Carlos HIdalgo 

La semana pasada estuve en la rueda de prensa de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). En ella se nos leyó el informe hecho por los dos observadores externos a la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos -les pareció todo muy bien- y a continuación se nos largó una perorata de cinco páginas acerca de como “algunos políticos” están manchando el nombre de la universidad en general para sus propios fines. Pero no se dijo qué políticos ni como se supone que manchan el nombre de la universidad (en general).

He de confesar que salí muy enfadado. En primer lugar porque el informe de los observadores me parece una tomadura de pelo. Ninguno de los dos observadores estuvo allí directamente y para colmo, uno de ellos estaba de vacaciones y lo “observó” todo tres días después. Y resulta que es, además, el observador encargado de leernos el informe a la prensa.

Ni dudo del prestigio ni de la capacidad de ambos observadores. Pero garantizar que se ha hecho una investigación con objetividad y sin tratos de favor a distancia y a posteriori es, cuando menos, arriesgado. Y más cuando las fuentes que los periodistas tenemos dentro de la URJC nos han dicho a todos sin excepción que la “información reservada” fue un paripé, que saltó por los aires cuando se produce la primera -e inesperada- confesión de que se había falsificado el acta. Esta confesión provoca un efecto dominó que precipita las posteriores, pero no cayó bien ni al rector de la URJC, ni a la propia jefa de inspección de servicios.

Tiene razón el rector, Javier Ramos, cuando dice que Álvarez-Conde actuó irregularmente. Pero es que habría que comprobar si también tiene razón Álvarez-Conde cuando acusa a Ramos de presionarlo para producir documentos de la nada. Documentos hechos para encajar en la versión que había ofrecido Cifuentes horas antes.

Nada de esto parece importar a la CRUE, ni que no se haya interrogado a Amalia Calonge, la compañera de militancia juvenil de Cifuentes que le cambió la nota. O que falten documentos. O que tampoco se haya interrogado a Álvarez-Conde, que parece haber estado disponible para la radio pero no para la inspección de servicios.

 La CRUE apoya incondicionalmente a un rector cuya actuación ofrece muchas dudas. Defiende una investigación delicada e incompleta que no ha observado directamente y nos sermonea a los medios acerca de poner en duda el buen nombre de la universidad.

 Los rectores, como guardianes del conocimiento que parecen creer ser, deberían recordar que un buen científico huye del argumento de autoridad y busca la verdad comprobable de los hechos.

Y los hechos, antes que apoyar el argumento de autoridad de los rectores, lo que nos parecen decir es que han reproducido los peores males de la universidad española: dependencia excesiva del poder, corporativismo, nepotismo, encubrimiento, arbitrariedad, clientelismo y un clásico: profesores (u observadores) que firman trabajos ajenos sin haber estado presentes.

Espero ansioso que los rectores se den cuenta de esto y aborden con decisión estos problemas o que me desmientan con pruebas en caso de que me equivoque.