmente por conducir tranquilamente y sin causar ningún daño a nadie pero con una tasa de alcohol superior a la establecida, pero netamente inferior a la que prevalecía hace pocos años?

¡Siiiii! Las víctimas mortales se han reducido en un 50% en los últimos años así que, leña al mono que es de goma.

Pues no señores, el mismo resultado se habría podido conseguir con otras medidas igual o más eficaces y mucho menos lesivas para la vida de ciudadanos perfectamente cívicos, la eficacia de nuestra maltrecha Justicia y nuestras paupérrimas finanzas públicas.

Ya, por ejemplo ¿cuáles?

Pues algunas muy sencillas. Para empezar, el endurecimiento del examen de conducción, la obligación de someterse a exámenes cada cinco años y cursos de re-educación vial para los infractores. Por ejemplo. Por no entrar en la reparación de los puntos negros de la red viaria, que concentran la mayoría de las víctimas, o demandar una mejor señalización de las carreteras. ¿De verdad piensan que tiene sentido que en la Castellana de Madrid la velocidad máxima sea de 50 km./h. o en los accesos “autopísticos” a Barcelona de 80? ¿No tendría mucho más sentido señalizar los tramos de acuerdo a sus características específicas y evitar así que la mayoría simplemente pasemos de las señales dado su carácter burocrático alejado de la realidad?

No alcanzo a comprender tamaña sinrazón, y aún menos que el PP –no podía faltar la puya política- que no pierde ocasión de abanderar insumisiones civiles, no se haya dado cuenta aún del potencial “populístico” de liderar la resistencia contra el desatino viario.

En fin, yo este año voy en avión; prefiero los retrasos de los controladores al riesgo de ser considerado criminal pese a pagar mis impuestos, respetar los pasos de cebra y los semáforos, ayudar a las ancianas a cruzar la calle y donar una pequeña parte de mis ingresos a ONGs políticamente correctas.

Les deseo unas muy felices vacaciones y que vuelvan a casa sanos, salvos y, sobre todo, no criminalizados.