LBNL

Vaya por delante toda mi solidaridad con todos aquellos que han sufrido los embates del terrorismo etarra, en sus carnes, en las de sus familiares o en las de otros seres queridos. La desgracia ajena genera lógicamente empatía entre quienes hemos tenido la suerte de evitarla, más si cabe cuanto más grande es la desgracia, y todavía más cuanto más absurda e irracional resulta. Es decir, todos lamentamos que alguien muera en un accidente de tráfico pero conducir conlleva un riesgo que todos aceptamos por más que procuremos limitarlo al máximo. Sin embargo, no había ni hay ninguna razón para que en la España democrática muchos, muchos miles de nuestros conciudadanos, vivieran amenazadas y casi un millar murieran vilmente asesinados.

Nuestra sociedad tardó en reaccionar para ofrecerles el apoyo y reconocimiento que merecían por haberse convertido involuntariamente –o heroicamente- en dianas de los asesinos. Pero lo hizo, a través de compensaciones económicas y homenajes públicos, que contribuyeron a paliar –sólo parcialmente- su sufrimiento.

Conocí y conozco personalmente a varias víctimas, concretamente a algunos de los obligados a vivir con escolta y a algunas a las que le habían asesinado a un familiar cercano. Colaboré algo en la causa contra el terror –que siempre entendí como propia- y acudí a varias manifestaciones y actos de homenaje, emocionándome con su sufrimiento y sintiéndome privilegiado por poder compartir tiempo con gente tan valerosa y/o serena pese al dolor.

Precisamente por ello me duele enormemente sentirme cada vez más alejado de aquellos sentimientos. Incluso en aquellos momentos, en alguna ocasión expresé mi opinión de que el papel que las víctimas estarían llamadas a jugar en una eventual solución del problema sería mínimo. No estaba descubriendo América sino proyectando lo que pasa en otras partes del mundo. Las autoridades democráticas tienen el deber de arropar a los que han sufrido injustamente pero también el de, fundamentalmente, evitar que haya más víctimas, conjugando concesiones y rigor en un complicado equilibrio que depende de varios factores, incluida la relación de fuerzas, la gravedad de los crímenes y la justicia.

Sobre esta última, no olvidemos que nuestro ordenamiento jurídico penal se orienta hacia la reinserción. Es decir, no persigue solamente desincentivar la comisión de crímenes futuros por medio del castigo al criminal actual, sino también rehabilitar al condenado de manera que permanezca en prisión sólo en tanto en cuanto siga constituyendo un peligro para la sociedad. De ahí que contemos con figuras como la redención de pena por trabajo, el segundo y tercer grado y la libertad condicional, que se aplican, naturalmente, antes del cumplimiento íntegro de la pena.

Desde que ETA renunció a la “lucha armada” y su soporte político, la denominada izquierda abertzale, apostó en exclusiva por la lucha democrática, exigiendo a la anterior, ya muy debilitada por la acción de la policía y la judicatura, que no vuelva a las andadas, el riesgo para la sociedad se ha reducido enormemente. Son innumerables las señales de que la mayoría de los etarras ha renunciado a la violencia, bien por arrepentimiento (los menos) o desfallecimiento (los más). Pero nuestro Derecho Penal no exige que el criminal se arrepienta, basta con que haya aprendido la lección, es decir, que por las razones que sea, haya llegado a la convicción de no volver a delinquir.

ETA no estará muerta del todo hasta que no se disuelva o mueran los pocos locos que pretenden mantener la antorcha encendida, vagando por bosques franceses y capitales secundarias europeas, con las armas llenas de moho en zulos ignotos y sin dinero para movilizar su maquinaria asesina, dada su renuncia a proseguir con el “impuesto revolucionario” del que vivieron durante décadas. Pero lo relevante es que no mata, no pone bombas, no amenaza y no extorsiona. Es decir, no delinque.

En estas condiciones, lo lógico es que la administración penitenciaria empiece a aplicar a los etarras presos el tratamiento ordinario, con los acortamientos de pena que proceda en función de sus circunstancias personales, algo que ETA siempre rechazó y que ahora sus presos anhelan. Y que, en paralelo, sus marcas electorales, antaño prohibidas en razón del lógico principio de que los liberticidas no deben poder competir democráticamente con aquéllos a los que asesinan, no encuentren obstáculos legales para ejercer la acción política en igualdad de condiciones con todas las demás opciones.

Es lógico que les recordemos en todo momento dónde estaban cuando silbaban las balas, en el lado equivocado, ahora y antes, y que se lo echemos en cara, hasta que lo asimilen y lo reconozcan y más allá, si se quiere. Y es completamente entendible que las víctimas no les perdonen, ni a los asesinos ni a sus cómplices políticos. Yo creo que no lo haría de haber sido directamente afectado y aun sin haberlo sido, siempre despreciaré a Otegui y compañía, lo cual no es óbice para reconocerles también su contribución positiva a poner fin a la tragedia que ellos mismos habían engendrado.

Pero el perdón, individual o colectivo, es irrelevante a efectos penales y políticos. De la misma manera, las víctimas del terrorismo etarra no tienen, ni individual ni colectivamente, ningún mandato político para gestionar el fin de la violencia. La representatividad la tienen las autoridades democráticamente elegidas. Las víctimas y sus asociaciones pueden obviamente opinar, como todos nosotros, pero no están mejor situadas que el resto, ni tienen mayor legitimidad, para juzgar qué es lo más indicado y qué puede y debe hacerse, o no. Es más, tienen la misma legitimidad pero, obviamente, tienden a tener menor objetividad.

Recuerdo a Savater cuando contestaba a las voces del PNV que achacaban sus posiciones al sufrimiento por el que estaba pasando, que en realidad era al revés: se veía sometido a presiones intolerables precisamente por las posiciones que mantenía. Tenía razón pero también es verdad que, al final, el sufrimiento influencia el juicio, especialmente si es intenso y continuado, como corresponde cuando se pierde a un ser muy querido.

El PP, durante los gobiernos de Aznar, tuvo el mérito de iniciar los pasos legales y administrativos para compensar a las víctimas y reconocer su sufrimiento, pero después, ya en la oposición, cometió el grave error de instrumentalizarlas, jaleándolas contra el bien-llamado proceso de diálogo que entabló Zapatero cuando la banda le indicó que estaba madura para ello, por carta y dejando de matar durante tres años. Cabía discrepar, incluso oponerse, pero no acusar de traición al Presidente del Gobierno democráticamente elegido, tanto como el anterior, que también intentó el diálogo en peores condiciones y con mucho peores resultados, dada la sangrienta ofensiva que siguió. Se puede entender que las víctimas se desgarraran las ropas, pero no que el principal partido de la oposición, tratara de revestir sus posiciones políticas contrarias con la legitimidad moral de las víctimas.

Hoy las víctimas claman también contra el Gobierno de Rajoy, con la ayuda de algunos políticos populares descontentos con la línea política de su partido y también con el papel secundario que les ha tocado en suerte jugar en esta etapa. Hoy es Rajoy el acusado de traicionar a las víctimas por supuestamente consentir que ETA consiga sin matar lo que no consiguió matando. Lo que consiguió matando está claro: hacer sufrir a mucha gente a cambio de nada, de ningún rédito político o social. Lo que está consiguiendo ahora lo está mucho menos, salvo que se considere una victoria de ETA que sus acólitos hayan aceptado hacer lo que veníamos reclamándoles desde el principio de la democracia: que compitan electoralmente. Sí, Bildu gobierna Donosti, y más sitios, lo cual es bastante irritante y dice muy poco de la ciudadanía vasca, demasiado cobarde en su conjunto durante los años de plomo y demasiado presta a condonar los graves pecados de quienes tanto daño han contribuido a causar. Pero Bildu, o Sortu, no son ETA y, además, no están ganando nada. Hemos ganado todos con su aceptación de la legalidad democrática. Y punto.

Como también ganamos si las víctimas que quieren influir en la política, se deciden a competir electoralmente. Con la incorporación de Maite Pagazaurtuandua a la candidatura europea de UPyD, que viene a sumarse a la participación destacada de Ortega Lara en Vox, son ya dos las formaciones políticas que de una manera u otra hacen bandera de la causa de las víctimas de ETA. Bien está: si quieren influir, que se ganen la legitimidad en las urnas.

Es lo correcto y, además, es lo que necesito para no profanar mis recuerdos y trocar mi admiración y respeto por el desprecio que me merecen los exabruptos continuados de los supuestos representantes del colectivo de víctimas, ayer contra Zapatero, hoy contra Rajoy y mañana contra cualquiera que legítimamente discrepe de sus posiciones. No se les puede reclamar que estén de acuerdo, pero sí que discrepen sin faltar al respeto y que no se arroguen un papel que no les corresponde, por más que una parte del PP siga pretendiendo hacerles creer que sí.

Todo mi respeto por el sufrimiento de Ortega Lara, contra cuyo secuestro me manifesté varias veces y con cuya liberación me emocioné, pero cero respeto por sus absurdas y retrógradas ideas políticas, que por supuesto tienen derecho a entrar en liza democrática, tanto como tengo yo para despreciarlas profundamente.

Todo mi respeto también por Maite. Viví con mucha intensidad el asesinato de su hermano y me impresionó la serenidad y el arrojo con que lo afrontó, más allá de la procesión que iba por dentro. No comprendí su distanciamiento personal de todos aquellos que apoyaron el proceso de fin dialogado de la violencia emprendido por Zapatero, pero su labor al frente de la Fundación de las Víctimas del terrorismo fue más que correcta. Como también lo es el paso que ha dado ahora adhiriéndose a UPyD. Las encuestas indican que no les irá mal, pero también que su representatividad rondará el 10%. Que la utilicen, pero en su justa medida, sin asomo de la exclusividad que otros, como las cada vez más discutidas AVT y Covite, pretenden arrogarse.