Arthur Mulligan

Sin fe en sí mismo, sin programa, sin Presupuestos, con serios problemas de liderazgo y abocado a resistir en pésimas condiciones, con ministros que pelean entre sí por algo que, aunque tenga relieve, apenas tendrá resultado hasta 2026.

Hoy me gustaría presentar dos elefantes en la habitación que el Gobierno trata de ocultar y por eso mismo acudo a la opinión de otros actores que merecen más credibilidad.

El problema de la vivienda

Dice Toni Roldán Monés: La coalición de gobierno ha sido capturada por un diagnóstico ideológico, efectista y bienientencionado, pero profundamente equivocado.

De ese mal diagnóstico han salido una serie de políticas y regulaciones que han disparado la incertidumbre regulatoria, matado la rentabilidad de la construcción y destrozado las señales de mercado, agravando el enorme problema de enorme escasez de vivienda. Los bomberos están actuando como pirómanos y el caso más sangrante es el de Barcelona donde la situación va a seguir agravándose en los próximos años.

Esas malas políticas no son de izquierdas: a quien más perjudican es a los más vulnerables. Hay otra izquierda posible que está tomando decisiones radicales en este ámbito en la dirección opuesta al gobierno, por ejemplo, en el Reino Unido o Canadá.

El diagnóstico puede resumirse así: el problema es que hemos dejado la vivienda en manos del mercado y la especulación. Y puesto que se trata de un bien de primera necesidad, el Estado debe recuperar las riendas para evitar que ese derecho quede “sistemáticamente conculcado”, en palabras del economista Nacho Álvarez. Ese diagnóstico ha ido acompañado de la efectiva utilización de algunos cabezas de turco: los diabólicos grandes tenedores o “fondos buitre” y las plataformas. ¡Prohibamos la inversión extranjera y el alquiler turístico y el problema solucionado!

Entre el grupo de propuestas más positivas están las que tratan de incrementar la oferta como los incentivos a poner (la muy escasa) vivienda vacía disponible en el mercado, los intentos (fallidos) de aumentar el suelo disponible para construir (la reforma de la Ley de Suelo está frenada por Sumar y Podemos, entre otros, en el Congreso) o las políticas para reducir la incidencia del alquiler turístico. Es cierto que en algunos barrios de grandes ciudades o municipios de Girona o Málaga la incidencia de este tipo de alquiler es alta (por encima del 5%) y eso ejerce presión sobre los precios. Pero en el conjunto de España este tipo de viviendas ocupan solamente un 1,9% del parque residencial en 2023, (menos del 1% en las provincias como Barcelona o Madrid), según datos del INE, un porcentaje pequeño en relación con la magnitud del problema.

Por su parte, las medidas de estímulo de demanda, como los bonos al alquiler para jóvenes son políticamente biensonantes, pero suelen ser muy ineficientes y terminarán repercutiendo en mayores subidas de precios. Por ejemplo, en un estudio con datos de Francia se estima que, de cada 100 euros de alquiler subvencionado, 78 terminan en subidas de precios del alquiler.

El segundo grupo de medidas son las que parecen diseñadas para agravar el problema. Aquí entran los ataques a la inversión extranjera o los grandes tenedores. Como ha explicado José García Montalvo, con porcentajes muy bajos (7% de media, máximo 15% en zonas muy determinadas), los tenedores no tienen ningún poder monopolístico para condicionar los precios. El problema es el contrario: en un entorno en el que necesitas multiplicar la escala a la que estás construyendo quieres tener más grandes inversores y empresas con fuerte músculo financiero para superar la enorme incertidumbre regulatoria que hay en el sector.

En este segundo grupo, el caso más extremo es Cataluña. Si el problema es el mercado, que sea el gobierno el que decida directamente los precios. No hace falta haber leído a Paul Krugman, o los resúmenes de la abrumadora evidencia causal sobre este tema, para saber que los controles de precios reducen la oferta y tienen muchos efectos secundarios negativos. El estudio más riguroso publicado hasta la fecha para Barcelona muestra que efectivamente cayeron los precios un 5%, a cambio de un 10% de reducción en la oferta y de subidas de precio de las viviendas más baratas en esas mismas zonas (y en las limítrofes no reguladas) – que aprovecharon la regulación para pegarse al nuevo techo de referencia. Como ha explicado el Catedrático de la Pompeu Fabra, Jordi Galí, la medida “tendrá exactamente el efecto contrario al deseado” generando presiones a la aparición de “un mercado negro al margen de la ley” y un sistema dual donde los jóvenes que no vivan ya en zonas reguladas lo tendrán mucho más difícil para acceder.

También en Barcelona entró en vigor la norma que obliga a reservar el 30% de las nuevas construcciones o rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados para vivienda social. ¿Saben cuál ha sido el efecto? Mientras que en las capitales del resto de España (incluida Madrid) los visados de obra nueva se han mantenido estables, en Barcelona se han desplomado a niveles mínimos históricos. Según datos de BBVA Research, en el año 2023, los visados sólo representaban el 23% de los aprobados en 2019. ¿Conocen algún caso de un efecto más opuesto al aparentemente deseado en una regulación?

Imaginen por un segundo que se dedican al negocio de la construcción. Necesitan un enorme capital que van a mantener bloqueado durante mínimo 10 años. Para el caso de suelos urbanizables o suelos urbanos no consolidados, 5 ó 6 años la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana; 2 años el Plan Parcial o Plan de Mejora Urbana y el Proyecto de Urbanización; 2 años la urbanización y 2,5 años, de construcción contando con la petición de licencias. A eso añádanle la probabilidad (real en infinidad de proyectos) de que los movimientos vecinales (por supuesto, siempre con el apoyo de los partidos del ala más izquierdista del gobierno) bloqueen el proyecto de forma indefinida. ¡Queremos que bajen los precios y una vivienda digna! Pero no en mi patio trasero (Not in My Backyard). A eso súmenle el encarecimiento del coste de los insumos de la construcción de un 30% estimado desde la pandemia y los tipos de interés altos del último periodo. Y para la guinda, métanle otra reducción adicional de rentabilidad de un 30% de vivienda para ceder en alquiler.

¿Cuál es el resultado? Ni vivienda normal, ni vivienda social. Nadie construye.

Mientras que en los años de la burbuja estábamos construyendo más de 500.000 viviendas al año, en la última década hemos construido de media menos de 100.000. A principios de los 90, en los años previos a la burbuja se iniciaban al año 150.000 viviendas. En el año 2022 España ocupó el último puesto en la UE en viviendas iniciadas por cada 1000 habitantes mayores de 18 años. Según BBVA Research, entre 2008 y 2022 se iniciaron 1,53 millones de viviendas, mientras se crearon 2,40 millones de hogares. Y eso se está agravando en un contexto de fuerte presión demográfica y migratoria con un crecimiento de nuevos hogares de unos 300.000 al año – tres veces más que las viviendas – según datos del INE. Siguiendo una regla de tres sencilla, y sin considerar el déficit acumulado de viviendas, solamente en los próximos cuatro años vamos a generar un déficit añadido de cerca de un millón de viviendas más. El esfuerzo para aumentar la construcción desde el sector público es loable (se necesita mucha más vivienda social para alquiler) pero se están haciendo de media menos de 10.000 viviendas públicas al año.

Si este fuera un mercado de plátanos, los productores de plátano se habrían puesto como locos a producir plátano. Pero en España las malas políticas y la incertidumbre regulatoria han roto la señal de mercado

Por eso, la bandera principal del nuevo Gobierno laborista en el Reino Unido es “poner a Gran Bretaña a construir de nuevo” – la misma que lo fue para el gobierno Trudeau en Canadá – y el movimiento YIMBY (Yes In My Backyard) está adquiriendo un creciente peso en la izquierda anglosajona. Como explica The Economist, en Auckland, Nueva Zelanda, en 2016 se rezonificó el 75% de la ciudad para permitir edificios en lugar de casas para aumentar en altura, permitir viviendas de menor tamaño y crecer en densidad. Según un estudio de la Universidad de Auckland, ajustando por calidad y tamaño, los alquileres son hoy un 28% más bajos de lo que habrían sido sin las reformas. Otro estudio para Alemania muestra que por cada punto adicional de oferta, los alquileres caen un 2%, también en las áreas tensionadas.

Las malas políticas generan ganadores y perdedores. En este caso, en términos pikettyanos, la escasez de viviendas favorece a los propietarios del capital (los ganadores del statu quo) y perjudica a los nuevos entrantes en el mercado o los colectivos vulnerables a los que supuestamente debería estar defendiendo la izquierda.

(*Toni Roldán-Monés. Director de EsadeEcPol, Centro de Políticas Económicas de Esade )

El problema de las pensiones

Desde el gobierno y distintos medios llevan varias semanas contándonos la genial noticia de que el Fondo de Reserva (hucha) de las pensiones ha llegado a 9.376M€ y llegará a los 14.000 en 2025.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social empezó a funcionar el año 2000. Estaba diseñado para acumular excedentes en las cotizaciones en periodos de bonanza económica y utilizarlos en momentos de necesidad para garantizar el pago de las pensiones.

Llegó a su momento álgido en 2011 con más de 66.800 millones de euros, pero a partir de allí, entre la crisis financiera y el envejecimiento de la población, sumado a un sistema muy generoso que no se adapta, fue mermando hasta que en 2017 cayó hasta 2.000 millones.

Los continuos déficits impedían al Gobierno llenar la hucha, así que en la reforma de 2021, Escrivá diseña el MEI, un sobrecargo a las cotizaciones destinado exclusivamente a llenar el Fondo; daba igual que el sistema siguiera en déficit, llenaríamos la hucha sí o sí.

Desde la entrada en vigor del MEI, el Fondo de Reserva se ha ¡cuadruplicado! para gozo de sus defensores. Sin embargo, una división rápida nos dice que los 9.375M € nos llegan para cubrir 16 días de pensiones en 2025.

«Bueno… ¡pero estamos mejor ! ¿o no? »

“Claro, eso si solo miramos los activos del sistema ¿Y los pasivos?”

Los déficits que acumula anualmente el sistema y la ausencia de saldo en la hucha hacen que la deuda haya aumentado de 17.173 M€ a inicios de 2017 a 126.176 M€ en 2024.

Con los activos y los pasivos podemos hacernos una idea de la situación financiera del sistema. Es la paradoja de Aquiles y la tortuga pero a la española: aunque desde 2023 la hucha crece, la deuda lo hace más rápido.

«Sí, pero fíjate que, aunque el saldo negativo se acelera entre 2016 y 2020, a partir de 2021 se está frenando. Eso es buena noticia ¿no?»

“Ya… Pues no exactamente. Hay que ir a otro cambio implantado en las reformas recientes para explicarlo.”

Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo para separar las fuentes de financiación de la S.S., separando entre las contributivas y las no contributivas, el Gobierno llevó a cabo un incremento significativo de las transferencias del Estado al sistema.

Se comenzaron a financiar los gastos no contributivos, como el IMV, servicios sociales y dependencia, el complemento a mínimos… Este enfoque es a priori razonable: solo las prestaciones contributivas se cubren con ingresos contributivos.

El Gobierno le fue cogiendo gusto a lo de las transferencias, y en los últimos años ha empezado a hacerlas para cubrir gaps distintos de los no contributivos. Entre 2019 y 2024 las transferencias han pasado de 15.645 M€ a ¡41.632 M€!. De estas, aproximadamente la mitad no cubren «gastos impropios». El truco: estas transferencias NO computan como deuda de la Seguridad Social.

Sin embargo, representan un enorme coste de oportunidad, ya que el Estado debe financiarlas mediante impuestos, emisión de deuda o reduciendo inversiones en otras áreas de gasto público, como educación, sanidad o infraestructuras.

Si incorporamos el saldo acumulado de las transferencias el sistema de la Seguridad Social acumula desequilibrios por hasta 460.000 millones de euros en los últimos 24 años.

Y esto no es todo. Si aumentamos el alcance del análisis a todo el sistema contributivo de pensiones, incluyendo las Clases Pasivas, que ya prácticamente no perciben ingresos, pero gastan unos 22.000 M€ anuales, el desequilibrio se hace mucho mayor.

En definitiva, aunque se señale constantemente el Fondo de Reserva como garantía de la fortaleza y sostenibilidad del sistema, este no es el único indicador que debe analizarse.

En los últimos años, el incremento de los pasivos se ha acelerado, y la dependencia del sistema de transferencias cada vez mayores por parte del Estado, es mayor.

Para asegurar que el sistema es sostenible a largo plazo, hay que abordar sus vulnerabilidades, no tratar de ocultarlas. Sin soluciones estructurales, el aumento del Fondo de Reserva no es más que un espejismo que retrasa decisiones necesarias y urgentes.

(Jon González en La hucha de las pensiones: ¿Recuperación real o ilusión contable?)