David Rodríguez

El Banco Central Europeo acaba de acordar la mayor subida de tipos de interés de su historia, con el objetivo de contener la inflación, y basando su decisión en las teorías monetaristas que se han demostrado más que fracasadas. Por un lado, los precios no están subiendo por un exceso de dinero en circulación, por lo que un encarecimiento del precio del mismo no tendrá el efecto deseado sobre la inflación. Además, esta medida reducirá el consumo y encarecerá todo tipo de préstamos a empresas y particulares, con el consiguiente efecto recesivo y de mayor concentración de la riqueza en manos del capital especulativo.

Pero las contradicciones en las políticas de los países occidentales son manifiestas cuando se observa que los gobiernos están tratando de incrementar el gasto público con inyecciones multimillonarias de recursos, ya sea a través de los fondos europeos o de los planes acordados por los ejecutivos británico, alemán o estadounidense. Por consiguiente, mientras el BCE intenta contener la demanda, los gobiernos occidentales plantean su expansión, en uno de los mayores disparates de incoherencia económica que podemos haber observado en los últimos tiempos.

Para combatir la inflación desbocada que estamos viviendo, lo primero que hay que hacer es analizar sus causas, en un ejercicio de rigor económico que por desgracia brilla por su ausencia. La actual subida de precios tiene diversos componentes que la impulsan, como los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, el crecimiento de los costes de transporte, la alta incidencia de las multinacionales sobre la fijación de precios, la escasez de oferta derivada de la pandemia y los problemas de suministro con la guerra en Ucrania de fondo. Además, la inflación actual tiene un claro componente de clase, ya que supone un incremento extraordinario en los beneficios de algunas grandes empresas a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.

Por definición, la inflación se produce por un desajuste entre la oferta y la demanda, de manera que si la segunda crece por encima de la primera se da un incremento de precios. Dado que el aumento de la oferta es una medida que difícilmente puede tener un carácter inmediato, y que la contención de la demanda no es deseable tras la crisis desatada por la actual pandemia, las medidas más efectivas a corto plazo que les quedan a los gobiernos son el control de los precios o el aumento de los impuestos a las empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios.

Parece que comienza a forjarse un consenso en el seno de la UE para gravar los excedentes de las empresas energéticas, aunque no se habla demasiado de impulsar un impuesto sobre la banca. Por otro lado, los adalides del liberalismo se lanzan a la yugular de cualquier propuesta de control de precios. Ignoran que el desarrollo industrial europeo se produjo en gran parte aumentando los aranceles a los productos extranjeros y, por tanto, incidiendo en sus precios. También olvidan que los mercados actuales están lejos de basarse en la libre competencia, y que la fijación de precios responde más bien a decisiones tomadas por los representantes de los grandes oligopolios. Pero no se trata tanto de desconocimiento económico, sino de su interés por favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales.

Los mercados han demostrado que el establecimiento del precio de la energía no sigue en absoluto criterios de eficiencia, de equidad o de sostenibilidad, sino únicamente de maximización del beneficio privado. Tratándose de un bien de interés general estaría completamente justificada la intervención o nacionalización de este sector clave de la economía, aunque esta propuesta tiene una perspectiva más a medio plazo. Mientras tanto, planteamientos como una cesta de la compra básica a precios razonables para familias vulnerables, o la limitación de los pagos hipotecarios ante el aumento de los tipos de interés, son medidas imprescindibles que se unen a las anteriores antes descritas. No son expresiones de primero de comunismo, sino medidas correctoras de una inflación que cada vez genera mayores desigualdades debido a la desregulación y privatización progresiva de mercados que no funcionan para nada siguiendo el principio de la mano invisible.