El Ministerio Fiscal y el Gobierno a instancias del Congreso o del Senado, pueden instar ante el Tribunal Supremo la ilegalización de un partido político que (artículo 9.2) justifique o exculpe atentados contra la vida o la integridad física; fomente, propicie o legitime la violencia como método; o complemente y apoye políticamente la acción de organizaciones terroristas.

Y se entenderá que concurren estas circunstancias (art. 9.3) si se repiten conductas como: incluir en su dirección o en sus listas a condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente el terrorismo; utilizar símbolos o mensajes que se identifiquen con el terrorismo o la violencia; apoyar expresa o tácitamente el terrorismo legitimando los atentados, exculpando y minimizando sus efectos; fomentar una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas; utilizar símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia, etc.

Por concurrir estas circunstancias Batasuna fue ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo en marzo de 2003 (ya estaba suspendida por la vía judicial desde agosto de 2002). Su ilegalización es irrevocable como afirmaba a principios de semana el Fiscal General dado que su inscripción en el registro de partidos fue cancelada y sus bienes disueltos. Batasuna murió y no puede resucitar.La segunda hipótesis contemplada en la ley 6/2002 es el intento fraudulento de suceder a un partido político ilegalizado y disuelto (art. 12.1.b) bien creando un nuevo partido o a través de otro partido ya inscrito. Entre otros, la ley cita como criterios para determinar la sucesión la similitud entre ambos partidos incluidas las personas que los componen o representan y cualesquiera otras circunstancias relevantes como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo. Y establece que en el caso de que el nuevo partido se presente a la inscripción en el registro le corresponderá al Ministerio del Interior y al Ministerio Fiscal denunciar el intento fraudulento de sucesión a la Sala 61 del TS.Lo mismo vale para los intentos de suceder al partido ilegalizado a través de agrupaciones electorales ad hoc (disp. adicional 2ª.1) como «Herritarren Serenad», que la misma Fullaondo presentó ante la Junta Electoral Central con vistas a concurrir a las elecciones europeas de junio de 2004. La aceptación inicial de la Junta fue recurrida por el Estado ante la Sala 61 del TS (sí, esa misma cuya composición está ahora mismo en entredicho por las supuestas manipulaciones del Presidente del TS y del CGPJ) que rechazó su concurrencia a las elecciones por suceder a la ilegalizada Batasuna. Con el mismo criterio anuló también 241 candidaturas de agrupaciones electorales ad hoc en atención fundamentalmente a la presencia en ellas de más de 1.500 candidatos relacionados con Batasuna, que de esta manera pretendía concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2003. Finalmente, la Ley 6/2002 establece que a la hora de la inscripción de un nuevo partido político (art. 5) si Interior aprecia indicios de ilicitud penal deberá transmitir la solicitud al Ministerio Fiscal, que tendrá un plazo de 20 días para apreciar si corresponde actuar judicialmente contra su inscripción.A falta de mejores fuentes, lo único que sabemos de ASB es que según Gara sus estatutos apuestan exclusivamente por las vías democráticas y sus fines últimos son la independencia y el socialismo. Lo cual es impecable jurídicamente. Pero como afirma Interior en la nota de prensa que ha emitido, un sólo contraindicio no es suficiente para contrarrestar los demás indicios de ilegalidad observados.