David Rodríguez Albert

La ocupación ilegal de viviendas es uno de los asuntos que nos está inundando de noticias en los últimos tiempos, generando una sensación de desasosiego general que lleva a mucha gente a demandar una mayor seguridad al respecto. Más allá de que el Gobierno acaba de aprobar la aceleración de los desalojos bajo determinadas circunstancias, es importante situar esta problemática en su auténtica medida, que está bastante lejos de la desmesura apocalíptica que algunos tratan de darnos a entender.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.289 denuncias por ocupación ilegal de viviendas, cifra que representa un 0,06% del conjunto de las existentes en España, y un descenso del 8,8% respecto al año anterior. Además, la mayoría de los casos hace referencia a la usurpación, que consiste en la ocupación de viviendas deshabitadas, la mayoría pertenecientes a bancos o grandes propietarios. En cuando al allanamiento de morada, es decir, la ocupación de viviendas habitadas, se registraron 3.646 casos.

Adicionalmente, hay que tener presente que, en el caso de allanamiento de la residencia habitual, la policía puede proceder al desalojo inmediato de los ocupantes sin necesidad de una orden judicial, que solamente es requerida si han pasado más de 48 horas desde la ocupación: en tal caso se tarda entre una semana y un mes. Si se trata de lo que hemos llamado usurpación, el plazo estimado es de entre 2 y 12 meses.

Por tanto, no se puede decir que se trate de una realidad inexistente, pero está claro que su importancia se ha visto sobredimensionada a través de exageraciones y de bulos acerca del problema. Esto puede comprobarse en diferentes webs que tratan del asunto, como por ejemplo (y entre otras) https://www.newtral.es/tag/okupas/, que como podemos observar tiene incluso un apartado específico sobre la materia.

La primera razón por la que algunos medios y redes sociales exageran hasta la saciedad esta cuestión es de carácter ideológico. Como ya hemos mencionado más arriba, la creación de un relato de inseguridad permanente es el mejor caldo de cultivo para qué la extrema derecha introduzca sus ideas reaccionarias, cuestionando las libertades básicas en favor de una ficción de supuesta seguridad pública. Esto explica que incluso en Vox se hayan difundido noticias abiertamente falsas como la ocupación de la vivienda de una anciana por parte de una cuidadora migrante y otras joyas por el estilo: https://www.elplural.com/sociedad/difundio-vox-bulo-cuidadora-marroqui-resultaba-inquilina-domicilio_273817102

Un segundo motivo para generar este ficticio estado de alarma es de índole económica y hace referencia al pujante negocio de la seguridad privada. Una de las empresas más beneficiadas es Securitas Direct, líder nacional en instalación de alarmas, y una de las que más invierte en publicidad en España. En 2022, ocupó el tercer lugar en el ranking de marcas por volumen de inversión publicitaria, destinando 29,14 millones de euros, lo que representó un incremento del 8,33% respecto al año anterior. Además, ha sido el mayor anunciante en radio en España durante varios años. La vinculación entre esta compañía y los medios difusores de noticias “exageradas” sobre la ocupación se explica perfectamente en el documental “El cuento de los medios”.

Finalmente, la señalización de la ocupación como fuente de todos los males sirve como perfecta maniobra de distracción para evitar el debate fundamental sobre la vivienda. Según la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales realizada por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas Española, más de 4,6 millones de hogares en España sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024. Compárese este dato con el de los allanamientos (3.646 casos), la mayoría resueltos por la policía en las primeras 48 horas, y tendremos una idea mejor de cómo se desvía la atención de los abusos cometidos por los bancos, los mercados y los grandes propietarios (las personas con más de cinco viviendas en propiedad controlan el 40% del parque inmobiliario en Barcelona). Es el manual de estilo de la extrema derecha: dividir a la población, señalar al migrante y proteger los intereses de los más poderosos.