Padre de familia

 

En este foro frecuente la acusación de que la mayoría somos muy escasamente críticos con el Gobierno socialista mientras que nos rasgamos las vestiduras con la sinvergonzonería y deslealtad institucional del PP, por no hablar de las de partidos marginales como UPyD. Creo que al menos por esta vez nadie podrá mantener tal acusación.

 

Pese al suculento material que ofrece la escandalosa trama de corrupción y corruptelas que va revelándose día tras día alrededor de cargos y dignatarios del PP, no puedo sino dedicar esta columna al intolerable episodio de las instrucciones a la policía de Madrid para que “cace” inmigrantes “ilegales” al por mayor.

 

Es una contradicción mayúscula que la policía haya recibido tales órdenes – ¿sólo en Madrid? – bajo un Gobierno socialista que pregonó a los cuatro vientos, con toda razón, la sensatez y humanidad de su exitoso procedimiento para la regularización colectiva de unos 700 mil inmigrantes “irregulares” heredados de la pésima gestión que de la inmigración hicieron los sucesivos gobiernos de Aznar.

 

 

Es verdad que la situación económica ha cambiado radicalmente. Como en su día afirmara el Ministro Corbacho, la crisis no permite la entrada de más trabajadores extranjeros que vendrían a agravar la preocupante situación de desempleo, también para los inmigrantes que ya están establecidos en nuestro país. Es por ello lógico que se hayan limitado las cuotas de inmigración legal.

 

Lo que no es en absoluto de recibo es que el Gobierno sea cómplice de la deshumanización de los inmigrantes irregulares. Ante todo, los inmigrantes irregulares son personas, y como tales, sus derechos básicos están protegidos por nuestra Constitución, como ha sentenciado acertadamente el Tribunal Constitucional. Una cosa es que se encuentren en una situación irregular desde un punto de vista administrativo por carecer del permiso necesario para residir en el territorio nacional, y otra bien distinta que ello les convierta en criminales. No es lo mismo tener un arma sin permiso, conducta que merece una sanción y seguramente la confiscación del arma, que dispararle a alguien, lo que te lleva directamente a la trena.

 

En nuestro país la policía sólo puede actuar si tiene evidencia o indicios objetivos de que se está cometiendo un crimen. Nuestra policía no puede entrar en un parque y cachear a todos los jóvenes que en él se encuentren para ver si le pilla a alguno una china de hachís. Tampoco puede montar un control policial en plena calle para ver si así localiza a unos cuantos sujetos que se encuentren en busca y captura. No, nuestras fuerzas del orden sólo pueden montar un control cuando tienen la sospecha fundada en datos objetivos de que así conseguirán detener a un criminal concreto.

 

Los inmigrantes “irregulares” no son criminales. Así lo demuestran los desvelos de nuestras fuerzas del orden y servicios sociales para con los que llegan – cuando consiguen hacerlo – a nuestras costas deshidratados y ateridos de frío. Los buzos de la guardia civil se tiran al mar a salvarles porque son víctimas, no criminales, por mucho que carezcan del permiso para entrar en nuestro país. Sí, a continuación se les interna en un centro para inmigrantes sin permiso de residencia y si es posible se les repatría a sus lugares de origen. Estaría bien que alguien en algún momento preguntara al Gobierno sobre el coste de tales repatriaciones, incluidos los sueldos y dietas de los agentes del orden que tienen que acompañarles. Alguien me comentó en cierta ocasión que repatriar a un ciudadano chino costaba un millón de las antiguas pesetas. En un momento de crisis grave como el actual ¿es de recibo fletar un avión para devolver a unas decenas de subsaharianos a sus países? ¿Tiene algún sentido económico utilizar recursos escasos para aligerar mínimamente la bolsa de inmigración “irregular”?

 

Incluso en el caso de que se responda afirmativamente a las preguntas anteriores, lo que ningún demócrata de bien puede aceptar, y menos aún un simpatizante socialista, es que el Gobierno promueva o siquiera consienta la “cosificación” y criminalización de los inmigrantes “irregulares”. Y sin embargo, es lo que cabe deducir de las pobres declaraciones públicas que ayer hizo el Ministro Rubalcaba en respuesta a la denuncia de los sindicatos policiales – los primeros en calificar de ilegales las órdenes recibidas.

 

Lo que yo habría querido escuchar del Ministro socialista competente habría sido una rotunda denuncia de la criminalización de la inmigración irregular, seguida de la apertura de una investigación urgente para determinar de dónde habían partido órdenes tan manifiestamente inmorales a la par que ilegales. Pero no, Rubalcaba dijo que las fuerzas del orden se ocupaban sobre todo de perseguir a los inmigrantes que delinquían, admitiendo la utilización de criterios cuantitativos como para cualquier tipo de delito.

 

Ese es el quid. No es un delito, no es un crimen que deba ser perseguido como los demás. Los “irregulares” no agreden, no matan, no roban, y si lo hacen deben ser perseguidos por ello, no por su condición de irregulares. La gran mayoría de los sometidos a la “cacería” son personas cuyo único objetivo es ganarse la vida honradamente y cuidar del bienestar de sus seres queridos. ¿Por qué han de hacerlo sometidos al terror de que cualquier policía les detenga sin que de su conducta se desprenda un motivo para ello? Incluso si ello fuera legal, no tiene ningún sentido que nuestra policía, de medios y personal escaso, se dedique a “cazar” “sin papeles” a la puerta del metro antes que a investigar a los verdaderos criminales que amenazan nuestra seguridad.

 

No, no era ese el Rubalcaba que yo recordaba de cuando defendía con ahínco desde la portavocía del grupo parlamentario socialista la regularización colectiva de “irregulares” dada su ingente contribución a nuestro crecimiento económico a base de su trabajo. Y no me sirve de consuelo que concluyera admitiendo que habría que hacer un esfuerzo respecto a la Ley de Extranjería para evitar malentendidos.

 

No parece haber habido ningún malentendido. A última hora de ayer, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ordenó que respecto a la inmigración “ilegal” se siguieran únicamente criterios cualitativos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sólo se persiga a aquéllos que cometan delitos? ¿No es obvio que sólo debe ser así? De lo que deduzco que, lamentablemente, las órdenes anteriores eran en efecto la de “cazar a lazo” a todos los que se pudieran. Para más escarnio, la orden subraya que en todo caso deberán respetarse los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial. ¿Es que antes no se respetaban?

 

Deprimente, por no hablar del racismo subyacente a los controles. ¿Cómo distingue la policía al susceptible de ser inmigrante “irregular”? En una democracia como la española y bajo un Gobierno socialista no puedo concebir que el criterio sea eminentemente racial. Pero ¿cuál otro podría ser? Moritos preferentemente, que además se repatrían rapidito y a menor coste. Qué decepción.