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No me refiero a la Eurocopa, de la que ya apeamos a Francia y en la que nos veremos las caras esta noche contra Portugal. No, me refiero al presente y futuro de Europa, que se está solventando estos días en el intenso calendario de citas que los líderes europeos -incluida la crucial visita de Merkel al Eliseo hoy mismo- vienen manteniendo en los últimos días y que culminará en el Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas este jueves y viernes.

En paralelo, los mercados siguen arreciando, insaciables pese al anuncio de rescate bancario de España o el acuerdo de los líderes de las cuatro mayores economías de la Eurozona (Merkel, Hollande, Monti y Rajoy) para impulsar un plan de crecimiento y creación de empleo por valor de 130.000 millones de euros (un 1% del PIB europeo).

El acuerdo de la mini-cumbre de Roma del pasado viernes supone la recapitalización del Banco Europeo de Inversiones por valor de 10.000 millones de euros, para que pueda «levantar» hasta 60.000 millones en los mercados (sin perder el grado de inversión), que irían destinados a préstamos al sector privado; la utilización acelerada del remanente de los fondos estructurales europeos aún no comprometidos (cuantificados en 55.000 millones de euros); el lanzamiento de los denominados «project bonds» (5.000 millones) directamente asignados a la realización de grandes proyectos europeos; y la imposición de una tasa sobre las transacciones financieras por parte de los diez Estados Miembros que así lo desean sobre la base de una «cooperación reforzada» al estilo del Acuerdo Schengen, una vez cumplida -también la semana pasada- la formalidad de constatar la ausencia de unanimidad europea.

Sin embargo, los cálculos de dicho plan son muy imprecisos y, en todo caso, llevará meses ponerlo en práctica. Mucho más precisa es, en cambio, la oposición alemana a la demanda de Hollande y Monti, y en menor medida también de Rajoy, de utilizar los mecanismos comunitarios ya existentes (incluido el fondo de estabilidad temporal y su sucesor permanente que entrará en vigor el próximo 1 de julio) para recapitalizar directamente a los bancos en dificultades (sin que compute como déficit público de los Estados Miembros que los acogen) y para comprar deuda pública de los Estados que están cumpliendo con los objetivos de austeridad comprometidos con Bruselas.

Merkel se mantiene firme en condicionar dichas opciones a una mayor convergencia previa de las políticas presupuestarias, fiscales y sociales de los diferentes Estados Miembros de la eurozona, que permita dotar a la Unión de mecanismos de control más eficaces para garantizar el respeto a las reglas de todos sus socios. Hollande -que no renuncia a la mutualización de las deudas públicas de los Estados Miembros a través de los denominados eurobonos, aunque sea con carácter sólo parcial (por ejemplo, sólo para la deuda que no supere el 60% de PIB)- argumenta inversamente que la mayor convergencia futura tiene que partir de una mayor solidaridad actual, erigiéndose en líder de la socialdemocracia europea que aboga por complementar la austeridad con una política más orientada al crecimiento económico.

La novedad es que Merkel parece haber tomado la iniciativa subiendo la apuesta. Alemania estaría dispuesta a mutualizar la deuda si Francia y los demás aceptan mutualizar también más soberanía, lo que choca contra la tradicional reticencia de Francia a ceder competencias a favor de entidades y organismos supranacionales, especialmente en vista de la dilución continuada de su rol preponderante de antaño en las instituciones europeas.

Tradicional impulsora del proyecto europeo, Francia siempre ha privilegiado el ámbito de decisión inter-gubernamental, en el que sus representantes mantenían la capacidad de evitar las decisiones que interpretaban como contrarias a sus intereses nacionales. El efecto combinado de la reunificación alemana, que rompió el equilibrio económico y demográfico con su principal socio y rival, y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que ha incrementado las competencias de una Comisión y un Parlamento Europeos en los que Francia tiene cada vez un rol más limitado, incrementa las reticencias francesas a nuevas cesiones de soberanía, en parte por la más sólida posición de Alemania.

Hollande, europeista convencido, dispone de una sólida mayoría absoluta pero tiene que lidiar con el ala anti-federalista del Partido Socialista francés, incluido su Ministro de Exteriores, y desde luego no dispone de los tres quintos de la Asamblea Legislativa que serían necesarios para el cambio constitucional que supondría la aceptación de las propuestas de Merkel.

El anodino Presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, irrumpió ayer en el debate con una ambiciosa propuesta, avalada por Barroso (Presidente de la Comisión), Draghi (Gobernador del BCE) y Juncker (presidente saliente del Eurogrupo). En línea con el envite de Merkel, se trataría de avanzar rápidamente hacia una unión económica basada en una mayor integración del sector financiero, presupuestario y de las políticas económicas. La propuesta incluye dotar a la Eurozona de poderes de supervisión sobre los sistemas financieros nacionales y el control de las políticas fiscales de cada país, estableciéndose máximos anuales de gasto público anual y endeudamiento, más allá de los cuales sería necesario el aval previo de Bruselas. En contrapartida, dicha unión incluiría a medio plazo la emisión de deuda conjunta (los ansiados eurobonos) y, a más largo plazo, la creación de un Tesoro único europeo.

En paralelo, el Financial Times avanzaba ayer un informe patrocinado por los añorados Jacques Delors y Helmut Schmidt, que propone la creación de una agencia europea de deuda, encabezada por un superministro de Finanzas que podría emitir deuda conjunta de los países de la eurozona, recibiendo a cambio la potestad de controlar y vetar los presupuestos nacionales de los países en dificultades.

Este es el trasfondo de la reunión Hollande-Merkel de hoy. Merkel se ha ganado a pulso su impopularidad generalizada pero la realidad es que, en el momento que podría resultar definitivo, su posición parece más coherente que la defendida por Francia. ¿Queremos solidaridad europea sin límites? De acuerdo, pero poniendo toda la carne en el asador: derechos pero también obligaciones. Y todo en manos de instituciones supra nacionales que garanticen el fair play entre todos los socios.

En cualquier caso, resulta tremendamente difícil creer que nuestros líderes vayan a ser capaces de solventar sus diferencias en las próximas horas y salir a la palestra el viernes con un acuerdo que verdaderamente resuelva los principales problemas económicos que aquejan a Europa. Con este trasfondo, los mercados siguen presionando inexorablemente. Lejos de aminorar el riesgo-país de España, el rescate bancario lo ha incrementado, en gran medida por la indeterminación sobre los detalles del mismo, que no se resolverán al menos hasta la próxima reunión del Eurogrupo el próximo 9 de julio, incluidos el tipo de interés (entre 3% y 4%), condiciones (se prevén 15 años de amortización y algún periodo de carencia), modalidad de financiación (se interpreta que la prevalencia del crédito derivada del mecanismo de estabilidad permanente implicaría mayores dificultades para las emisiones de deuda pública) y modalidad de actuación (inyecciones de capital directas o bonos contingentes convertibles).

En todo caso, al computar como déficit público tal y como obligan las normas actuales, es claro que en la práctica la condicionalidad asociada al rescate bancario no comprometerá sólo a las entidades destinatarias del mismo sino a España en su conjunto, puesto que será todavía más ineludible cumplir con las recomendaciones europeas más drásticas para reducirlo, incluidas el aumento del IVA, la eliminación de la deducción fiscal por compra de vivienda, el retraso de la jubilación, reducción de la prestación por desempleo, reducción de las pensiones, etc.

Si como parece, el Consejo Europeo es incapaz de acordar medidas que insuflen estabilidad duradera a los mercados, el Banco Central Europeo seguirá siendo el único actor capaz de mitigar un nuevo verano de inestabilidad financiera extrema. Esperemos que, al menos, Rajoy haya aprendido la lección de que las exigencias públicas de que actúe son percibidas como una interferencia intolerable a su autonomía que acaban siendo contraproducentes para quién los intereses de quién las emite.