Arthur Mulligan

Durante la despedida oficiosa, lacrimógena, inconsistente e infantil de Casado como líder del PP (“no he hecho nada malo”) Sánchez tomo la palabra y entre otras fórmulas no exentas de cortesía, señaló la herida por la que sangra su rencor, la que no cicatriza por más alto que vuele el Falcon: la falta de reconocimiento a la legitimidad de sus gobiernos por una parte de conservadores y liberales después de autorizar a su grupo parlamentario el establecimiento de una coalición con la extrema izquierda primero, para más tarde complementarse con el nacionalismo para dotar al conjunto de estabilidad.

Legalidad y legitimidad no son, necesariamente, significantes contrapuestos, pero vienen a significar cosas y puntos de vista diferentes en relación con el Derecho. Así, la legalidad (fácil de expresar, aunque no tanto de entender en toda su extensión) significa el ajuste o sometimiento de una determinada conducta a lo que prescriben las normas, sea cual sea el rango de estas (ley Formal o mero reglamento). Si una conducta -en el ámbito que sea- no se acomoda a lo prescrito en las normas, se dice que esa conducta es ilegal y, de momento, eso es todo.

Por su parte, la legitimidad resulta mucho más difícil de definir y delimitar puesto que se emplea tanto en política como en derecho puro, que son dos ámbitos que no conviene confundir.

Para la política, se relaciona con la capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad sin recurrir a la coacción, la amenaza de la fuerza, pudiendo decir, entonces, que un Estado es legítimo si los miembros de la comunidad aceptan la autoridad vigente.

En términos jurídicos, se habla de legitimidad cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso al monopolio de la ley y apela al ideal de ética o justicia que debe incorporar toda norma.

A su vez, esta legitimidad se subdivide en dos especies: legitimidad Formal y Material.

La Formal se entiende como el correcto proceder del poder público con respecto a los procedimientos establecidos en el Ordenamiento Jurídico (con lo cual queda asimilada a la mera legalidad).

La legitimidad Material es, a su vez, el consenso (reconocimiento) del pueblo respecto de la ley creada o de la actuación del poder público y nos remite al contenido ético de la norma con referencia al contexto social en que ha de ser aplicada.

La distinción entre legalidad y legitimidad resulta ser, para comenzar, una diferencia esencial en cualquier estado democrático de derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley (es decir generan obligación jurídica).

La legitimidad forma parte del orden de la política y de la ética pública (fundamentación de las normas y de las decisiones).

De esta forma, mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad (política o ética) y reconocimiento.

O, expresado de otro modo, la legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta al remitir a conceptos más difusos (como puede ser la ética).

Sin la diferencia entre legalidad y legitimidad el sistema político se torna fatalmente totalitario, motivo por el cual el mantenimiento de esta frontera es una de las tareas más precisas y delicadas de todo sistema político democrático.

El principio jurídico de legalidad presupone que los órganos que ejercen un poder público actúan dentro del ámbito de las leyes. Éste principio tolera el ejercicio discrecional del poder, pero excluye el ejercicio arbitrario y aquí es donde entra en juego la legitimidad.

La ley nos protege de los caprichos del poder porque es impersonal, pero por eso mismo distante de la realidad social existente en cada momento; y el poder del gobernante conserva siempre una dimensión personal, que es peligrosa pero también cercana a nuestras necesidades y carencias.

Objetivamente una norma es justa cuando es precisa y equitativa, pero, objetivamente, los ciudadanos no determinan lo que es justo o injusto; simplemente lo descubren cuando así se lo pone de manifiesto un operador jurídico.

La legitimidad de cada norma (no su legalidad), se mide por el resultado justo o injusto al que conduce en cada caso concreto, motivo por el cual siempre ha de ser alineada con un componente de equidad que tiene su anclaje jurídico -en la vida de las fuentes del Derecho- en los Principios Generales del mismo que tienen carácter informador del resto de las fuentes.

En los estados de derecho configurados constitucionalmente como democracias liberales la escisión entre legalidad y legitimidad no es ni técnica ni políticamente posible.

La legalidad es la expresión de una previa legitimidad que reside en el poder constituyente que asume los derechos y libertades de los ciudadanos, establece un modelo territorial determinado (federal, regional, autonómico o centralizado, al margen de las confederaciones que son tratados internacionales entre entidades soberanas) y los plasma en una constitución refrendada con todas las garantías.

España está calificada como una democracia liberal de primer orden en Europa y cuenta con una de las constituciones más avanzadas, aunque se trate de un texto reactivo a la reforma. La nuestra es -o debe ser- una democracia abierta y no militante porque es una democracia procedimental, así que todas las ideas y objetivos son legítimos en el terreno político e ideológico siempre y cuando se atengan al principio de legalidad que solo puede alterarse conforme a las pautas que establece la propia norma.

Esto que es obvio para todo el mundo parece que no es de recibo por parte del independentismo catalán.

Tampoco por las resistencias del vasco.

O las opacidades de toda índole de Podemos, hoy en clara descomposición institucional y de liderazgo

Ni siquiera por la embestida de Vox -de momento apariencial- contra la igualdad y la construcción de la UE con los compromisos asumidos por España.

Lo que está en cuestión es la forma de ejercer el poder.

Pues bien, Pedro Sánchez y sus gobiernos se comportan como socios de aquellos grupos que comparten la peor raíz teórica de Carl Schmitt, los que intentaron, sin conseguirlo, crear de manera efímera y virtual una legalidad alternativa a la del Estado basándose sin rigor alguno en una legitimidad sobrevenida por un inventado comportamiento arbitrario de los poderes del Estado para con Cataluña.

Puesto en este brete y necesitando el comodín permanente que salve la artificiosa coalición, Sánchez emprendió una cobertura dialéctica para atemperar la necesaria activación de las medidas tomadas por su antecesor en defensa de la integridad del estado mediante la negociación de un indulto que como era de prever contó con la opinión negativa del tribunal sancionador.

Al mismo tiempo intentó un golpe de mano contra el normal desenvolvimiento de la vida interna de uno de los poderes del Estado, afortunadamente frenado a última hora desde la UE.

La connivencia con la duplicidad de legalidades y legitimidades que sostienen los enemigos del Estado tal y como lo conocemos hoy en día, manipulando la esperanza en un referéndum ilegal, un nuevo status, un cambio de régimen, etc. como acto mayor y mediato en el tiempo de los secesionistas (que estos aprovechan para reforzarse administrando los recursos económicos institucionales), subvencionan la necesaria frustración futura, y justifican la apariencia deslegitimadora de su acción de gobierno.

Creo que es la segunda vez, a partir de los acontecimientos de 2017 en Barcelona –cierto que con mucha menor intensidad y gravedad que la primera (23F)– en que aparecen proyectados en la vida de nuestra CE de 1978 algunos de los rasgos del drama que se produjo, tanto en la joven República austriaca y la República alemana de Weimar en 1919.