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Resulta complicado escribir sobre lo que ocurrirá en Cataluña esta semana mientras arde Galicia y miles de personas huyen del fuego. Esperemos que las víctimas mortales se queden en tres y que para cuando se lean estas líneas, la sempiterna lluvia galega haya empezado a amansar los múltiples frentes de fuego, que por otro lado demuestran que la tragedia ha sido provocada deliberadamente. Como lo ha sido también la gravísima crisis a la que se enfrenta Cataluña. Todo parece indicar que el todavía President Puigdemont va a resistir la presión de sus más fervientes aliados y evitará confirmar su rebeldía institucional. Pero no cabe duda de que no renunciará a los postulados enunciados y escenificados en el Parlament la semana pasada. Por tanto, es más que previsible que el Gobierno le responda recordándole la exigencia de restablecer plenamente la normalidad constitucional antes del próximo jueves, mientras se dirige en paralelo al Senado para que, en caso de que la Generalitat no se avenga a razones, valide la intervención de la Autonomía catalana en virtud del tan cacareado artículo 155 de la Constitución. La suspensión del auto-gobierno catalán podrá ser total o parcial, dependiendo de cómo evolucione la situación pero será en todo caso un gran fracaso colectivo, de consecuencias impredecibles. Es previsible que Galicia deje de arder pronto. En Cataluña no sabemos cuándo amainará la tormenta ni los daños que se sumarán a los ya causados, pero si sabemos que cuando lo haga, Cataluña seguirá formando parte de la España constitucional. Esterilidad que refuerza lo absurdo de esta crisis.Los independentistas parecen vivir en una realidad paralela en la que la independencia de Cataluña es no solo posible sino prácticamente inevitable, inminente y a coste cero. Pregonaban y parecían creer que no habría fuga de empresas y bancos y que la independencia unilateral no sería óbice para que Cataluña siguiera formando parte de la Unión Europea con todo lo que ello conlleva. La presión insuperable de los mercados y el apoyo explícito de Bruselas y los principales Estados europeos al régimen constitucional español, no parecen haber sido suficientes para abrirles los ojos. A juzgar por algunas de las reacciones, el enrocamiento parece ser la respuesta al brutal choque con la realidad. Su gran esperanza es que el Estado represor desenfunde primero y la violencia empuje a la comunidad internacional a imponer la tan ansiada mediación. Pero hasta eso es una quimera: con independencia de las posibles torpezas adicionales que el ínclito Zoilo pueda cometer, nadie en Europa querría o podría intervenir en un asunto interno español en el que el Gobierno hace cumplir la ley democrática frente a un movimiento socio-político que la desprecia.

Como tampoco puede el Gobierno interferir con las decisiones que hoy mismo puede empezar a tomar la Audiencia Nacional respecto al Mayor de los Mossos y los principales responsables de la ANC y Omnium Cultural. Podemos preferir la mayor de las contenciones, también por parte del poder judicial, pero no cabe otra que respetar su independencia  y acatar sus decisiones, recurribles con arreglo a lo dispuesto en las garantistas leyes que nos gobiernan según lo que hemos acordado democráticamente.

Resulta realmente contradictorio que aquellos que rechazan de plano la legalidad constitucional que impide a Cataluña independizarse o consultar a la ciudadanía al respecto, se atrevan a denunciar al mismo tiempo la intervención del auto-gobierno constitucional catalán por parte del Gobierno. O vale o no vale, pero no valen las dos cosas al mismo tiempo. En este sentido, la CUP es perfectamente coherente: Cataluña se ha declarado independiente y por tanto no tiene ningún sentido seguir participando de la actividad ordinaria del Parlament. Por lo mismo, en cuanto se publique la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Gobierno, resultará interesante verificar el membrete bajo el cual se emite: si Puigdemont sigue siendo President de la Generalitat no le cabe otra que aceptar la legalidad constitucional. Si por el contrario se considera el máximo representante de una nueva entidad nacional, libre por fin del férreo yugo constitucional, no será de recibo que lo invoque en su defensa.

Es a mi juicio evidente que hay muchas razones por las que la ciudadanía catalana puede sentirse legítimamente maltratada. Todas ellas son debatibles y negociables. Por las malas o por las buenas. Si es por las buenas, no cabe otra que respetar el ordenamiento jurídico constitucional. La inmensa mayoría de los catalanes – independentistas incluidos – son demócratas y lamentan profundamente haber llegado a la situación actual. Y tienen razón los que denuncian que el lema de que dentro de la Constitución cabe todo pero fuera nada, es parcialmente falso en vista de la cerrazón del Gobierno durante los últimos años a negociar dentro de los límites constitucionales. Pero nada excusa el desafío a la legalidad constitucional. Si tenían razón, o parte de la misma, la perdieron cuando decidieron echarse al monte. Y en tanto no desistan, no cabrá negociación posible.

Esperemos que el Gobierno tenga claro que es absolutamente esencial limitar al máximo la respuesta al desafío legal. Las pulsiones nacionalistas no son en absoluto patrimonio exclusivo de los independentistas catalanes y ceder a ellas es lo peor que podría hacer el Gobierno. Puigdemont, Mas, Jonqueras y muchos otros se han hecho merecedores de todo tipo de sanciones legales pero no dejan de ser representantes democráticos de una gran parte de la ciudadanía catalana. Una cosa es intervenir la autonomía catalana por su persistencia en el desafío a la Constitución y otra bien distinta detener a quienes la gobernaban hasta ahora.

El Estado tiene el deber de garantizar el imperio de la ley democrática y tiene el monopolio de la fuerza. Pero debe ejercer esta última con la máxima contención posible y delegar en el poder judicial el reparto de responsabilidades penales. No olvidemos en ningún momento que, con independencia de la sinrazón y deslealtad ejercida por los líderes independentistas, un Estado democrático tiene la responsabilidad de integrar también a la mitad de la ciudadanía catalana que, por las razones que sean, no se sienten a gusto en el actual encaje constitucional.

La legalidad democrática constitucional nos asiste. Hagámosla respetar, sin duda, porque la democracia lo exige. Pero el imperio de la ley no es contradictorio, al contrario, con el ejercicio de la responsabilidad política. La magnitud del desafío legal es evidente pero no lo es menos la magnitud del conflicto político subyacente, que requiere de mucha sensatez, diálogo y contención. Para que la razón siga estando de nuestra parte.

Sabemos que en este duelo, quién desenfunde primero, pierde. Pero sabemos también que los independentistas solo tienen balas de fogueo. El tiempo corre en su contra y apenas les queda espacio para maniobrar. Urge, sobre todo, evitar sobreactuar y darles oxígeno adicional. Y no olvidemos tampoco que la mira de los independentistas que han diseñado esta tragedia griega es la audiencia internacional. Suspender parcialmente el auto-gobierno catalán será perfectamente asumido por la comunidad internacional. Detener a cargos electos, no. Impedir su entrada en las sedes de la Generalitat no será un problema. Reprimir violentamente a quién se manifieste pacíficamente en contra de la intervención estatal, si.

En suma, es ineluctable imponer el imperio de la ley, pero para ganar el conflicto de fondo es indispensable convencer – que no vencer – al conjunto de la ciudadanía catalana, evitando con ello, además, perder a la comunidad internacional.