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Porque eso, un golpe institucional zafio, es lo que vivimos la semana pasada en Cataluña, protagonizado por unos señores mejor vestidos y superficialmente menos subdesarrollados que el hijo pródigo chavista, pero a la fin y a la postre tan poco respetuosos con los principios básicos de la democracia como aquél. Puigdemont volvió a dejarlo claro en su mensaje “institucional» ante la Diada: no reconoce más autoridad que la del Parlament. De ahí que me refiera a él por su apellido, no precedido por el título democrático de President, que deriva del Estatut y de la Constitución española de 1978: no merece respeto institucional quien no respeta la legalidad, que es la base primigenia de la democracia. En lo referente a todo lo que rebase el marco legal para el que fue elegido, las decisiones de Puigdemont y sus adláteres valen lo mismo que si las adopto yo, o cualquiera. Y en la medida en la que violen la ley, acarrean sanción, administrativa o penal, según dictaminen los jueces competentes al efecto. Lo mismo vale para el Parlament. Es el órgano democrático catalán por excelencia para todo aquello en lo que es competente. Como no tiene competencia consitucional para convocar un referendum unilateral de independencia, su legitimidad es nula. Por mucho que se empeñe Puigdemont.

Ha hecho bien el Gobierno en acelerar al máximo la reacción del Estado de Derecho frente al desafío desleal secesionista de algo más de la mitad de los parlamentarios catalanes. Y ha hecho todavía mejor en no precipitarse, evitando así la ansiada imagen de “represión” que los secesionistas habrían explotado al máximo en los actos de hoy. Ya llegarán los arrestos, si es necesario, cuando toquen. A poder ser, pocos y sin violencia, llevados a cabo por los Mossos por órdenes de los jueces catalanes y todavía mejor, si no afectan a cargos electos, ya sean concejales indepes de pueblos perdidos o el todavía President y sus Consellers. Pero son ellos los que están decidiendo y decidirán su suerte al fin y al cabo.

Dice Puigdemont que no van a permitir que nada ni nadie rompa la convivencia en Cataluña. O está loco, que no lo creo, o su grado de cinismo no tiene límite. La ruptura del ordenamiento jurídico tensando la cuerda institucional al máximo es el peor atentado a la convivencia en Cataluña desde 1978. Llevan varios años inflamando a sus seguidores con falsedades palmarias y llevándoles a un sentimiento de exasperación ante una “opresión” española que tiene un lejanísimo vínculo con la relidad. Y ahora, la otra mitad de catalanes está tensamente aterrada ante la posibilidad de dejar de ser españoles en su tierra y, mucho peor, pasar a ser gobernados sin ninguna garantía legal y democrática por una panda de piraos irresponsables que no tiene ningún escrúpulo para apropiarse ilegalmente de censos estatales, utilizar partidas públicas para gastos diferentes a los aprobados por el Parlament y violar las más mínimas garantías procesales democráticas. Puro leninismo: el fin justifica los medios.

Pues bien, en democracia el fin no justifica los medios. Ni en Madrid ni en Cataluña. Y en democracia, nadie está por encima de la ley. Y mucho menos los gobernantes, que tienen el deber de no solo cumplir con la ley sino de hacerla cumplir. Porque sin ley, no hay democracia. Hay convicciones, voluntades, sentimientos, pasiones y, cuando surgen los inevitables conflictos, a falta de procedimientos reglados para solucionarlos, fuerza y violencia.

La Constitución de 1978 podría, y en mi opinión debería, ser actualizada, también en lo referido a la estructura del Estado. En mi opinión, sería muy lógico que España pasara a ser un Estado federal con un reparto de competencias cerrado, con más descentralización en algunas áreas y quizás con menos en otras, o con mecanismos de coordinación inter-territoriales más intensos. Pero esa es mi opinión, muy válida y si me apuran, impepinable, de nuevo en mi opinión. Pero en la medida en la que no consiga convencer a una mayoría suficiente para ponerla en práctica, está destinada a quedarse en mero deseo.

A diferencia de mi, Puigdemont y sus adláteres secesionistas han sido elegidos democráticamente. Pero en la medida en la que actúan rebasando los poderes que les conceden el Estatut y la Constitución, su opinión vale igual o menos que la mía. Porque para eso no les ha elegido nadie, igual que a mí tampoco. Hay sin embargo una diferencia cualitativa importante. Dado que las decisiones de los cargos públicos tienen apariencia de legalidad, cuando son ilegales según lo decretado por las autoridades judiciales al efecto, acarrean una sanción mayor. Dado que yo no tengo ningún poder, no puedo incurrir en prevaricación, es decir, tomar una decisión ilegal a sabiendas. Por eso Artur Mas fue inhabilitado, mientas que los centenares de miles que votaron en su remedo de consulta ciudadana no han tenido ningún problema legal.

El “Madurazo” ha llevado a prácticamente toda la comunidad internacional a aislar a la “revolución bolivariana”. Pero dada la desunión de la oposición y gracias al apoyo de algunos vecinos cautivos por sus envíos de petróleo, y al de Rusia, Irán y China, es posible que Maduro siga en el poder algunos años más. España no es Venezuela. La oposición catalana es tan diversa como está unida frente al golpe de estado institucional. Y por supuesto, el resto de España está decidido a impedir una regresión democrática tan zafia y potencialmente peligrosa.

Que celebren hoy la Diada, que debería ser una efeméride de unión social, y disfruten con sus soflamas sectarias. La libertad de expresión ampara los discursos secesionistas y victimistas. También la manipulación de la verdad con sus intentos de tergiversar la realidad presentándose como lo más democrático del mundo frente a ese pérfido “Madrid” que no les permite siquiera votar. ¿Qué puede haber más decocrático que votar?

Afortunadamente muchos hemos visto ya esta película y sabemos cómo acaba. ¿O no recuerdan al ínclito Ibarretxe preguntándose con cara inocente qué podía haber de mal en ello cuando se refería a su Plan para instaurar el derecho a decidir?

Nada. No hay absolutamente nada malo en votar o en dotarse del derecho a decidir sobre su pertenencia al Estado. Siempre que se haga según el procedimiento establecido. Si no te parecen justas las reglas, no juegues. No es de recibo competir según las reglas en vigor y, a mitad del partido, saltártelas a la torera. Si consideras que el mecanismo para la reforma de la Constitución es injustamente rígido y no permite en la práctica el acomodo de la voluntad secesionista mayoritaria de Cataluña, escribe artículos, organiza manifestaciones, monta sentadas en la Diagonal y declárate en huelga de hambre. Pero no vale utilizar las instituciones basadas en esa misma legalidad cuya legitimidad se denuncia, para violarla. Al menos, no vale en democracia.

Estoy muy tranquilo porque la tendencia a la inacción de Rajoy es una bendición en la situación actual. La maquinaria institucional y legal del Estado está funcionando a pleno rendimiento y el referendum no se celebrará. Por las buenas o por las malas. Y si ha de ser por las malas, que sea por las menos malas posibles. Pero no se celebrará y lo saben. La única incógnita es qué estarán dispuestos a hacer para conseguir un grado suficiente de “represión” que les permita polarizar aun más la tensión política con el fin de expandir un poco más su base social.

Porque no olvidemos que todo esto viene de la profunda crisis de Convergencia, que por mor de la crisis económica, la corrupción y su ambigüedad, entró en una espiral sin límite de perdida de votos. Decidieron echarle la culpa a un enemigo externo, Madrid, y se echaron en brazos de los independentistas de izquierda, que les estaban comiendo el terreno a marchas forzadas. Y aún así, despúes de unirse, los representantes de Junts pel Si fueron menos que la suma de los partidos que lo componen en las anteriores elecciones. Y ello pese a los beneficios que la ley D´Hont da a las concentraciones electorales.

Lo lógico ante el fracaso del remedo de “referendum” que organizó Mas habría sido vender el 48% de apoyo como un gran éxito y proclamar que iban a seguir trabajando y “construyendo país” para que una porción de los catalanes todavía no convencidos se les sumara en un futuro segundo referendum. Pero no, optaron por elevar la apuesta y lanzar un órdago frente al que el Estado no tiene márgen de maniobra.

Puede que la sangre no llegue al rio. Es decir, puede que todo esto haya sido un calentamiento para celebrar hoy una Diada en plan árabe. Me explico. Los árabes – o los griegos viendo lo que hizo Tsipras convocando un referendum rebelde contra la austeridad para, después de ganarlo, bajarse los pantalones – son muy de elevar el tono al máximo antes de la batalla, o la negociación final, para poder presentarse ante sus hordas tras perderla con tranquilidad de espíritu al no haber tenido otra opción que rendirse: “Chicos, lo hemos intentado, a fondo, y vosotros sois testigos, pero no ha sido posible”. Es una manera muy burda de salvar la cara pero funciona, al menos en algunos lares.

Ojalá, aunque ahora mismo no lo parece. En todo caso, al Estado no le cabe otra que hacer lo que tiene que hacer, es decir, cumplir con su deber: recurrir las decisiones secesionistas, examinarlas, dictaminar su ilegalidad cuando corresponda, y en tal caso evitar que se pongan en práctica. Por las buenas o ejercitando el monopolio de la fuerza que le corresponde.

Cristiano Ronaldo tiene buenas razones para estar convencido de ser el mejor jugador del futbol, el mejor pagado y el más guapo. Y en un partido reciente fue perjudicado por la decisión del árbitro, al que empujó levemente por ello. Lleva varios partidos quedándose en casa sin jugar cumpliendo la sanción que le fue impuesta. Claramente injusta, bramó él en un par de ocasiones. Pero no jugará hasta que se cumpla. La prensa deportiva de Madrid le apoyó como un solo hombre, en parte porque realmente la decisión del árbitro había sido errónea. La masa social del Real Madrid protestó intensamente. Pero los partidos de liga se han seguido jugando con normalidad.

Ni Puigdemont ni nadie va a poder llevarme a despreciar o desdeñar a Cataluña, a la que no representan. No me duelen prendas en dar un viva a Cataluña por la Diada. Ninguna. Como tampoco en exigir que se garantice la democracia en todo el territorio estatal, no para preservar la unidad de España, una de las naciones más antiguas del mundo, ni para castigar el comportamiento irresponsable de una panda de zafios irresponsables, sino para defender los derechos individuales de todos y cada uno de los ciudadanos de Cataluña. Que son los recogidos por el Estatut y la Constitución, ni más ni menos. Y todo lo demás son zarandajas.