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La legislatura entrará en su recta final con las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que serán un aperitivo para las elecciones generales de no más tarde de marzo de 2008. Las elecciones autonómicas son importantes no sólo como piedra de toque para las generales. En un Estado descentralizado como el nuestro la acción del Gobierno sigue siendo muy importante pero en materias tan señaladas como la salud o la educación la gestión recae sobre los gobiernos autonómicos. Y más tras las numerosas y ambiciosas reformas estatutarias abordadas durante la presente legislatura. El Estatut salió adelante, a trancas y barrancas, con un alto coste político para el Gobierno, por la confusión generada por el desorden de su tramitación. Pero las aguas volvieron a su cauce, España no se balcanizó como profetizaba el PP y el tripartito sigue gobernando, ahora con mucho menos ruido. Varias autonomías copiaron el ejemplo y lanzaron sendas renovaciones de sus marcos competenciales, las más por consenso, incluidas Valencia, gobernada por el PP, y Andalucía. En Galicia el consenso no ha sido posible y la reforma estatutaria ha quedado aparcada por fuerza de las matemáticas. Pero hay que anotar que los agoreros se equivocaron también cuando predijeron que el bipartito gallego desmembraría España.

La Comunidad Autónoma Vasca tampoco ha iniciado una reforma estatutaria. Aunque en realidad si lo hizo porque cuando Zapatero llegó al Gobierno se encontró con ese híbrido de reforma y ruptura conocido como Plan Ibarretxe que el Parlamento recibió y archivó sine die, como correspondía.

Hay que hacer un esfuerzo para recordar las admoniciones catastrofistas de la derecha en aquel momento. El PP exigía que el Plan no fuera tramitado, incluso recurrió infructuosamente al Tribunal Constitucional para que lo impidiera. Zapatero en cambio prefirió que se discutiera y defendió su rechazo por desbordar los límites que la Constitución marca a cada Autonomía sobre lo que puede y no puede proponer al Estado. El Plan Ibarretxe se despidió de nuestras vidas para siempre con mucha pena y ninguna gloria y España siguió disfrutando de buena salud.

La ausencia prolongada de violencia terrorista en la CAV hizo posible concebir el embrión de una verdadera reforma estatutaria, respaldada por un consenso amplio de la ciudadanía vasca, todavía dentro de esta legislatura. ETA se encargó el pasado mes de diciembre de hacer saltar por los aires también dicha esperanza. La Comunidad Autónoma de Madrid, y alguna otra gobernada por el PP, tampoco han iniciado la senda de la reforma estatutaria. Pero me atrevo a vaticinar que lo harán después de mayo, con independencia de quién gane las elecciones autonómicas. Porque es conveniente poner los respectivos estatutos al día, porque es ventajoso para sus ciudadanos y sobre todo porque el estigma de la balcanización habrá desaparecido completamente de nuestras memorias.
Antes de llegar al Gobierno Zapatero pergeñó con los barones regionales socialistas la llamada “Declaración de Santillana��?, que anticipaba los principios y objetivos del PSOE respecto a las reformas estatutarias. Su Gobierno ha impulsado la materialización de la filosofía que inspiraba la declaración y lo ha hecho con bastante éxito a juzgar por los resultados.
Cabe pensar que las reformas estatutarias no eran una prioridad. Pero si lo eran para un número suficiente de personas, a juzgar por la prioridad que le concedían sus representantes electos. Cabe pensar también que las reformas debían haber cerrado definitivamente el reparto de competencias entre el Estado y sus autonomías, incluso devolviendo algunas competencias al centro en áreas en las que el reparto se ha comprobado ineficiente, como por ejemplo la gestión de parques naturales repartidos entre varias comunidades. Y por supuesto cabe criticar el desorden que presidió la gestión del Estatut.

Pero lo que no cabe en modo alguno es olvidar el tremendismo que ha ejercido el PP sobre este tema, como sobre tantos otros: matrimonio homosexual, relaciones con la Iglesia, 11-M, proceso de paz, etc. Rajoy, Aznar, Zaplana y Acebes (RAZA) se pasaron los dos primeros años de la (¿primera?) legislatura Zapatero pronosticando el fin de España como nación, como Estado y como ente de destino en lo universal.

Pero aquí seguimos, como si nada, incluso algunos periféricos sintiéndose bastante más cómodos en una España igual de unida pero algo más plural. Y además, los heterosexuales siguen casándose pese a que puedan también hacerlo los homosexuales, la Iglesia está encantada con su nueva financiación y ha pactado con el Gobierno en educación, se ha cerrado la instrucción del juicio por el 11-M y sigue sin haber ningún indicio de la participación de ETA, servicios secretos franchutes o morunos o guardia civiles al servicio de Vera, etc.

La inestimable colaboración de ETA ha hecho posible que la RAZA centre ahora su vociferio en el proceso de paz, última traición a España de Zapatero, que quedará al descubierto cuando salgan a la luz las actas secretas de los contactos con ETA que confirmen las infames concesiones al chantaje del terror hechas por ese Lucifer que nos gobierna. Pero a juzgar por todas sus anteriores predicciones parecería arriesgado apostar a su favor.

Son muchas las falacias y calumnias que el PP ha lanzado en los últimos tres años. Pero ahora que se acercan las elecciones autonómicas convendría tener presente que su visión de España y sus Comunidades Autónomas es anticuada, rancia, retrógrada, demagógica y, además, completamente fallida.

En el capítulo autonómico Zapatero ha cumplido. Y lo ha hecho con plena coherencia, poniendo en práctica lo contenido y anunciado en la “Declaración de Santillana��?. De tal manera que España es hoy un Estado más cohesionado, más plural y más fuerte, con mucha mayor viabilidad de futuro. De lo que se deduce que Zapatero es un patriota, por mejorar la salud democrática de nuestro país. Lo que nos lleva a concluir que los que han tratado de impedirlo por todos los medios son, si no traidores a la patria, si un lastre considerable. Esperemos que los ciudadanos lo tengan en cuenta en la próxima cita electoral.