Marc Alloza

Como ponen en los títulos gancho de los artículos de las webs de contenidos, ven a descubrir este lugar oculto de España bien comunicado y próximo a una gran ciudad que te dejará con la boca abierta. En la Unión Europea hay una serie de territorios especiales que se clasifican en dos grandes grupos: Territorios que forman parte de la UE y los que no forman o en los que no se aplican los tratados.

Los que forman parte de la UE se subdividen en otros dos: las Regiones autónomas especiales (por ej. Melilla y Ceuta) y las Regiones ultra periféricas (por ej. Canarias). Los que no forman parte de la UE se  diferencian en 3 grupos: Países y territorios de ultramar (por ej. Nueva Caledonia), Casos especiales (Chipre del Norte) y Otros (por ej. Andorra). Pues bien, nuestro misterioso territorio en dónde no se recauda IVA en alguna de sus actividades económicas, no se encuentra en esta clasificación.

Nuestro territorio oculto cuenta con 0,7 Km² y una población en 2024 de 10.714 habitantes. Lo que implica una nada despreciable densidad de población es de 14.727 habs/Km², lo que vendría a ser casi como la de Manila, Filipinas (14.800 habs/Km²), más que la de Lagos, Nigeria (13.300), pero, atención, menos que la de Barcelona (16.637 habs/Km²).

La especialidad del territorio subyace principalmente en la posibilidad de abastecerse de droga de cualquier tipo libre de impuestos en múltiples puntos. En esta zona franca de estupefacientes se ubica una comisaría de policía que dentro de sus principales cometidos está el que las actividades declaradas ilícitas fuera del enclave (que no del todo en su interior) no traspasen sus límites.

La mencionada actividad económica viene desempeñada por organizaciones familiares que no suelen adoptar forma de empresas ni sociedades. Son básicamente negocios de compra y venta de materias de importación que en algunos casos se han optimizado realizando expansiones verticales como el cultivo de marihuana propio km0, que es directamente distribuida ahorrando los costes de compra, importación, transporte e intermediación.

Aprovechando la infraestructura y la reputación de las organizaciones, que por la naturaleza ilegal (no permitida fuera del enclave) y peligrosa de sus actividades, requieren de personal y material especial de “autodefensa” y seguridad.  Algunas se han expandido al segmento de la seguridad en donde gozan de un nicho de mercado consolidado. Ya bien sean públicas o privadas, la gran mayoría de obras terminan por contratar o en su defecto pagar por un servicio de control de obras a alguna de estas organizaciones.

En general, se trata de un servicio de remoto con cartelería en la obra que garantiza que no se produzcan hurtos, o sabotajes desagradables. En este caso, el radio de acción de estas organizaciones con sede en el enclave es sorprendentemente amplio, mérito de su equipo comercial y ojeadores que, con su dedicación, desplazan a las empresas de seguridad tradicionales.

Es destacable, ya bien por la optimización como por el aglutinamiento o centralización del mercado por el cierre de otros espacios en su área metropolitana, que ofrece unos precios más o menos estables con una inflación contenida.

Pero también hay otros factores para mantener esta estabilidad. La competencia es caníbal y un amplio espectro de la clientela dispone de muy pocos recursos. Dentro del contexto de escasez de recursos económicos endémico de la zona, es fácil conseguir mano de obra económica y con flexibilidad de pago. Aparte de pagar con dinero, en efectivo generalmente, también se paga en especie con material de consumo, alquiler de vivienda, financiación de préstamos y un largo etcétera. Esto genera una relación desigual entre empleador y empleado que puede generar una indeseada y dañina relación de dependencia que cuarta peligrosamente las libertades de los segundos y por ende de sus familias que a veces llegan a rozar la subsistencia.

En dónde hay mercado de estupefacientes también hay consumo, es por ello que los centros de reducción de daños, centros de atención y seguimiento (CAS) popularmente referidas como narcosalas, se instalan próximos a estos lugares. En estos centros se trata de ofrecer un lugar seguro en donde inyectarse o consumir con personal sanitario especializado que pueda atender al paciente en caso de que algo vaya mal. También se realiza un intercambio de jeringuillas para combatir enfermedades de transmisión por sangre, se distribuyen anticonceptivos y, depende del sitio, se ofrecen taquilla, duchas, desayunos (calor y café) y algún tipo de acompañamiento psicológico o socioeducativo.

Paralelamente, si no se tiene un lugar aparte especializado, se dispensa metadona a los pacientes acogidos a este tratamiento. Pero como su nombre indica, son centros de reducción de daños, por lo que muy pocos son los casos que en estos centros se acogen a programas de desintoxicación pues no es ese su principal objetivo.

A mayor mercado mayor número de usuarios de estos centros y también mayor número de usuarios que no los utilizan pero que consumen en los alrededores. En estos 0,7 Km² se halla el mayor centro de reducción de daños de su Comunidad Autónoma. Ubicado en un centro de atención médica, calle con calle con un colegio de educación infantil y primaria del instituto escuela del barrio. En 2017 por ejemplo, en este centro de reducción tuvo lugar el 69 % de consumos del total de consumos en este tipo de centros de la Comunidad y se atendieron el 87% de casos de sobredosis en centros de la comunidad. A sólo medio kilómetro de éste, fronterizo con el enclave, hay otro CAS (Centro de Atención y Seguimiento). Entre ambos tienen más usuarios/pacientes registrados que todo el resto juntos.

Los consumidores de estupefacientes que consumen fuera de los CAS, que están abiertos de 10 a 20h entre semana y de 11 a 18h los fines de semana, lo hacen a cualquier hora en prácticamente cualquier lugar del enclave, ya bien en descampados o callejones como también en parques públicos y plazas. Las jeringuillas usadas para el consumo quedan en el sitio hasta que brigadas especializadas las recogen diariamente juntando más de cuatro mil millares mensualmente. El “régimen especial” del territorio propició un crecimiento de un 40% de jeringuillas recogidas entre 2016 y 2021 a pesar del descenso del 7% en 2020 debido a la pandemia. En este marco se dan situaciones fuera de lo común como el que desde las ventanas de los colegios alumnos distraídos pueden observar las labores de los drogodependientes en el proceso de administración intravenosa o respiratoria de substancias estupefacientes. O como niñas y niños juegan en un parque a la vista o no de sus padres, a pocos metros de restos de jeringuillas u otros aperos para el consumo.

En este enclave el día a día para los más de 10.000 habitantes es complicado y a menudo irrespirable. Aparte de lo mencionado, la relajación de la presencia del Estado también se pone de manifiesto en la existencia de un sistema de “mediación” entre familias paralelo a los oficiales que a menudo invade competencias tanto judiciales como policiales y que además también se encuentra en una creciente crisis de confianza desde hace más de una década, como así han reconocido sus máximos exponentes.

Otra particularidad de este territorio, y que agrava peligrosamente la situación es la falta de control en la tenencia de armas de fuego por parte de población que no son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde hace más de una década se ha producido una carrera armamentística entre las organizaciones que ha escalado hasta la posesión de armas de guerra y semiautomáticas no registradas.

Recientemente se produjo un nuevo episodio del ciclo sin fin que sufre este territorio. Cada cierto tiempo se produce un incidente más grave de lo habitual o más distópico, que retoma el foco mediático más allá de la prensa local y se convierte en un problema. Ante esto suele haber visita de autoridades, juntas de seguridad locales, presencia policial manifiesta en las calles de brigadas especiales, alguna macro operación o redada múltiple. Todo bien calibrado para que no se produzca un indeseado efecto globo, es decir, la presión en el enclave provoca que esta salga por otro lado puesto que el mercado sigue estando de un día para otro. Los responsables policiales y políticos deben hacer equilibrios para que el balanceo de la demanda a otros puntos que no gozan del mismo estatus o tienen un régimen menos especial sean capaces de absorberlo. De lo contrario los efectos antes mencionados que conlleva la actividad económica de la venta de estupefacientes al detalle se puede trasladar a otros lugares y generar conflictos gravosos que generarían múltiples focos mediáticos.

Pasados los primeros días, en los que se lanzan mensajes de unidad policial, coordinación entre cuerpos, promesas de firmeza y medidas contra la pobreza, la presencia policial se va disolviendo, quizás se anuncien algunas detenciones y todo va volviendo paulatinamente a la anormal normalidad y vuelve a empezar el ciclo.

Progresión, los ciclos se acortan y los incidentes que los desatan son de una gravedad cada vez más extrema. Durante los ciclos los incidentes “menores” también han aumentado en la escala de gravedad y también son más frecuentes.

El enclave tiene otras particularidades como la de que es co-administrado por el ente local al que pertenece y un Consorcio participado por otras tres administraciones. Tiene un edificio de vivienda pública adjudicada ocupado, una zona de viviendas de alto standing y un hotel que vive de espaldas al núcleo central del enclave…

Gran parte de los habitantes de este enclave de facto, anhelan que se le deje de aplicar el “régimen especial” y ser parte común. La actividad económica de venta masiva de estupefacientes al detalle no puede cohabitar con viviendas residenciales ni para 10.000 habitantes, ni para 5.000 ni para 100, es incompatible.