Dávid Rodríguez

De todos es sabido que la Formación Profesional (o ciclos formativos) ha sido históricamente una opción de segunda división para el alumnado que finalizaba la educación secundaria obligatoria. Tradicionalmente, aquellos que se consideraban más “capacitados” se matriculaban al Bachillerato para luego acceder al sistema universitario. En cambio, los que eran tomados como menos “aptos” para el estudio se refugiaban en la opción de la Formación Profesional, cuyo prestigio dejaba mucho que desear.

Afortunadamente, desde el Ministerio de Educación y desde algunas Comunidades Autonómicas se ha realizado un gran esfuerzo para reivindicar los ciclos formativos, tratando de homologarnos a lo que en otros países ya existía desde hace décadas, es decir, la libre elección del alumnado entre dos opciones perfectamente válidas. De esta manera, se ha disparado la matrícula en la Formación Profesional, hecho que en principio es una buena noticia, pero llegados a este punto nos estamos encontrando con un nuevo problema: la falta de plazas públicas y la consiguiente privatización del sistema educativo en esta etapa.

Si repasamos los datos, el número de alumnos matriculados en el sistema público de Formación Profesional se ha incrementado en España en un 73% desde el curso 2012-2013 hasta el 2022-2023, hecho que pone de manifiesto el carácter exitoso de las campañas realizadas para poner en valor sus ciclos formativos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que el número de inscripciones en el sector privado se ha disparado en más de un 200%. De esta manera, el porcentaje de estudiantes matriculados en centros privados de ciclos formativos ha pasado del 23.4% al 35.1% en tan solo diez años, superando más de un tercio del total.

Si realizamos un análisis por Comunidades Autónomas, Madrid es la que presenta una mayor proporción de privatización en la titularidad de los centros, alcanzando nada menos que el 49.2%, con un incremento de casi 20 puntos porcentuales en el período referido. Le sigue de cerca Catalunya, que se sitúa en el 48.8%, creciendo en este caso más de 24 puntos. Euskadi se coloca en tercera posición con el 41.7%, pero prácticamente sin crecimiento, incluso descendiendo ligeramente.

En la Comunidad de Madrid, el número de alumnos excluidos del sistema público ha alcanzado los 50.000 en el presente curso, según una estimación de CC.OO. (ya que desgraciadamente no se han proporcionado datos públicos), superando los 40.000 del curso anterior. En Catalunya, el gobierno de la Generalitat sí ha publicado datos oficiales que elevan la cifra a unos 15.000 estudiantes, aunque en este caso se prevé que la mayoría de los mismos puedan inscribirse en una segunda ronda. Es evidente que no es lo ideal entrar en las aulas con el curso ya comenzado, pero por lo menos Catalunya está realizando un cierto esfuerzo para ajustar la oferta y la demanda durante los últimos años, mientras que en la Comunidad Autónoma dirigida por Ayuso se deja a los aspirantes con la única opción de pagar el sistema privado.

Parece que estamos en un debate permanente sobre la situación del sistema educativo en España, pero todo parece indicar que el foco de la discusión no está debidamente centrado. El problema no radica en los métodos de enseñanza ni en la apelación constante al mantra de la innovación, y no se resuelve culpabilizando al profesorado y burocratizando todavía más sus tareas. La solución pasa por un incremento sustancial de los recursos públicos destinados a la educación, como condición necesaria (aunque no suficiente, esto también debe remarcarse) para mejorar la situación del sistema. Lo que está ocurriendo con los ciclos formativos es sólo la punta del iceberg de un problema mucho más estructural.