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No entiendo por qué se sorprenden tanto con lo de las tarjetas black de Caja Madrid – Bankia. Es escandaloso, de acuerdo, pero no más que otros muchos atracos a mano armada de los que hemos sido – y seguimos siendo – objeto. Los millones opacos que se han llevado a través de sus tarjetas las decenas de consejeros que se dejaron sobornar por Blesa, el íntimo de Ansar, no son nada en comparación con lo que nos han robado desde que empezó la crisis, por más que este escándalo se perciba con mayor nitidez dado que los chorizos tienen nombres y apellidos.

El 6 de diciembre de 2011 publiqué por estos lares un artículo titulado “Doble timo criminal” en el que argumentaba que los que nos habían llevado a la crisis nos estaban engañando sobre sus causas pretendiendo que fuéramos nosotros, las clases medias y trabajadora, y no ellos, que se habían forrado durante los años de “vacas gordas”, los que apechugáramos con las consecuencias a base de aceptar el recorte de nuestros derechos y prestaciones. Dado que el post original tiene algunos problemas de edición que dificultan su lectura, rescato el siguiente párrafo a modo de resumen: “La verdadera causa de la lamentable situación en la que nos encontramos es la impunidad que hemos consentido en conceder a los golfos apandadores, nacionales e internacionales, que nos han obligado a poner a su servicio miles de millones de las arcas públicas para mantener con vida un sistema económico amenazado por su avaricia sin límites”.

El 17 de octubre de 2013 volví sobre la cuestión en un tono algo menos informal con “La doble estafa” en el que la definía así: “La doble estafa es que fuimos timados durante el boom haciéndonos creer que éramos ricos para poder beneficiarse (y bien que lo hicieron) con nuestro consumo desaforado y, ahora que se acabó la fiesta, pretenden que seamos precisamente las víctimas quienes paguemos el pato, mientras ellos, los que sentaron las bases de la burbuja y pusieron sus ganancias a buen recaudo, aprovechan para culminar la gran operación ideológica de desmontar el Estado de Bienestar europeo ahora que el peligro rojo que representaba la extinta Unión Soviética ha desaparecido”.

El escándalo de las tarjetas lo es por muchas razones. Es triste que fueran tantos (todos menos cuatro) los que las aceptaran a sabiendas de que era un pago en negro, sin retención fiscal, por lo que no tenían que declarlo en el IRPF. Es descorazonador que los corrompidos fueran de toda clase y condición. Es increíble que la práctica continuara ya bien entrada la crisis que acabó con la quiebra de Caja Madrid. Y es sorprendente que los que más se llevaron fueran precisamente los que menos necesidad tenían puesto que sus salarios “legales” eran ya de por sí desorbitados. No tienen límites.

Lo absolutamente intolerable es que, encima, muchos de ellos se hayan dedicado a sentar cátedra económica e impartir lecciones morales sobre la necesidad de aceptar una reducción sustancial de nuestro nivel de vida para compensar “nuestros” excesos del pasado. No sólo llevaron colectivamente a Caja Madrid a la quiebra sino que se llevaron todo lo que pudieron mientras el buque se hundía. Y encima nos leen la cartilla. Por merecer merecen la horca, cosa distinta es que hayamos decidido erradicar la pena capital.

Ahora bien, su robo es una nimiedad comparados con los cientos de millones amasados a cuenta de comisiones por recalificaciones de suelo (cfr. Operación Malaya en Marbella). Pero sobre todo en comparación con el robo permanente que sufrimos a manos de los bancos privados que están sangrando a las finanzas públicas desde que comenzó la crisis. Primero fue la comunitarización de la deuda privada de las entidades financieras quebradas. Segundo, dado que el Banco Central Europeo no puede prestar directamente a los Estados, los bancos privados sanos le piden prestado al BCE a un interés bajísimo y se lo prestan al Estado español al tipo que marque la denominada prima de riesgo. Es un negocio redondo, tan lícito como ilegítimo. Han sido miles de millones de euros los que el Estado ha tenido que pedir prestados al BCE a través de los bancos privados después de inyectar todo lo necesario para salvar de la quiebra a Bankia y otros bancos y cajas privadas por la mala gestión – y robo, a lo que se ve – de sus directivos. El problema es que los bancos cobran por ello y lo hacen a lo grande, apuntándose un 3 ó un 4% del montante en concepto de interés.

Tengo entendido que este año en curso será el primero en el que el gasto presupuestario para devolver la deuda incluida será superior al costo total de las prestaciones de desempleo. Mientras que los mensajes sobre la insostenibilidad del seguro de desempleo son constantes, apenas nadie denuncia la perversión que supone estar financiando a los bancos con miles de millones en calidad de meros intermediarios con el BCE. El escándalo sobre la opacidad y carestía del sistema de las subastas de la energía llevó al Gobierno a reformar el sistema.

Se decía que las subastas energéticas eran justas y eficientes y que era imposible, a la par que pernicioso, intervenir sobre el mercado. No era cierto. De la misma manera que no es cierto que no quepa otra opción que seguir transfiriendo miles de millones de euros de las partidas de gastos sociales a las cuentas de resultados de las entidades financieras. Lo aberrante es que sigamos escuchando a los que con más saña se desgañitan para defender cómo está montado el chiringuito cuando cada vez está más claro que lo hacen para seguir llevándoselo crudo, incluido vía tarjetas black, pero no sólo.